jue 05 nov 2026
La Contraloría informó sobre irregularidades en la compra de seis recolectores de basura; 12 funcionarios tienen responsabilidad administrativa y civil.
Imagen referencial de recolección mecanizada de basura en Quito.
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Emaseo
La Contraloría General del Estado identificó un perjuicio económico de aproximadamente 786.000 dólares en la adquisición de seis camiones recolectores de basura de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo (Emaseo). Así lo informó el 5 de noviembre de 2026 Gabriela Sulca, subcontralora de Auditoría, durante una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional.
La funcionaria señaló que el organismo de control determinó responsabilidades administrativas y civiles contra 12 funcionarios y remitió a la Fiscalía General del Estado indicios de responsabilidad penal por presunto peculado, relacionados con esta contratación.
Sulca explicó que la acción de control comenzó el 15 de julio de 2026 y examinó las fases preparatoria y precontractual de la adquisición de los seis vehículos.
La revisión comprendió el período del 1 de julio de 2021 al 26 de octubre de 2025 e incluyó el procedimiento de compra realizado mediante un convenio de financiamiento con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Según la subcontralora, el perjuicio económico identificado está relacionado con la suscripción del acuerdo de financiamiento externo, sus posteriores modificaciones y la transferencia de la totalidad de los recursos de EMASEO sin cumplir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
El monto del perjuicio económico fue estimado previamente en 786.923 dólares, de acuerdo con la información presentada durante el proceso de fiscalización legislativa.
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La Contraloría también identificó observaciones relacionadas con las características y el funcionamiento de los vehículos adquiridos.
Durante su comparecencia, Sulca señaló que los camiones no cumplían los estándares ni las especificaciones técnicas requeridas en el proceso de contratación. Además, se detectó la ausencia de informes técnicos del fabricante al momento de la entrega-recepción de los vehículos.
La funcionaria indicó que tampoco se realizaron las pruebas de funcionamiento necesarias para verificar las condiciones de los recolectores antes de su recepción. De acuerdo con la información expuesta ante la Asamblea, los seis camiones se encuentran actualmente fuera de operación.
Entre las observaciones técnicas presentadas previamente por el legislador Fernando Jaramillo consta una diferencia en la capacidad de carga de los vehículos. Según esa información, los recolectores debían tener una capacidad de 3,5 toneladas, pero se habría verificado una capacidad de 3,09 toneladas.
También se señalaron inconsistencias en los chasis, la potencia de los motores, el sistema de frenos y los números de identificación vehicular.
Por ello, a más de las responsabilidades administrativas y civiles contra 12 funcionarios vinculados con el proceso de adquisición, la Contraloría remitió a la Fiscalía General del Estado indicios de responsabilidad penal por el presunto delito de peculado.
La comparecencia de Gabriela Sulca se realizó como parte del proceso de fiscalización aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional el 20 de octubre de 2026. En esa fecha, con 82 votos, el Legislativo resolvió investigar las condiciones de contratación, las características técnicas y el funcionamiento de los seis vehículos adquiridos por Emaseo.
La resolución dispuso que el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) y la Contraloría remitan información sobre el procedimiento, los convenios internacionales utilizados, los mecanismos de supervisión y los resultados del examen especial.
También encargó a la Comisión de Fiscalización y Control Político examinar la documentación recibida y presentar un informe con conclusiones y recomendaciones en un plazo de 30 días.
