mar 20 oct 2026
El acceso al agua potable en Quito contrapone cifras oficiales con lo que se vive en algunos barrios. El tema se instala en la agenda de las Elecciones 2026.
Elecciones 2026: Ciudadana recolectando agua de una acequia en Tumbaco, nororiente de Quito ante la falta de agua potable, 8 de septiembre de 2026.
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Andrés Salazar / Diario HOY
Miles de familias en los barrios periféricos de Quito enfrentan racionamientos de agua potable, pese a que la cobertura oficial alcanza el 98,2%. El desabastecimiento diario obliga a los vecinos a almacenar agua en tanques y pagar planillas por un servicio irregular, pero sobre todo han llevado al acceso al agua potable al debate de quienes aspiran a la Alcaldía de Quito en las elecciones 2026.
El choque entre las estadísticas oficiales y la realidad en los barrios marca el debate sobre la gestión de los servicios básicos en Quito.
Según datos de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps), el Distrito Metropolitano registra una cobertura del 98,2% en agua potable para sus 2,9 millones de habitantes.
Según Daniel Hidalgo, docente de Ingeniería Ambiental de la Universidad de las Américas (UDLA), el 1,8% restante representaría a cerca de 55.000 ciudadanos que carecen de una conexión continua o directa, concentrados principalmente en laderas, barrios altos de Calderón y parroquias rurales como Tumbaco y Pintag.
Hidalgo explica que, aunque Quito posee una de las mejores coberturas de la capitales de Latinoamérica y un agua apta para consumo directo, la antigüedad de la red de tuberías —que supera los 50 años en varios tramos— genera pérdidas considerables a lo largo de las líneas de distribución.
Además, dice, el consumo per cápita en la ciudad alcanza los 120 litros diarios, superando el rango óptimo de 50 a 100 litros establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que incrementa el estrés sobre las fuentes de captación, ya golpeadas por el cambio climático y el retroceso de los glaciares.
David Benavides, coordinador académico de la Escuela de Gestión de Riesgo de Desastres de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), explica que el problema central radica en quiénes quedan excluidos y en qué condiciones viven.
Según Benavides no se trata solo de la cantidad de agua captada y tratada, sino de garantizar que el acceso al líquido vital no esté determinado por la ubicación geográfica ni por el nivel de ingresos económicos de la población.
En sectores como el barrio La Buena Esperanza, en la parroquia rural de Tumbaco, al nororiente de Quito, la falta de agua es un problema cotidiano desde hace más de una década.
Olivia Haro, quien vive en ese barrio, relata que los vecinos deben organizarse para abrir las llaves a determinado horario o esperar el paso esporádico de tanqueros municipales para llenar recipientes básicos.
La rutina de los habitantes incluye madrugar para almacenar el líquido antes de que la presión caiga por completo. Y no es solo en Tumbaco.
José Miguel Sarango, residente de San Juan de Calderón, en el norte de la capital, dice que el agua solo llega a su domicilio entre las 02:00 y las 05:00.
Para no levantarse a la madrugada, instaló un tanque de reserva con boya automática (como las de los inodoros) que permite almacenar el agua cuando retorna el flujo y que se detenga al llegar a un determinado nivel.
Sarango dice que en 2025 pasaron más de 20 días seguidos sin agua, lo que obligó a las familias a buscar tanqueros particulares, acarrear baldes en carretillas y lavar la ropa en la madrugada.
Similares dificultades atraviesan los habitantes de Colinas del Valle, también Calderón, también en el extremo norte, donde el suministro se interrumpe diariamente tras pocas horas de servicio.
María, vecina del sector, manifestó que la presión solo permite llenar baldes durante una o dos horas en la madrugada, situación que contrasta con el cobro puntual de las planillas. Ella asegura que ha llegado a pagar facturas de hasta 37 dólares por un servicio deficiente y que la falta de agua obliga a comprar galones y botellones para la preparación de alimentos y el aseo de los niños.
Paula Guevara es propietaria de un restaurante en la zona, explica que el desabastecimiento afecta las labores diarias de cocina y limpieza de vajilla. "El agua se corta mañanas completas sin aviso previo de la empresa municipal", obligando al establecimiento a mantener baldes almacenados y gastar en agua embotellada para no suspender la atención al público.
El malestar ciudadano se intensifica al revisar el desglose de las facturas mensuales emitidas por la empresa pública.
Varios pobladores de La Esperanza, en Tumbaco, dijeron que, durante los días que no hay agua en las tuberías, el paso de aire por las redes hace girar los medidores, generando cobros por un consumo inexistente. Habitantes de este barrio mostraron planillas con montos de 10,65 a 29,78 dólares en meses donde el servicio estuvo suspendido hasta por cinco días consecutivos.
A este costo se suma el rubro por la tasa de recolección de basura, recaudado a través de la misma planilla de agua potable en favor de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo (Emaseo).
En varios pasajes del valle de Tumbaco, los camiones recolectores no llegan, obligando a los vecinos a transportar sus desperdicios en carretillas hasta las avenidas principales. Pese a no contar con recolección directa en la puerta de sus casas, los usuarios pagan valores de hasta 19,16 dólares por concepto de recolección basura, incrementando el valor total del servicio básico.
Adicionalmente, el municipio avanza en la construcción de la nueva Planta de Agua Potable Calderón, obra que registraría un 80% de avance y está previsto que procese 650 litros por segundo para beneficiar a 350.000 habitantes de Calderón, San Antonio de Pichincha y Calacalí, con una proyección de suministro garantizado hasta el año 2070.
Asimismo, los reportes oficiales indican la renovación de 91,7 kilómetros de tuberías en la red de distribución durante los últimos tres años, junto con la implementación de tecnologías de rastreo satelital e inteligencia artificial para detectar fugas y conexiones clandestinas.
No obstante, para los sectores que continúan abasteciéndose mediante tanqueros o acarreando recipientes, la solución definitiva requiere acelerar las obras de agua potable en las parroquias rurales.
El acceso equitativo al agua potable se consolida como una demanda ciudadana y se ha logrado instalar en la agenda de los candidatos a la Alcaldía de Quito.
La brecha entre los indicadores de cobertura técnica y la realidad de los barrios periféricos se presenta como un desafío para los 10 candidatos inscritos que buscan el sillón municipal, incluyendo al actual alcalde, Pabel Muñoz, quien busca la reelección.
