lun 19 oct 2026
Quiteños denuncian cobros elevados por un servicio de recolección de basura que, a veces, ni siquiera llega. El tema es parte del debate de las elecciones 2026.
Elecciones 2026. Imagen de referencia sobre la tasa de recolección de basura en Quito, creada con fotos de Diario HOY y el uso de Inteligencia Artificial.
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Diario HOY
La gestión y el cobro de la tasa por la recolección de basura en Quito se han convertido en un laberinto de números, reclamos y cálculos con miras a las elecciones 2026. Las denuncias por cobros elevados, por un servicio que en algunos sectores ni siquiera llega, son comunes en la capital.
A un poco más de un mes de los comicios seccionales del 29 de noviembre de 2026, en los que el actual alcalde Pabel Muñoz busca la reelección arropado por la denominada Alianza Ciudadana, la tasa de recolección de basura ha dejado de ser un trámite administrativo para convertirse en uno de los problemas más urgentes de los quiteños.
La crisis se remonta a octubre de 2025, cuando el Ministerio de Ambiente y Energía prohibió a 41 municipios del país, incluido el de Quito, recaudar la tasa de basura a través de las planillas de energía eléctrica.
El argumento legal, respaldado por la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, prohíbe indexar cobros ajenos al consumo eléctrico. Esto provocó la terminación unilateral del convenio de recaudación entre la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) y la Empresa Pública Metropolitana de Aseo (Emaseo).
Para evitar la quiebra del servicio, que demanda un presupuesto mensual aproximado de 8 millones de dólares, el Concejo Metropolitano aprobó una ordenanza, en diciembre de 2025, que trasladó el cobro de la tasa por la recolección de basura a las planillas de agua potable de la Empresa Pública de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps). La facturación empezó en febrero de 2026, en función del consumo de enero.
No obstante, el cambio desveló una gran diferencia de cobertura: mientras la Empresa Eléctrica cuenta con 1,2 millones de usuarios en Quito, la Empapas registra alrededor de 700.000 medidores.
Esta brecha de cobertura significó que el costo del servicio debió dividirse entre 500.000 contribuyentes menos. A esto se sumó la eliminación de un millonario subsidio oculto. Históricamente, la recaudación por planillas de luz aportaba USD 6 millones mensuales, por lo que el Municipio de Quito subsidiaba cerca de USD 2 millones al mes para cubrir los USD 8 millones reales que cuesta el tratamiento de los residuos.
Tras un dictamen de la Corte Constitucional, que prohíbe subsidiar este tipo de servicios, el alcalde Muñoz resolvió "sincerar" la tarifa para recaudar el valor operativo real.
El impacto recayó sobre el bolsillo de los quiteños. Aunque la alcaldía asegura que el 60% de los usuarios se beneficia pagando una tarifa igual o menor, el restante 40% experimentó un aumento en sus planillas, registrándose incrementos de hasta un 2.300% en algunos sectores.
Jhonatan Hidalgo es habitante de Tumbaco, al nororiente de Quito. En su casa, antes pagaba máximo 29 dólares por el consumo de agua potable. Ahora con la tasa de basura, el valor aumentó hasta 49 dólares.
A pesar de este aumento, Jhonatan reclama porque la pared de su casa se ha convertido en un botadero: todos los vecinos de su barrio depositan sus fundas con desechos en ese lugar porque el carro recolector no llega a sus domicilios.
El carro recolector, dicen los vecinos, no pasa los días y horarios establecidos, convirtiendo el lugar en un foco de infecciones. Los animales callejeros rompen las fundas y la basura queda regada en la vereda.
Pero existe un caso peor. Habitantes del barrio La Esperanza, también en Tumbaco, pagan facturas de hasta 75 dólares, con una tasa de recolección de basura de 50 dólares, pero el carro no ingresa a su sector y, ni siquiera, tienen el servicio de agua potable de manera normal.
El golpe tarifario fue más duro los quiteños que viven en condominios y edificios con medidores compartidos. En un conjunto de Rumipamba, en el norte de Quito, la tasa de basura subió de 90 a 365 dólares en la planilla de febrero, un incremento del 306%.
Ante el reclamo de más de 14.000 personas en febrero y demandas de inconstitucionalidad interpuestas por concejales de oposición, el municipio se vio forzado a implementar "modulaciones".
El 3 de marzo de 2026, Muñoz anunció la división del consumo general para el número de predios de un medidor compartido y compensaciones automáticas a los afectados.
A pesar de estas rectificaciones, todavía existen quejas. En la primera mitad de marzo de 2026, la Epmaps registró 9.545 atenciones al usuario, de las cuales 3.531 correspondían a reclamos por la tasa de basura.
Paralelamente, una comisión especial de concejales conformada por Diego Garrido, María Fernanda Racines y Wilson Merino (exconcejal ahora también candidato a la alcaldía) intentó negociar el retorno del cobro a la planilla eléctrica.
El Gobierno de Daniel Noboa respondió que lo harían, pero bajo tres condiciones obligatorias:
El cobro a través de la Epmaps permitió recaudar 5 millones de dólares, entre febrero y marzo. Sin embargo, la opacidad de los datos recientes es evidente. Diario HOY solicitóa Emaseo el detalle de los valores reales recaudados durante los meses posteriores al cobro en la factura de agua potable, pero hasta la publicación de esta nota no se obtuvo respuesta.
Este escenario financiero, sumado a las denuncias de la Contraloría sobre la compra de camiones recolectores con problemas en los frenos y menor capacidad de carga, enciende el debate electoral.
De los 10 candidatos inscritos para la Alcaldía de Quito, opositores como Wilson Merino (Movimiento Imparables) o el exalcalde Jorge Yunda (Avanza) han cuestionado la ordenanza municipal, mientras que figuras oficiales como Harold Burbano (ADN) representan la visión del Ejecutivo.
En una capital con un electorado históricamente volátil, donde Muñoz ganó en 2023 con apenas el 25% de los votos, resolver la crisis de la basura y su método de cobro no es solo un desafío ambiental, sino la clave que podría definir quién gobernará la ciudad los próximos cuatro años.
