lun 19 oct 2026
Cuotas según el sueldo, amenazas de despido y pagos en efectivo en el Municipio de Quito. Una denuncia penal identifica el mecanismo y los roles.
Pabel Muñoz, alcalde de Quito, figura en una denuncia penal por un supuesto sistema de cobros de 'vacunas' a funcionarios.
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Pagos obligatorios durante los primeros cinco días de cada mes, cuotas calculadas según los sueldos y amenazas de despido para quienes se negaran a entregar dinero. Así habría funcionado, desde 2024, un supuesto sistema de recaudación de 'vacunas' dentro de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, según consta en una denuncia penal.
El documento, presentado ante Fiscalía este lunes 19 de octubre por Juan Esteban Guarderas y Pablo Alberto Sempértegui, solicita investigar los delitos de concusión y cohecho. La denuncia se dirige expresamente contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y otros funcionarios públicos y personas por identificar.
El escrito detalla cómo se habrían exigido las aportaciones, quiénes habrían intervenido en su coordinación y recepción, y qué otros mecanismos se habrían utilizado para recaudar dinero. Los denunciantes también plantean que los recursos presuntamente estaban destinados a financiar actividades políticas relacionadas con una campaña para la Alcaldía de Quito.
Según la denuncia, el mecanismo habría comenzado al menos en 2024 y continuaría hasta la actualidad, una circunstancia que se solicita corroborar durante la investigación.
Las aportaciones estaban dirigidas a funcionarios que ocupaban cargos de confianza o de libre nombramiento y remoción, cuya continuidad laboral dependía de decisiones de sus superiores.
El valor de cada cuota habría sido establecido en función de la remuneración. Es decir, quienes percibían salarios más altos debían entregar mayores cantidades de dinero.
Los pagos debían realizarse durante los primeros cinco días de cada mes y existían recordatorios para exigir su cumplimiento. Según el escrito, las contribuciones no habrían sido voluntarias, pues los funcionarios presuntamente eran advertidos de que podían perder sus puestos si se negaban a pagar.
La denuncia señala que estas circunstancias permitirían advertir, preliminarmente, la existencia de un "sistema organizado de exigencia de contribuciones económicas indebidas".
El documento identifica a varias personas relacionadas con las comunicaciones y actividades denunciadas. A cada una se le atribuyen actuaciones distintas que deberán ser verificadas por Fiscalía.
Según la denuncia, durante 2024 habría desempeñado el cargo de gerente de Operaciones de la empresa municipal.
En uno de los grupos institucionales de WhatsApp, un contacto registrado con su nombre habría enviado un mensaje dirigido a otros funcionarios: "No se olviden de la vacuna".
El escrito señala que esta comunicación permitiría identificar preliminarmente a un funcionario que habría intervenido en la coordinación o exigencia de los pagos.
Su nombre aparece en el mismo mensaje atribuido a Marcelo P. como la persona a quien debían entregarse las aportaciones.
La denuncia solicita investigar las funciones que desempeñaba durante ese período, su relación jerárquica con los servidores requeridos y las circunstancias en las que se realizaba la recepción del dinero.
El documento lo identifica como gerente general de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito. Según el escrito, un contacto registrado con su nombre constaría en los grupos de WhatsApp utilizados por los funcionarios de la institución.
Los denunciantes solicitan verificar su presencia en esas conversaciones y establecer si tuvo conocimiento de las actividades de recaudación denunciadas.
De acuerdo con la denuncia, un contacto registrado con su nombre habría compartido, dentro del grupo 'GERENTES Y COORDINADORES', información de una cuenta bancaria para recaudar dinero por la venta de boletos de una rifa organizada en 2024.
La participación económica en esa actividad habría sido impuesta a los funcionarios mediante la obligación de adquirir boletos.
La denuncia señala que la cuenta difundida para recaudar el dinero de la rifa estaba registrada a su nombre. Por ello, los denunciantes solicitan investigar su titularidad, los movimientos económicos relacionados con esa actividad y el destino final de los recursos.
Las comunicaciones relacionadas con las denominadas 'vacunas' habrían circulado en dos grupos de mensajería identificados como 'Gerencia de Operaciones' y 'GERENTES Y COORDINADORES'.
Según la denuncia, ambos eran utilizados habitualmente para coordinar asuntos institucionales, entre ellos actividades operativas, servicios de guardianía, memorandos y pagos de horas extraordinarias.
Sin embargo, dentro de esos mismos espacios se habrían difundido recordatorios relacionados con las aportaciones económicas. El documento solicita que Fiscalía examine las conversaciones originales, identifique a sus participantes y determine quiénes habrían ordenado, coordinado o facilitado las recaudaciones.
La denuncia también describe la existencia de un video en el que se observaría a un funcionario entregar USD 60 en efectivo a una servidora pública.
De acuerdo con el escrito, la persona que realizó el pago ingresó a las instalaciones de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito y se acercó a la funcionaria que recibió el dinero.
Los denunciantes sostienen que estas entregas se habrían realizado en las oficinas de coordinación de la Gerencia, dentro de las instalaciones institucionales y durante la jornada ordinaria de trabajo.
El documento no identifica a la mujer que aparece en la grabación. Por ello, solicita que Fiscalía determine su identidad, las funciones que desempeñaba y su eventual relación con las recaudaciones denunciadas. También pide establecer la fecha del video, el contexto de la entrega y la finalidad del pago.
Además de las cuotas mensuales, durante 2024 se habría organizado una rifa cuya participación económica fue presuntamente impuesta a los funcionarios mediante la obligación de comprar boletos.
La denuncia señala que, dentro del grupo 'GERENTES Y COORDINADORES', un contacto registrado como Luis B. habría compartido información de una cuenta bancaria del Banco Pichincha.
La cuenta figuraba a nombre de Carla R. y habría sido utilizada para recaudar el dinero proveniente de la venta de los boletos.
Los denunciantes solicitan investigar los movimientos económicos relacionados con la rifa, las personas que realizaron transferencias y el destino final de los recursos.
La denuncia también identifica a cuatro funcionarios y exfuncionarios que habrían realizado personalmente los pagos y que podrían aportar información sobre el funcionamiento del mecanismo. Según el escrito, estas personas tendrían conocimiento directo de los valores exigidos, la periodicidad de las aportaciones, las personas encargadas de recibir el dinero y las posibles advertencias relacionadas con su estabilidad laboral.
Los denunciantes solicitan que Fiscalía reciba sus versiones y determine si fueron objeto de amenazas o presiones para realizar los pagos. También piden investigar posibles represalias contra servidores que se hubieran negado a entregar las aportaciones y posteriormente fueran desvinculados de la institución.
La denuncia penal se dirige expresamente contra Pabel Muñoz, alcalde de Quito, por su eventual conocimiento, intervención o participación en los hechos denunciados.
El escrito solicita investigar si el alcalde tuvo alguna intervención en la disposición, coordinación o ejecución del mecanismo de recaudación, así como determinar si recibió, administró o resultó beneficiario de los recursos.
Los denunciantes plantean que las aportaciones presuntamente habrían estado destinadas al financiamiento de actividades políticas relacionadas con una campaña para la Alcaldía de Quito.
Entre las diligencias requeridas consta la revisión de los mensajes de WhatsApp, la identificación de sus participantes y la práctica de pericias informáticas para verificar la autenticidad de las conversaciones.
Los denunciantes también señalan que cuentan con un teléfono celular que contiene los chats originales y un archivo audiovisual de una entrega de dinero, elementos que serán puestos a disposición de Fiscalía.
Asimismo, solicitan examinar los registros de personal, nombramientos, remuneraciones y desvinculaciones laborales desde enero de 2024, para determinar si existió alguna relación entre los pagos y la permanencia de los funcionarios en sus cargos.
Otra de las diligencias requeridas consiste en establecer quiénes recibieron y administraron los recursos, cuál fue su destino y si existieron beneficiarios políticos directos o indirectos.
