lun 09 nov 2026
La campaña para las elecciones 2026 será entre el 12 y 26 de noviembre. Autoridades que buscan la reelección adelantan solicitudes de licencias para participar.
Simulacro de las Elecciones 2026, en el coliseo de la Universidad Salesiana, en Quito.
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Entre 2023 y 2025, Ecuador vivió 143 días de campaña electoral. Y la cuenta empieza a correr... otra vez. Del 12 al 26 de noviembre, los candidatos a elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) tendrán 15 días para buscar el voto, difundir propuestas en calles, medios y redes sociales.
La campaña se desarrollará bajo las reglas del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre publicidad, financiamiento, gasto electoral y uso de recursos públicos. Además, llega en un escenario marcado por posibles actos de promoción anticipada: solo hasta la primera semana de noviembre, el organismo había recopilado más de 6.500 evidencias de estas actividades.
Este proceso tiene una particularidad. El organismo electoral cambió la fecha de las votaciones —inicialmente previstas para febrero de 2027 y adelantadas para noviembre de 2026— ante la alerta por posibles afectaciones por el fenómeno de El Niño. Por eso, el periodo oficial de campaña será más corto.
En este periodo, el CNE organizará 45 debates obligatorios para candidatos a prefecturas y alcaldías y aprobó un Fondo de Promoción Electoral de 13,4 millones de dólares.
Durante los 15 días, las organizaciones políticas y sus candidatos podrán realizar actos proselitistas, difundir sus planes de trabajo y promocionar sus candidaturas mediante los mecanismos autorizados por el CNE.
Sin embargo, la publicidad electoral pagada no queda a libre contratación de las organizaciones políticas. La Constitución y el Código de la Democracia establecen que el Estado, a través del presupuesto del CNE, debe garantizar la promoción electoral en condiciones de equidad. Por eso, la publicidad en prensa escrita, radio, televisión, vallas y medios digitales debe canalizarse mediante el sistema de promoción electoral y los proveedores autorizados por el organismo. Los candidatos y las organizaciones políticas no pueden contratar por su cuenta estos espacios.
Las organizaciones políticas sí pueden realizar otras actividades de campaña con recursos propios, siempre que respeten el límite de gasto electoral aprobado por el CNE y reporten sus ingresos y egresos.
El silencio electoral comenzará el viernes 27 de noviembre y se extenderá hasta las 17:00 del domingo 29, cuando termine la jornada de votación. Durante ese periodo estará prohibida la difusión de propaganda electoral y la realización de actos proselitistas.
La normativa electoral establece restricciones para evitar que las candidaturas obtengan ventajas antes del periodo oficial o utilicen recursos que no les corresponden. Entre las principales prohibiciones están:
Hacer campaña anticipada: los actos de promoción realizados fuera del periodo autorizado pueden registrarse y contabilizarse como gasto electoral.
Contratar publicidad electoral por cuenta propia: la promoción pagada en prensa, radio, televisión y vallas debe realizarse mediante los mecanismos establecidos por el CNE.
Utilizar bienes y recursos públicos: está prohibido emplear vehículos, personal, instalaciones, equipos o presupuesto del Estado para promover candidaturas.
Aprovechar actos oficiales para hacer campaña: las autoridades que buscan una candidatura no pueden utilizar inauguraciones de obras u otros eventos financiados con recursos públicos para promocionarse.
Entregar dádivas o beneficios a cambio de apoyo electoral: estas prácticas pueden constituir infracciones electorales.
Difundir propaganda durante el silencio electoral: la restricción comprende medios tradicionales, plataformas digitales, reuniones y actos proselitistas.
El artículo 203 del Código de la Democracia también prohíbe la publicidad o propaganda de las instituciones del Estado durante la campaña. La norma contempla excepciones para información sobre obras en ejecución, emergencias, salud pública, seguridad y otros asuntos de interés nacional. Estas comunicaciones no pueden convertirse en promoción de autoridades o candidaturas.
El CNE ha identificado posibles actos de campaña anticipada. Hasta la primera semana de noviembre, el organismo había recopilado más de 6.500 evidencias. Estos registros pueden sumarse al gasto electoral de las candidaturas y, si se supera el límite establecido, el caso puede llegar al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que determinará si corresponde una sanción.
Para estas elecciones existen dos mecanismos que deben diferenciarse: el Fondo de Promoción Electoral y el límite máximo del gasto electoral.
El Fondo de Promoción Electoral asciende a 13,4 millones de dólares. Es dinero público que el CNE destina a financiar la publicidad de las candidaturas en los espacios autorizados, como prensa escrita, radio, televisión, vallas y medios digitales. La asignación individual depende de las candidaturas calificadas y de las reglas de distribución establecidas por el organismo.
El otro mecanismo es el límite máximo del gasto electoral. Aprobado por el CNE el 10 de julio, establece cuánto pueden destinar las organizaciones políticas a las actividades de campaña que no corresponden a la contratación de publicidad cubierta por el fondo estatal.
Los montos varían según la dignidad y el número de electores de cada jurisdicción. Algunos de los límites aprobados son:
En las concejalías, el límite corresponde al 60% del valor establecido para la respectiva alcaldía. Para las vocalías de juntas parroquiales rurales, el cálculo se realiza con base en 0,60 dólares por elector, con un mínimo de 4.000 dólares.
Los candidatos al Cpccs tienen un régimen distinto al de las candidaturas seccionales. La normativa prohíbe que reciban o utilicen financiamiento privado para promocionarse.
El CNE ha explicado que pueden acudir a entrevistas y foros, así como utilizar sus cuentas personales en redes sociales para difundir información sobre su trayectoria y propuestas, siempre que no contraten publicidad ni paguen por producción de contenidos con fines de promoción electoral.
Durante el periodo oficial, el organismo les proporcionará espacios de promoción en medios de comunicación mediante videos grabados bajo los requisitos establecidos por el CNE.
El artículo 93 del Código de la Democracia establece que las autoridades de elección popular que busquen la reelección inmediata para el mismo cargo deben solicitar licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral.
La disposición se aplica, por ejemplo, a alcaldes, prefectos, concejales y vocales de juntas parroquiales que buscan continuar en la misma dignidad. Para este proceso, el periodo de licencia corresponde a los 15 días de campaña, del 12 al 26 de noviembre.
La regla es distinta para quienes buscan otro cargo. Las autoridades de elección popular que se postulan para una dignidad diferente deben renunciar al puesto que desempeñan antes de presentar la solicitud de inscripción de su candidatura. El plazo de inscripción concluyó el 17 de agosto y el CNE prevé difundir la lista oficial de candidatos este 9 de noviembre.
También hay disposiciones para otros servidores públicos. El artículo 96 establece que los funcionarios de libre nombramiento y remoción y los de periodo fijo deben renunciar antes de la inscripción de su candidatura. Los demás servidores públicos pueden postularse y deben acogerse a una licencia sin sueldo desde la inscripción de la candidatura hasta el día siguiente de las elecciones.
En Quito, el alcalde Pabel Muñoz y la vicealcaldesa María Fernanda Racines buscarán la reelección. Ambos se separarán por 15 días de sus funciones durante el periodo de campaña, de acuerdo con la licencia aprobada por el Concejo Metropolitano este 6 de noviembre.
En la misma sesión, la correísta María Fernanda Guillén fue nombrada como la alcaldesa encargada en ausencia de Muñoz y Racines.
Otro caso es el del presidente Daniel Noboa. El 6 de noviembre anunció que pedirá entre siete y 15 días de licencia para acompañar a los candidatos de Acción Democrática Nacional (ADN) durante la campaña. Su situación es distinta a la de las autoridades locales que buscan la reelección inmediata.
Noboa no es candidato a una dignidad seccional y su anuncio responde a su decisión de participar en actividades proselitistas en respaldo a los aspirantes de su organización política, que corre por primera vez en unas elecciones seccionales.
