jue 05 nov 2026
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos contra cinco ecuatorianos, entre ellos el exasambleísta Jaime Estrada Medranda y su padre, el exalcalde de Manta Jaime Estrada Bonilla.
Composición con los rostros de Jacobo Bucarma Pulley, Jaime Estrada Bonilla, Jaime Estrada Medranda, Geovanny Fernández y William José Briones, detenidos el 4 de noviembre de 2026 en Ecuador y Panamá, con fines de extradición a Estados Unidos.
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Diario HOY
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos contra cinco ecuatorianos, entre ellos el exasambleísta Jaime Estrada Medranda y su padre, el exalcalde de Manta Jaime Estrada Bonilla. La acusación sostiene que ambos utilizaron durante más de una década una empresa exportadora de productos del mar para enviar cocaína a Estados Unidos y Europa.
También les atribuye una alianza con integrantes de Los Choneros y Los Lobos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública este jueves 5 de noviembre de 2026 una acusación contra cinco ciudadanos ecuatorianos por una presunta conspiración para introducir grandes cantidades de cocaína en territorio estadounidense y por delitos relacionados con armas de fuego.
Entre los procesados constan Jaime Estrada Medranda, de 41 años, exasambleísta por Manabí, y su padre, Jaime Estrada Bonilla, de 71 años, exalcalde de Manta y expresidente de la Autoridad Portuaria de esa ciudad. La lista también incluye a Jacobo Abdala Bucaram Pulley, hijo del expresidente Abdalá Bucaram; Geovanny Fernández Menéndez, de 53 años; y William José Briones López, conocido como «Cachete», de 47 años.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sostiene que los cinco participaron en una red que operó durante más de una década y que facilitó el envío de cocaína desde Ecuador hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales.
Según el documento judicial, Estrada Medranda y Estrada Bonilla mantuvieron alianzas con narcotraficantes de gran escala y utilizaron una empresa exportadora de productos del mar, con sede cerca de Manta, para ocultar droga en contenedores que transportaban mercancía legal, principalmente atún.
La acusación señala que los dos Estrada eran propietarios y directivos de una importante compañía exportadora de productos del mar. La empresa mantenía relaciones comerciales con países de América y Europa y, de acuerdo con la Fiscalía, sus contenedores sirvieron durante años para trasladar toneladas de cocaína.
El esquema habría funcionado mediante pedidos comerciales legítimos. Los presuntos narcotraficantes realizaban compras de productos del mar a través de los canales habituales de la compañía. Después, los responsables ocultaban la cocaína dentro de los contenedores que transportaban esos productos hacia los puertos.
La Fiscalía afirma que Estrada Medranda y Estrada Bonilla cobraban importantes sumas de dinero a sus socios del narcotráfico por el uso de los contenedores. Los pagos se realizaban en efectivo, en las viviendas de los acusados o en habitaciones de hoteles. El monto dependía de una tarifa por kilogramo o de una suma fija que podía alcanzar varios cientos de miles de dólares por envío.
Para reducir su exposición directa, ambos habrían recurrido a intermediarios que mantenían contacto con los narcotraficantes, recibían los pagos y coordinaban la recepción, el embalaje y la salida de la droga.
La acusación identifica entre esos intermediarios a Jacobo Bucaram Pulley, Geovanny Fernández Menéndez y William José Briones López.
Uno de los episodios descritos por la Fiscalía ocurrió entre marzo y agosto de 2026. Durante ese periodo, Jaime Estrada Medranda, Jacobo Bucaram, Geovanny Fernández y William Briones habrían participado en llamadas y reuniones para concretar el envío de aproximadamente 2.000 kilogramos de cocaína a México.
La droga debía viajar dentro de cargamentos de productos de la empresa exportadora de los Estrada. El destino inicial era México, desde donde la cocaína seguiría su ruta hacia Estados Unidos.
Según el expediente, Bucaram afirmó que conocía a Jaime Estrada Bonilla y a su hijo, y que ya había trabajado con ellos en operaciones anteriores para transportar cocaína mediante la compañía.
Fernández y Briones también habrían confirmado que Estrada Medranda aceptaría utilizar la empresa para facilitar el envío. Sin embargo, el exasambleísta no quería reunirse directamente con los narcotraficantes debido a sus aspiraciones políticas.
La Fiscalía sostiene que Estrada Medranda aprobó el negocio durante una videollamada, después de recibir un adelanto de aproximadamente USD 10.000 a cambio de permitir el transporte de las dos toneladas de cocaína.
La acusación también recoge un decomiso ocurrido el 27 de mayo de 2023 en el puerto de Guayaquil.
En esa fecha, la Policía Nacional encontró aproximadamente 1.444 kilogramos de cocaína dentro de un contenedor de la empresa exportadora vinculada con los Estrada. El documento de embarque identificaba como mercancía declarada latas de atún en aceite de girasol.
Los agentes encontraron la droga oculta dentro de bolsas negras de lona. La compañía constaba como exportadora del contenedor.
Para la Fiscalía estadounidense, este decomiso constituye un ejemplo del uso de la empresa para trasladar cargamentos de cocaína desde los puertos ecuatorianos.
El expediente sostiene que Estrada Medranda y Estrada Bonilla mantuvieron acuerdos con grandes narcotraficantes, entre ellos líderes de organizaciones violentas como Los Choneros y Los Lobos.
La acusación señala que esos grupos utilizaban armas automáticas para proteger los cargamentos de droga, enfrentar a organizaciones rivales y conservar el control de las rutas del narcotráfico.
A cambio de su colaboración, los integrantes de estas organizaciones habrían proporcionado protección armada a las operaciones de exportación de la empresa en Manta y otras zonas.
La Fiscalía también afirma que parte de la cocaína que los acusados pretendían exportar procedía de grupos paramilitares que operan en las selvas de Colombia. Entre ellos menciona a Comandos de la Frontera, una organización integrada principalmente por disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Según el documento, esos grupos controlan laboratorios de producción de cocaína y utilizan armas de fuego para proteger sus operaciones y los cargamentos.
La acusación identifica a Jacobo Abdala Bucaram Pulley como un presunto narcotraficante y traficante de armas que habría utilizado varias empresas exportadoras, incluida la compañía vinculada con los Estrada, para trasladar cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.
Bucaram es hijo del expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram.
Por su parte, Geovanny Fernández Menéndez y William José Briones López, alias «Cachete», trabajaban en el sector pesquero de Manta y sus alrededores. La Fiscalía los señala como representantes de Estrada Medranda y Estrada Bonilla para negociar y coordinar operaciones con narcotraficantes.
El documento sostiene que los cinco procesados integraron una misma conspiración para exportar cocaína y utilizar armas de fuego en actividades relacionadas con el tráfico de drogas.
El Departamento de Justicia describe a Ecuador como un punto central del comercio internacional de cocaína por su ubicación entre Colombia y Perú, dos de los principales países productores de esa droga.
La acusación estima que alrededor del 70 % de la oferta mundial de cocaína ingresa a Ecuador, atraviesa su territorio y sale hacia mercados internacionales. Entre los principales puntos de salida menciona los puertos de Manta, en Manabí, y Guayaquil, en Guayas.
Los narcotraficantes aprovecharían las rutas marítimas comerciales para ocultar la droga en buques portacontenedores y otras embarcaciones que transportan productos legales, como pescado, banano, madera y minerales. También utilizarían barcos pesqueros y lanchas rápidas para trasladar los cargamentos.
El documento relaciona el crecimiento del narcotráfico con el deterioro de la seguridad interna de Ecuador. Señala que la tasa de homicidios aumentó aproximadamente seis veces desde 2018 y recuerda que el Gobierno ecuatoriano declaró un conflicto armado interno el 9 de enero de 2024, con la designación de varias organizaciones criminales como terroristas.
También menciona que el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a Los Choneros y Los Lobos como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados el 4 de septiembre de 2025.
Los cinco ecuatorianos enfrentan tres cargos en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York:
Conspiración para importar cocaína a Estados Unidos: contempla una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.
Posesión de ametralladoras: establece una pena mínima obligatoria de 30 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.
Conspiración para poseer ametralladoras: contempla una pena máxima de cadena perpetua.
La acusación sostiene que la conspiración para importar cocaína y los delitos relacionados con armas se extendieron desde al menos 2010 hasta la presentación del expediente judicial.
La Fiscalía también solicitó el decomiso de los bienes y recursos que los procesados habrían obtenido de las actividades ilícitas, así como de las propiedades y armas que utilizaron o destinaron a esos delitos. Si determinados bienes no aparecen, fueron transferidos o quedaron fuera de la jurisdicción estadounidense, el Gobierno puede solicitar el decomiso de otros activos por un valor equivalente.
El Departamento de Justicia aclaró que las penas mínimas y máximas corresponden a las disposiciones legales y que cualquier condena dependerá de la decisión de un juez.
Jaime Estrada Medranda y Jaime Estrada Bonilla fueron detenidos alrededor del 2 de noviembre de 2026, mientras viajaban por Panamá.
En cambio, Jacobo Bucaram, Geovanny Fernández y William Briones fueron arrestados alrededor del 4 de noviembre en Ecuador.
El Departamento de Justicia destacó la cooperación de la Administración para el Control de Drogas (DEA), sus oficinas en Quito y Ciudad de Panamá, el Departamento de Estado, la Embajada de Estados Unidos en Quito y los gobiernos de Ecuador y Panamá.
La investigación y el proceso judicial están a cargo de la Unidad de Seguridad Nacional y Narcóticos Internacionales de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
El fiscal federal Jamie McDonald afirmó que los acusados habrían desempeñado un papel clave en la transformación de Ecuador en un importante centro de tránsito de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. El administrador de la DEA, Terrance Cole, sostuvo que las conexiones políticas, los recursos económicos y las relaciones familiares no impedirán que las autoridades sigan las pruebas y persigan a los responsables.
El Departamento de Justicia subrayó que los cargos constituyen acusaciones y que los cinco procesados se presumen inocentes hasta que un tribunal demuestre su culpabilidad.
