lun 09 nov 2026
El proyecto reformatorio denominado Ley Antimafias interviene tres cuerpo legales y fue aprobado por la Asamblea Nacional.
Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador en día de votación.
FOTO
Asamblea Nacional
Las penas en Ecuador podrán llegar hasta los 60 años de cárcel. La Asamblea Nacional aprobó este lunes 9 de noviembre de 2026 la Ley Antimafias, que reforma tres cuerpos legales para ampliar las herramientas de investigación y persecución penal, además de mejorar la recuperación y administración de bienes vinculados con actividades ilícitas.
El texto íntegro, promovido por la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, fue aprobado por 85 de los 146 legisladores presentes en el Pleno.
El voto en contra de la Ley Antimafias se concentró principalmente en legisladores vinculados al movimiento Revolución Ciudadana (RC), junto con asambleístas de movimientos aliados o afines a esa bancada. Entre quienes rechazaron el proyecto constan Jahiren Noriega, Gerardo Machado y Viviana Veloz, entre otros.
La Ley Antimafias reforma el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para ampliar las herramientas del Estado frente al crimen organizado. La propuesta establece sanciones diferenciadas para quienes dirijan, financien o integren estas estructuras, pero también para quienes cumplan funciones de apoyo necesarias para sus operaciones, como vigilancia, logística, comunicaciones o traslado de recursos.
Además, contempla penas para colaboradores externos que faciliten sus actividades de manera consciente.
El texto incorpora dos nuevos delitos: desplazamiento interno forzado y confinamiento forzado. El primero busca sancionar a quienes obliguen a personas o comunidades a abandonar sus viviendas mediante amenazas o violencia; el segundo, a quienes restrinjan su movilidad para ejercer control sobre un territorio.
Otro de sus componentes modifica las reglas de acumulación de penas. El límite podría llegar a 60 años de prisión en casos excepcionales, cuando una persona sea condenada por tres o más delitos dolosos, autónomos e independientes y la suma de las penas supere los 40 años.
La reforma también fortalece los mecanismos de cooperación eficaz con la Fiscalía y contempla cambios en las medidas cautelares y en la protección de quienes intervienen en la administración de justicia.
La normativa incluye disposiciones para mejorar la recuperación y administración de bienes vinculados con actividades ilícitas. Entre ellas está la posibilidad de vender anticipadamente bienes incautados cuando exista riesgo de deterioro o pérdida de valor, bajo autorización judicial.
También plantea sanciones e inhabilitación profesional para abogados y contadores cuya actuación dolosa facilite o encubra actividades del crimen organizado.
