mar 20 oct 2026
La ley contra el reclutamiento de menores, que fue aprobada por la Asamblea Nacional, incrementa las penas y establece medidas de apoyo a víctimas en Ecuador.
Imagen referencial de dos menores de edad detenidos por la Policía Nacional en junio de 2025.
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Policía Nacional
Ecuador da un paso para cerrar un vacío legal en medio de la violencia: el país cuenta con una ley contra el reclutamiento de menores por parte de grupos de delincuencia organizada, en medio de una crisis de seguridad y violencia.
La Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso o Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes fue aprobada por el Pleno de la Asamblea el 29 de septiembre de 2026, con 88 votos a favor. El texto reforma 15 cuerpos legales para aumentar las penas, reforzar la prevención y proteger a las víctimas.
La norma se entregó este martes 20 de octubre a la vicepresidenta María José Pinto, quien preside el Comité para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes. El presidente Daniel Noboa creó esa instancia por decreto, en junio de 2025, para declarar la protección de la niñez frente a grupos armados y delincuencia organizada como prioridad nacional.
Los principales cambios son:
Uno de los principales cambios está relacionado con el Código Orgánico Integral Penal (COIP). La reforma amplía las conductas sancionadas para incluir el reclutamiento, el uso y la utilización de niñas, niños y adolescentes en actividades delictivas o en grupos armados dentro de Ecuador.
Las penas previstas para estas conductas pasan de un rango de 10 a 13 años a uno de 22 a 26 años de prisión, según el delito. La norma también contempla sanciones para quienes involucren a menores en conflictos armados o los utilicen para cometer delitos.
La ampliación de las conductas busca abarcar situaciones que no necesariamente implican incorporar de manera formal a un menor a una organización criminal. La ley, además, dispone que no se reconozca el consentimiento de niñas, niños y adolescentes frente al reclutamiento, uso o utilización.
Dentro de la reforma se establecen medidas de protección para víctimas y testigos, entre ellas la reserva de datos personales, la protección física y la posibilidad de reubicación temporal.
La norma incorpora medidas para enfrentar el reclutamiento de menores a través de redes sociales, plataformas digitales y otros espacios virtuales. Prevé mecanismos de monitoreo y alerta sobre contenidos que promuevan la captación o utilización de niños, niñas o adolescentes.
Entre las medidas está el bloqueo temporal de direcciones IP, dominios y URL que difundan contenidos relacionados con estas conductas, bajo los procedimientos y la intervención de las autoridades competentes.
La reforma también asigna al Estado responsabilidades para prevenir, detectar y derivar posibles casos de captación por medios digitales. Esto incluye mecanismos de alerta que permitan activar la respuesta institucional cuando se identifiquen situaciones de riesgo.
Los padres y representantes legales deberán orientar, acompañar y supervisar el uso que los menores hagan de dispositivos electrónicos, redes sociales, videojuegos y otras plataformas. La norma incluye este deber como parte de las acciones de prevención a cargo de la sociedad civil.
La aplicación de las medidas digitales requiere regulaciones complementarias. La ley da a la autoridad de telecomunicaciones un plazo de 90 días, contado desde el 2 de octubre, para emitir la regulación correspondiente al bloqueo de contenidos.
La reforma incorpora a las instituciones educativas públicas, fiscomisionales, municipales y particulares en la detección de posibles casos de reclutamiento o utilización de menores.
Los establecimientos deberán contar con mecanismos para prevenir, identificar y actuar ante situaciones de riesgo. Los docentes, a su vez, tendrán que informar a las autoridades educativas cuando detecten señales que puedan afectar la integridad, la seguridad o el desarrollo de sus estudiantes.
La norma también contempla la elaboración de mapas de riesgo relacionados con el sistema educativo. Estos instrumentos permitirán identificar entornos expuestos a factores vinculados con el reclutamiento y otros riesgos para niñas, niños y adolescentes.
La prevención incluye el consumo de drogas y las adicciones como factores que deben atenderse desde los ámbitos educativo, sanitario y comunitario. La ley plantea incorporar contenidos de prevención en el sistema educativo y fortalecer la atención a quienes requieran ayuda.
Los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) también tendrán nuevas tareas dentro de la estrategia de prevención.
Entre las medidas previstas constan la conformación de mesas técnicas de seguridad, la recuperación de espacios públicos en los alrededores de instituciones educativas y acciones para identificar riesgos en los territorios.
La reforma contempla, además, medidas relacionadas con los aforos de espectáculos públicos y la regulación de actividades en estos espacios. La intención es incorporar la gestión local a las acciones de prevención, en lugar de concentrar toda la respuesta en las instituciones nacionales de seguridad.
Las juntas cantonales de protección de derechos también forman parte de la ruta institucional. Según la información publicada durante el trámite legislativo, deberán registrar y reportar alertas sobre posibles casos de reclutamiento al ente rector del sistema de protección de la niñez y adolescencia, dentro de los plazos establecidos en la norma.
La reforma incluye medidas para atender a los menores que ya fueron víctimas de reclutamiento, uso o utilización por parte de grupos de delincuencia organizada.
En salud, contempla servicios especializados de atención psicológica y salud mental para niñas, niños y adolescentes afectados por distintas formas de violencia. También plantea acciones para prevenir y atender adicciones, así como cooperación técnica y financiera para fortalecer estos servicios.
En educación superior, la norma prevé becas y ayudas económicas para las víctimas. También incorpora programas recreativos y deportivos, con espacios seguros destinados a prevenir la violencia y los factores de riesgo asociados al reclutamiento.
En el ámbito judicial, la reforma establece garantías para la protección de las víctimas y contempla el patrocinio de la Defensoría Pública durante el proceso penal, de acuerdo con las disposiciones aplicables.
