lun 19 oct 2026
Juan Esteban Guarderas y Pablo Sempértegui formalizaron la denuncia contra tres personas, incluido el alcalde Pabel Muñoz, por presuntas vacunas a funcionarios.
Composición gráfica con una imagen de Pabel Muñoz, alcalde de Quito, en un acto público, y Juan Esteban Guarderas y Pablo Sempértegui en la Fiscalía General del Estado.
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Diario HOY y Municipio de Quito
El denominado caso Vacunas pasó de las denuncias públicas a la Fiscalía General del Estado. Este lunes 19 de octubre, Juan Esteban Guarderas y Pablo Sempértegui acudieron a presentar una denuncia penal contra tres personas, entre ellas el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, por un presunto esquema de cobros a funcionarios municipales bajo amenazas de despido.
La acción judicial contempla los delitos de concusión y cohecho y está respaldada, según los denunciantes, por videos de entregas de dinero, conversaciones de chats, audios, cuentas bancarias y testimonios de trabajadores que habrían sido obligados a realizar aportes económicos para conservar sus puestos.
Guarderas aseguró que la investigación, desarrollada por el colectivo ciudadano Vértice, la Fundación Lucha Anticorrupción y Visionarias, permitió identificar a los presuntos recaudadores y el destino que habrían tenido los recursos.
“Las pruebas son tremendamente contundentes”, afirmó Guarderas durante la presentación de la denuncia. Según explicó, hasta el momento se han difundido dos testimonios, pero existirían más funcionarios dispuestos a revelar cómo habría operado el mecanismo de recaudación.
El denunciante sostuvo que los aportes no se habrían limitado a descuentos periódicos del dinero de los trabajadores. También se habrían exigido pagos extraordinarios mediante rifas obligatorias y otras contribuciones.
Los presuntos cobros, de acuerdo con la investigación presentada, se habrían realizado incluso dentro de dependencias municipales y durante la jornada laboral, entre ellas instalaciones de la Empresa de Pasajeros de Quito.
Por esta razón, Guarderas señaló que, además de las responsabilidades penales, corresponde analizar posibles infracciones administrativas y electorales relacionadas con el uso de recursos públicos para actividades políticas.
Sempértegui explicó que la denuncia apunta a presuntas responsabilidades de altos funcionarios y gerentes de empresas municipales que habrían intervenido en la exigencia y recaudación del dinero.
“Aquí tenemos responsabilidad de gerentes de empresas y finalmente el beneficiario final que habría sido presuntamente Pabel Muñoz”, manifestó, al señalar que los recursos habrían estado relacionados con actividades de campaña política.
Según el denunciante, los hechos investigados se remontarían aproximadamente a julio de 2024 y podrían haberse extendido hasta la actualidad.
La denuncia contempla inicialmente el delito de concusión por la presunta exigencia de aportes económicos bajo amenazas de despido, así como el de cohecho, por las circunstancias en las que se habrían solicitado y recaudado los recursos.
Uno de los elementos expuestos fue el posible alcance económico de los cobros.
Guarderas recordó que, de acuerdo con los testimonios recopilados, los aportes periódicos habrían oscilado entre 60 y 120 dólares por funcionario para los funcionarios de libre remoción.
Según los cálculos de Guardetas, la recaudación alcanzaría 80.000 dólares al mes y 960.000 dólares al año. “Estaríamos hablando de un millón de dólares por año”, sostuvo.
La presentación de la denuncia también estuvo acompañada de un pedido de protección para los funcionarios que han decidido colaborar con la investigación.
Sempértegui aseguró que algunos testigos estarían siendo intimidados a través de redes sociales. Incluso mencionó que uno de ellos sufrió un incidente en el que un objeto fue lanzado contra un vidrio.
“Solicitamos la mayor protección a los testigos”, expresó, al señalar que decenas de funcionarios habrían decidido hablar sobre los presuntos cobros.
