martes 17 de noviembre de 2026
Armamento

El laberinto de las armas ilícitas en Ecuador: esta es la cantidad existente y el modo de ingreso al país

Entre 2022 y septiembre de 2026, el Estado registró 40.388 armas ilícitas, alcanzando este año un pico histórico de 9.274 unidades.

En pocas palabras

  • Aumento de armas: Se registraron 40.388 armas ilícitas entre 2022 y septiembre de 2026, con un pico histórico de 9.274 en 2026.
  • Ingreso y rutas: Las armas ingresan por diversas vías, incluyendo aprehensión, abandono y decomiso, con Guayas y Los Ríos como epicentros.
  • Modo de operación: El incremento se vincula a la demanda de grupos criminales y al tráfico transnacional, con pistolas y escopetas predominando.
Resumen generado por Thinkindot AI

Las estadísticas del portal de Datos Abiertos del Ministerio del Interior, (con corte al 30 de septiembre de cada año), revelan que desde 2022 se han encontrado 40.388 armas ilícitas a escala nacional.

En los primeros nueve meses de 2022, la cifra se situaba en 6.801 armas; en 2023 trepó a 7.811; en 2024 subió a 8.198; y en 2025 alcanzó 8.304 unidades. Sin embargo, el periodo de enero a septiembre de 2026 quebró todos los techos con 9.274 armas ilícitas registradas, lo que representa un incremento del 11,68% respecto a 2025.

¿Cómo ingresan las armas al radar estatal?

En la conversación cotidiana se suele englobar todo bajo el rótulo de "armas incautadas", pero el registro institucional del Ministerio del Interior discrimina ocho condiciones legales de obtención que reflejan distintas realidades del combate al delito:

  • Aprehendidas: Es la categoría mayoritaria. Corresponde a las armas arrebatadas a personas capturadas en flagrancia durante robos, asaltos, extorsiones o patrullajes.
  • Abandonadas: Son artefactos arrojados en veredas, matorrales o techos por sicarios y delincuentes que descartan el arma tras cometer un ataque o al huir de persecuciones.
  • Retenidas: Retiradas preventivamente a compañías de seguridad privada o ciudadanos por inconsistencias en permisos de porte o tenencia.
  • Incautadas: Derivadas de allanamientos judiciales, redadas antidrogas e intervenciones en centros de acopio criminal.
  • Entregadas: Concedidas voluntariamente en campañas de desarme o trámites administrativos.
  • Decomiso formal: Confiscadas en operativos aduaneros o militares bajo presunción de contrabando.
  • Encontradas: Halladas en inspecciones de espacios públicos, bodegas o inmuebles abandonados.
  • Recuperadas: Correspondientes a armamento sustraído a guardias o uniformados que fue recuperado tras labores de inteligencia.

Esta diversidad demuestra que el Estado no solo enfrenta a individuos armados en flagrancia, sino redes logísticas que almacenan, descartan y renuevan su arsenal.

El bastión de Guayas y la explosión de Los Ríos

La distribución territorial muestra que la geografía del armamento ilícito sigue la misma trayectoria de las disputas territoriales del crimen organizado en la Costa.

Guayas se mantiene como el epicentro inquebrantable del fenómeno. En cinco años acumula 13.529 armas, concentrando uno de cada tres artefactos ilegales del país. Solo entre enero y septiembre de 2026, Guayas registró 3.196 armas, un crecimiento del 14,68% frente a las 2.787 del mismo periodo de 2025.

Sin embargo, el hallazgo más llamativo de 2026 se localiza en Los Ríos. Mientras en 2025 ocupaba el tercer lugar nacional con 918 armas, en 2026 la cifra se disparó a 1.372 armas, marcando un violento crecimiento del 49,46% en un año.

Con este incremento, Los Ríos desplazó a Manabí (907 armas) y se consolidó como el segundo territorio con más armas ilegales encontradas de Ecuador.

En el resto del país sobresalen dos movimientos: Pichincha ingresó al top 5 nacional en 2026 con 624 armas registradas (frente a 569 en 2025), desplazando a Esmeraldas, que mostró una leve disminución al pasar de 616 a 598 armas.

Además, El Oro registró una contracción moderada, pasando de 716 armas en 2025 a 679 en 2026.

Pistolas, revólveres y el auge de las escopetas

El arsenal ilícito en el país evidencia una convivencia entre armas cortas de fácil encubrimiento y armas de alto impacto.

Las armas cortas constituyen el núcleo operativo del delito común y del sicariato. Durante los últimos cinco años, las pistolas acumulan 13.630 unidades y los revólveres 11.669, representando entre ambas más del 62% de todo el armamento fuera de norma.

En 2026, las pistolas ratificaron su preferencia criminal al alcanzar 3.332 registros, frente a 2.145 revólveres.

No obstante, el salto cualitativo más llamativo en 2026 se dio en las armas largas. Las escopetas experimentaron un aumento drástico: pasaron de 1.247 unidades en 2025 a 1.704 en 2026, un incremento de 457 armas (alza del 36,6 %).

Analistas de seguridad consultados por este Diario vinculan este incremento a la adaptación de armas artesanales de alta letalidad y a la necesidad de custodiar perímetros rurales, haciendas y centros de acopio en provincias agrícolas.

A esto se suma la presencia constante de armamento militar y táctico. En cinco años se han confiscado 1.085 fusiles de asalto y 906 subametralladoras.

Rutas, puertos y canje criminal

Daniel Pontón, docente del Instituto de Altos Estudios (IAEN) subraya que el incremento refleja formalmente la productividad operativa del Bloque de Seguridad, pero alerta sobre la dinámica del mercado ilícito:

El retirar armas de circulación implica que la demanda no se ha saciado, por lo tanto se fuerzan a nuevas armas. El retirar armas de circulación implica que la demanda no se ha saciado, por lo tanto se fuerzan a nuevas armas.

Pontón explica que las armas no se fabrican en el país y que su tráfico obedece a una geopolítica propia. En muchas ocasiones, redes transnacionales intercambian cargamentos de droga directamente por arsenales (mecanismo rastreado en cortes de Estados Unidos en casos como Estrada o Moreira).

Asimismo, plantea mirar hacia los puntos ciegos aduaneros: mientras el Estado fiscaliza lo que sale para evitar envíos de droga en puertos como Manta, existiría una debilidad en controlar lo que ingresa, facilitando la importación encubierta de armas completas o piezas para ensamblaje local.

Por su parte, la experta en seguridad Alexandra Zumárraga advierte que bandas, como Los Choneros y Los Lobos, demandan armamento de forma ininterrumpida. Para estas organizaciones, la confiscación de un cargamento representa una pérdida operativa que debe subsanarse con urgencia para no ceder terreno:

Si bien hay más operativos de requisas, también los grupos de delincuencia organizada son los que requieren más armas; justamente, si le incautan el armamento van a necesitar reemplazarlo. Si bien hay más operativos de requisas, también los grupos de delincuencia organizada son los que requieren más armas; justamente, si le incautan el armamento van a necesitar reemplazarlo.

Zumárraga agrega que Huaquillas, en la frontera sur con Perú, es una puerta de abastecimiento criminal. Por ello, insiste en que las requisas en calles serán insuficientes sin un control sobre los agentes aduaneros y pasos fronterizos.

Además, atribuye el despunte de Los Ríos a la concentración de operativos policiales en cantones clave como Quevedo, donde Choneros y Lobos disputan una guerra abierta por el control territorial.

El 11 de noviembre de 2026, el presidente de la República, Daniel Noboa explicó en una entrevista radial, que las investigaciones fiscales de Estados Unidos apuntan a un esquema de intercambio donde los envíos de droga se pagaban con cargamentos de armas de grueso calibre destinadas a nutrir a bandas como Los Tiguerones, Los Choneros y Chone Killers. Esto, al abordar el caso de Jaime Estrada y su padre —procesados ante la justicia de Estados Unidos por narcotráfico, tenencia ilícita y distribución de ametralladoras—.

Según Noboa, ese flujo clandestino no se detuvo en las costas de Manabí, sino que se ramificó hacia provincias como Guayas, Los Ríos, Santo Domingo y Esmeraldas.

"Si nosotros acabamos con eso, reducimos también las muertes que han afectado a tantas familias en el Ecuador". "Si nosotros acabamos con eso, reducimos también las muertes que han afectado a tantas familias en el Ecuador".

Entre enero y septiembre de 2026, Ecuador acumuló 6.285 muertes violentas, de las cuales el 84,4% se concentró en cinco provincias del perfil costero intervenidas por el Estado.

En ese escenario, Manabí registró 930 homicidios en los primeros nueve meses de 2026, mientras que Guayas contabilizó 2.555 víctimas y El Oro trepó a 886, evidenciando que el poder de fuego de las estructuras delictivas continúa siendo el principal combustible de la violencia en el litoral ecuatoriano.

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