La tarde del 9 de enero de 2024, el país presenció cómo un comando de hombres armados irrumpió en el set de noticias de TC Televisión en Guayaquil. La gravedad de la transmisión en vivo precipitó una respuesta del Ejecutivo: la emisión inmediata del Decreto Ejecutivo 111, mediante el cual el presidente Daniel Noboa reconoció la existencia de un "Conflicto Armado Interno", declarando a 22 bandas delictivas como grupos armados organizados terroristas y ordenando a las Fuerzas Armadas neutralizarlos.
Sin embargo, con el paso de los meses, este recurso jurídico y constitucional dejó de operar como un mecanismo de respuesta extraordinaria ante eventos fortuitos y pasó a estructurarse como el eje medular y continuo de la estrategia de seguridad pública del Estado ecuatoriano.
El rigor cronológico: cómo se calculan los 1.000 días
El primer estado de excepción de la actual administración se oficializó mediante el Decreto Ejecutivo No. 110, expedido el 8 de enero de 2024, tras una crisis penitenciaria y amotinamientos carcelarios simultáneos, complementado al día siguiente por el Decreto No. 111, que reconoció formalmente la existencia de un Conflicto Armado Interno (CAI).
Si se aplicara un cálculo lineal de días calendario a partir de aquel 8 de enero de 2024, el día número 1.000 habría recaído a inicios de octubre de 2026. Sin embargo, la aplicación de la excepcionalidad en el territorio nacional no transcurrió de manera ininterrumpida.
A lo largo de este periodo, la Corte Constitucional emitió dictámenes que declararon la inconstitucionalidad de ciertos decretos por falta de motivación fáctica o territorial, lo que derivó en derogaciones anticipadas y lapsos breves en los que el país o las provincias previamente focalizadas retornaron al régimen constitucional ordinario.
Entre estos vacíos normativos documentados constan, por ejemplo:
- El Decreto Ejecutivo No. 250 (emitido el 30 de abril de 2024), cuya vigencia efectiva fue interrumpida tras once días por el Dictamen 3-24-EE/24 de la Corte Constitucional.
- Choque entre la Corte Constitucional y el Estado como en junio de 2024 tras el Dictamen 4-24-EE/24 frente al Decreto No. 275, así como la derogatoria casi inmediata del Decreto No. 202 a inicios de noviembre de 2025.
Al contar estos periodos de retorno a las garantías ordinarias, se registra un margen acumulado de 37 días de interrupción constitucional. Al contrastar los 1.037 días calendario transcurridos entre el 8 de enero de 2024 y el 10 de noviembre de 2026 con los días de vigencia legal efectiva de las medidas restrictivas, se establece que los 1.000 días de estado de excepción se cumplieron exactamente entre el 9 y el 10 de noviembre de 2026.
Esta fecha coincidió con el término formal de la vigencia del Decreto Ejecutivo No. 498, firmado el 15 de septiembre de 2026 por un plazo de 60 días.
Al día siguiente, el miércoles 11 de noviembre de 2026, el presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo No. 532, renovando la medida por 30 días adicionales en ocho provincias (Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas).
Con este nuevo instrumento, que rige sin toque de queda, el Ejecutivo inauguró un nuevo ciclo normativo que se sitúa formalmente más allá de los 1.000 días iniciales.
La justificación táctica y el balance operativo
El uso continuo de estados de excepción se fundamenta, desde el Gobierno, en la necesidad operativa de mantener a las Fuerzas Armadas apoyando de forma complementaria a la Policía Nacional y ejecutar allanamientos con celeridad frente a organizaciones criminales con alto poder de fuego.
El presidente Daniel Noboa abordó el tema durante una entrevista radial concedida el 11 de noviembre de 2026. El mandatario habló de esa justificación técnica detrás de los estados de excepción y toque de queda aplicado en cinco provincias entre el 1 y el 10 de noviembre, rechazando que se tratara de una decisión improvisada.
Noboa explicó que el inicio de noviembre marca una de las etapas más complejas del año en términos de seguridad. Aseguró que las estadísticas de los últimos cuatro años evidencian picos de violencia del 1 al 10 de este mes debido a una triple convergencia criminal: la salida masiva de la cosecha de coca desde la frontera norte, el aumento en la comercialización de oro y la presión por liquidez en las calles ante el inicio del consumo de fin de año.
“Si queremos comparar con 2025, solo en diez días hubo 342 homicidios; este año, 178. Es una reducción del 48% en los diez días más violentos. Se hizo un toque de queda en las provincias con mayor violencia en la época más violenta del año y logramos contener significativamente este tipo de delitos". “Si queremos comparar el año pasado, solo en diez días hubo 342 homicidios; este año, 178. Es una reducción del 48% en los diez días más violentos. Se hizo un toque de queda en las provincias con mayor violencia en la época más violenta del año y logramos contener significativamente este tipo de delitos".
Algo similar dijo el ministro del Interior, John Reimberg, en una entrevista previa con Diario HOY. El funcionario sostuvo que el estado de excepción ha sido indispensable para que las instituciones del orden puedan actuar al ritmo que exige la delincuencia organizada:
"El estado de excepción hemos venido trabajándolo constantemente. Nos permite que las Fuerzas Armadas se sumen a las operaciones de la Policía Nacional y también la suspensión de la inviolabilidad de domicilio, para que no necesitemos ir donde un fiscal para que luego vaya donde un juez por requerimientos para allanamientos en nuestras operaciones. Tratamos de un tiempo trabajar sin estado de excepción y no lo pudimos lograr; la justicia no estaba al mismo paso que estamos nosotros trabajando en esta lucha contra la inseguridad", dijo.
Reimberg argumentó que las restricciones de movilidad nocturna cumplen una doble función de protección ciudadana y eficacia táctica: reducir la exposición de la población civil en horarios de alto riesgo y limitar el desplazamiento logístico de los grupos armados durante las intervenciones.
Como ejemplo de los resultados alcanzados mediante la articulación del Bloque de Seguridad y la cooperación internacional con agencias estadounidenses como la DEA, el ministro destacó operativos de alto impacto como la desarticulación del brazo logístico vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación en territorio ecuatoriano, que dejó 36 personas detenidas y un perjuicio económico estimado en más de 322 millones de dólares a las finanzas criminales.
La cronología de los 25 decretos de excepción en Ecuador
La aplicación de los estados de excepción durante este millar de días transitó por distintas fases territoriales: desde declaratorias de cobertura nacional y control carcelario en los primeros meses de 2024, pasando por emergencias motivadas por crisis energéticas o convulsión social, hasta la focalización geográfica en las provincias costeras y corredores logísticos estratégicos.
Resultados de los 1.000 días: el mapa territorial y el 'efecto globo'
Los informes del Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (DINASED) permiten evaluar el comportamiento delictivo durante estos 1.000 días.
Entre el 8 de enero de 2024 y el 30 de septiembre de 2026, el país acumuló 22.428 muertes violentas (que agrupan los delitos de asesinato, homicidio, femicidio y sicariato).
- Año 2024: Marcado por el impacto inicial de la declaratoria de Conflicto Armado Interno, comenzó con cifras relativamente contenidas en el primer trimestre (301 casos en enero —medido desde el día 8—, 388 en febrero y 536 en marzo), pero experimentó un crecimiento sostenido hacia finales de año, cerrando con más de 700 casos mensuales en octubre y diciembre.
- Año 2025: Registró los picos más elevados de criminalidad en la historia del país, cerrando el año con 9.284 muertes violentas y una tasa oficial de homicidios de 50,1 por cada 100.000 habitantes. El mes de mayo de 2025 representó el punto de mayor letalidad registrada en todo el periodo, con 935 homicidios.
- Año 2026: Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2026 se reportaron 6.285 muertes violentas, lo que representa una reducción del 8,1% en comparación con los 6.838 casos registrados en igual periodo de 2025. Asimismo, septiembre de 2026 cerró con 577 homicidios, el registro mensual más bajo de todo el año.
A pesar de la desaceleración de 2026, la violencia exhibe una marcada concentración geográfica. Las cinco provincias costeras frecuentemente priorizadas en los decretos —Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas— acumularon 5.303 homicidios entre enero y septiembre de 2026, lo que representa el 84,4% de todas las muertes violentas del país.
Asimismo, los informes técnicos de inteligencia detallan la presencia del fenómeno criminológico conocido como "efecto globo": mientras la presencia militar intensiva en grandes urbes como Guayaquil (-19,1%) y Durán (-45,2%) logró reducciones de casos en 2026, la violencia se desplazó hacia cantones satélites o del interior. El caso más complejo se identificó en la provincia de El Oro, donde los homicidios aumentaron un 62,6 % en 2026 (pasando de 545 a 886 víctimas), con incrementos notables en cantones como Machala (+52,6%), Pasaje (+92,3%) y Arenillas (+209,5%).