mar 27 oct 2026
La Fiscalía investiga un presunto entramado en el Municipio de Quito en la contratación de obras de pavimentación y mantenimiento vial.
Municipio de Quito: Imagen referencial del caso "Asfalto de oro" tras los allanamientos de Fiscalía y la presunta participación de Sergio Ruiz.
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Diario HOY
El operativo ejecutado por la Fiscalía General del Estado, el miércoles 21 de octubre de 2026, marcó el inicio formal de las acciones judiciales contra una de presunta red de corrupción en las obras del Municipio de Quito.
La intervención a la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), dependencias municipales, las oficinas de un consorcio en el cantón Rumiñahui y el despacho privado de un abogado responde a las denuncias penales presentadas por el concejal Michael Aulestia, quien llegó al Concejo Metropolitano mediante una alianza electoral de los movimientos Ahora, CREO y Construye.
La investigación, bautizada por Aulestia como el caso 'Asfalto de Oro', indaga la presunta comisión del delito de peculado en la adjudicación de contratos viales.
Todo se desarrolla en torno al artículo 49 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP). La normativa legal establece que ningún proveedor del Estado que mantenga obras inconclusas, retrasos en sus cronogramas o actas de entrega-recepción pendientes puede recibir un nuevo contrato en la misma entidad.
Según la denuncia, para evadir esta barrera legal, la presunta red no postulaba directamente con sus firmas matrices, sino que armaba "consorcios temporales" con distintos nombres. De esta manera, ante los filtros informáticos del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), la propuesta aparecía como un oferente distinto, permitiendo a los mismos actores acumular contrato tras contrato sin que saltaran las alertas del sistema.
La investigación actual se centra en el tiempo de gestión de Claudia Otero, quien ejerció como gerenta general de la empresa pública desde junio de 2023 hasta octubre de 2025, y que coincidió con el lanzamiento y adjudicación de los mayores paquetes de rehabilitación vial en la ciudad.
En enero de 2024, en medio de una crisis de movilidad por el deterioro de las calles de Quito, la entonces gerenta anunció públicamente un masivo plan de intervención urbana. En su declaración oficial, Otero garantizó una inversión histórica de 200 millones de dólares destinados a obras públicas.
Posteriormente, la gerencia general fue asumida por Jorge Campoverde, quien permanece al frente de la institución. En este cambio de gerencias Otero pasó al equipo de asesores de Pabel Muñoz. El concejal Emilio Uzcátegui, de la Revolución Ciudadana, dijo a este Diario que la funcionaria renunció hace unas semanas.
A la par de la línea gerencial, la investigación de la Fiscalía pone la lupa sobre Sergio Ruiz, señalado por concejales como un operador e intermediario de alto nivel en las decisiones presupuestarias y de contratación del Municipio de Quito, quien habría ejercido como asesor del alcalde Pabel Muñoz, pero no constó en nómina, solo se lo veía en el despacho y le adjudicaron contratos de asesoría en el Metro de Quito y en la Epmmop.
Las denuncias penales formalizadas ante la Fiscalía el proceso se encauzan contra los directivos de la empresa de obras públicas y los asesores involucrados, sin individualizar acusación directa contra el alcalde Pabel Muñoz.
Para materializar las adjudicaciones en el portal de Compras Públicas, la red requería de una contraparte en el sector privado. La investigación identifica a dos contratistas como los articuladores de las licitaciones: Carlos Enrique M. y Jorge Vicente I.
Ambos habrían operado en conjunto para controlar tanto las postulaciones a título personal o de sus empresas matrices como las ofertas presentadas a través de asociaciones temporales.
Para no repetir los nombres de los dueños de las empresas en los formularios del Sercop, la red habría recurrido a sus propios empleados subalternos —secretarias, técnicos, choferes y allegados— para nombrarlos procuradores comunes de consorcios o adjudicatarios individuales.
Entre los nombres que constan en los registros contractuales de la Epmmop y administraciones zonales figuran:
Mediante este esquema de firmas prestadas, las empresas que acumulaban retrasos o llamadas de atención por parte de los fiscalizadores volvían a ingresar al sistema totalmente "limpias" bajo un nuevo membrete.
Según documentos a los que accedió Diario HOY, ocho empresas privadas serían parte de la investigación judicial por presuntas irregularidades en la contratación de obras públicas. Entre las firmas principales destacan Incamoram Cía. Ltda., enfocada en licitaciones de alto presupuesto; Todomáquinas S.A.S., dedicada a la provisión y alquiler de maquinaria pesada; Constructora Covies Cía. Ltda., en cuyas instalaciones funcionaría el centro neurálgico de la red; y Constructora Ibarra Cedeño Iba&Ced Cía. Ltda., utilizada para captar contratos en las administraciones zonales.
El entramado se completa con Balladares & Moncayo Construcciones Cía. Ltda., que registraba balances operativos atípicos; Consercivias Cía. Ltda., empleada para ampliar la cobertura de adjudicaciones; Naranjo López Constructores Cía. Ltda., cuya función era respaldar la experiencia y antigüedad técnica exigida en los concursos; y Artopin Consultoría & Construcción S.A.S., utilizada para simular la concurrencia de competidores en el portal de Compras Públicas.
De acuerdo con el Informe de Compatibilidad de Uso de Suelo emitido por el propio Municipio de Quito, con fecha 23 de septiembre de 2026, las actividades industriales de Todomáquinas S.A.S., asociadas al procesamiento de asfalto operaban en una zona prohibida.
El documento oficial detalla que el terreno en cuestión —predio N° 5030191, con una superficie de 994.891,93 metros cuadrados en el sector de Sigsipamba, parroquia de Pifo, al nororiente de Quito— pertenece a la sociedad Herederos de José Luis Jijón, quienes arrendarían la propiedad a la empresa contratista.
El dictamen del Municipio concluye que la actividad solicitada y ejercida —categorizada como [C239904] "Fabricación de artículos de asfalto o de materiales similares (adhesivos a base de asfalto, brea, alquitrán, hulla, etc.)", calificada de Industrial de Alto Impacto— tiene una clasificación oficial de "PROHIBIDO y NO COMPATIBLE".
Esto se debe a que la normativa vigente (PMDOT - PUGS No. 003-2024) establece que dicho terreno está catalogado bajo la figura de PE (Protección Ecológica y Conservación del Patrimonio Natural). Pese a esta prohibición ambiental explícita, la firma mantuvo sus operaciones industriales y de logística de maquinaria pesada para abastecer los frentes de obra adjudicados por la Epmmop.
Además, en este terreno de la familia Jijón existe otra historia, una disputa por herencias. Katya J. quien guarda prisión en La Roca, Guayaquil, es procesada por presunto asesinato agravado en contra de su hermano, Luis Alfonso Jijón.
De acuerdo con la denuncia penal del concejal Michael Aulestia a partir de datos del portal de Compras Públicas, la concentración de contratos a favor de esta red tuvo un crecimiento exponencial sumando un monto global estimado de USD 65 millones, solo con el Municipio de Quito.
Para absorber este volumen de recursos públicos, la organización rotó las adjudicaciones a través de 13 consorcios temporales:
Luego de la denuncia de los concejales de oposición y declaraciones de concejales afines a Pabel Muñoz, tachando el caso de “show político”, la investigación se encuentra en manos de la Fiscalía General del Estado, la misma que emitirá un informe después del tiempo de indagación previa.
