mié 14 oct 2026
Funcionarios municipales habrían pagado entre USD 60 y USD 120 bajo amenaza de perder sus empleos. El caso contra Pabel Muñoz llegará a Fiscalía y al TCE.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, enfrenta señalamientos por un supuesto sistema de cobros a funcionarios municipales para financiar su campaña de reelección. Se anuncian denuncias ante Fiscalía y el TCE.
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Un supuesto sistema de cobro de 'vacunas' a funcionarios del Municipio de Quito para financiar a la Revolución Ciudadana (RC5) y la campaña de reelección del alcalde Pabel Muñoz es objeto de una investigación que derivará en denuncias penales y electorales. Los aportes habrían sido exigidos a servidores de libre nombramiento bajo la amenaza de perder sus puestos de trabajo.
Juan Esteban Guarderas, exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), confirmó a Diario HOY que presentará acciones ante la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Muñoz busca la reelección en los comicios del 29 de noviembre de 2026.
De acuerdo con Guarderas, los montos dependían de la remuneración de cada funcionario. Los pagos regulares que asegura haber identificado eran de USD 60, USD 80, USD 100 y USD 120. También investiga aportes excepcionales de USD 400 y USD 500, aunque estos últimos todavía se encuentran en proceso de verificación.
"Tú quieres tener tu trabajo, entonces paga, o si no, este fin de mes, patitas en la calle", describió Guarderas las presiones que, según los testimonios recopilados, enfrentaban los trabajadores.
El exconsejero aseguró que existen, aproximadamente, 7.000 funcionarios de libre nombramiento y remoción en el Municipio de Quito. A partir de esa cifra planteó un escenario hipotético: si 1.000 servidores entregaran USD 80 mensuales, la recaudación alcanzaría USD 80.000 al mes y USD 960.000 al año.
Una de las dependencias señaladas por Guarderas es la Empresa de Pasajeros de Quito. Guarderas afirmó que cuentan con un video en el que un funcionario ingresa a una oficina de la institución y realiza uno de los pagos. Según explicó, la persona que grabó las imágenes también proporcionó su testimonio para corroborar lo ocurrido.
El exconsejero anunció que el 15 de octubre de 2026 divulgarán conversaciones en las que los propios trabajadores se referirían a estos aportes como 'vacunas'. "Compañeros, no se olviden de pagar hoy día las vacunas", citó como ejemplo de uno de los mensajes que asegura haber recopilado.
También adelantó que se publicarán nuevos audios y testimonios. En el caso de la Empresa de Pasajeros, el denunciante sostuvo que la información obtenida apunta a que todos los funcionarios de libre nombramiento y remoción habrían estado sujetos a los cobros.
Las acciones anunciadas seguirán dos vías. En el ámbito penal, Guarderas buscará que se investiguen posibles responsabilidades por concusión, mientras que ante el Tribunal Contencioso Electoral pretende establecer si existió financiamiento irregular de campaña.
El exconsejero hizo referencia al artículo 281 del Código de la Democracia y sostuvo que los candidatos tienen responsabilidad sobre la procedencia de los recursos utilizados en sus campañas. "Lo único que yo tengo que demostrar, con un cúmulo de pruebas concordantes entre ellas, es que los fondos de su campaña eran fondos ilícitos", dijo.
De comprobarse que la campaña recibió recursos de origen irregular, podría corresponder una suspensión de los derechos de participación política, según el denunciante. Añadió que, para establecer una eventual responsabilidad electoral, no sería indispensable demostrar que Muñoz conocía la procedencia del dinero.
Diario HOY solicitó una entrevista con el alcalde Pabel Muñoz por estas denuncias, pero desde el Municipio afirmaron que la única respuesta es un comunicado que la Empresa de Pasajeros de Quito emitió este 14 de octubre en el que rechazó las acusaciones sobre supuestos cobros indebidos y expuso antecedentes relacionados con Carlos Israel Murillo Cañizares, exfuncionario de la institución.
Según la entidad, durante 2026 recibió varias denuncias contra Murillo e inició investigaciones internas. Aseguró que, al conocer estos procedimientos, el entonces trabajador habría reaccionado con amenazas contra el gerente general y su equipo.
La empresa detalló que el 27 de julio su gerente presentó una denuncia ante Fiscalía por un posible delito de intimidación. También informó que el 30 de julio presentó otra denuncia por posibles delitos de concusión y cohecho, relacionada con irregularidades en la contratación del servicio de seguridad privada, sobre las cuales alertó a Quito Honesto.
La institución sostuvo que estos antecedentes motivaron la separación de Murillo de su cargo y lo acusó de utilizar portales digitales para desacreditar a la administración.
En el mismo pronunciamiento, la empresa afirmó que Guarderas habría solicitado contacto con la administración municipal para evitar, según una versión que le atribuyó, que se conociera información sensible.
Consultado por HOY, el exconsejero rechazó haberse acercado a la Empresa de Pasajeros con ese propósito. "A la empresa de pasajeros, absolutamente no", respondió.
El exconsejero también cuestionó al expresidente Rafael Correa por haber difundido públicamente la identidad de una persona a la que vinculó con la investigación.
Guarderas explicó que varias personas que han proporcionado información solicitaron mantener sus identidades bajo reserva por temor a represalias. También advirtió que analiza acciones legales por la difusión de datos que podrían permitir su identificación.
El investigador insistió en que las acusaciones deben examinarse a partir de las evidencias recopiladas y no únicamente de los cuestionamientos dirigidos a quienes proporcionaron los testimonios.
