sáb 24 oct 2026
Luisa González, candidata presidencial en 2023, está siendo investigada por la Fiscalía en el caso Laberinto por presuntas irregularidades en el gasto de campaña.
Imagen referencial de Luisa González y los fondos usados en la campaña de la Revolución Ciudadana, que son investigados en el caso Laberinto.
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Imagen generada con IA
El dinero que los correístas gastaron en la campaña presidencial de Luisa González, en 2023, está bajo sospecha. La Fiscalía inició una investigación, por el presunto delito de lavado de activos, en el caso denominado Laberinto para determinar el origen no declarado de alrededor de medio millón de dólares.
Ella se convirtió en la principal figura del caso. La excandidata presidencial de la Revolución Ciudadana, fue detenida en el marco de la investigación y este viernes 23 de octubre de 2026 recibió prisión preventiva y fue trasladada a la cárcel de Riobamba.
González fue candidata presidencial en 2023 junto a Andrés Arauz. Ella lideró el binomio luego de que el exvicepresidente Jorge Glas declinara su candidatura en la convención nacional del movimiento correísta. Ese año, Daniel Noboa ganó los comicios y asumió su primer mandato en Ecuador.
Ahora la Fiscalía investiga el origen de 500.000 dólares que podrían haber sido entregados por una empresa relacionada a Aquiles Alvarez. Tanto el alcalde de Guayaquil como dicha compañía fueron sentenciados por el caso Triple A, por la comercialización ilegal de derivados de hidrocarburos.
Los gastos de campaña de González y Arauz, el binomio presidencial de la RC, están bajo investigación por presuntas irregularidades en el financiamiento electoral de 2023. Durante ese periodo Marcela Aguiñaga ocupaba la presidencia del partido.
Los reportes presentados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) registran egresos por 67.194 dólares en la primera vuelta y 172.094 en la segunda, para un total de 239.288.
Sin embargo, la Fiscalía investiga si otros recursos de origen ilícito se destinaron a esa campaña y señala un "entramado de personas jurídicas para canalizar aproximadamente 500.000 dólares" con este fin.
Los formularios del CNE permiten distinguir entre el presupuesto previsto y el gasto declarado por los partidos y movimientos políticos para la campaña electoral. Las cifras se ven así:
En la primera etapa, más de 59.900 se destinaron a propaganda electoral, que incluye impresión de flyers, banderas, lonas y letreros plásticos. En la segunda, el rubro de mayor gasto fue el pago de personal, con 151.100, en los que se incluye el pago a brigadistas, creadores de contenido y trabajadores del área de marketing.
La Fiscalía expuso dos modalidades por las que presuntamente habrían circulado los recursos para la campaña de la Revolución Ciudadana.
Según la hipótesis fiscal, la empresa Ternape habría realizado pagos a proveedores de publicidad electoral. Las proformas se habrían emitido a nombre del movimiento político, mientras que las facturas posteriores habrían sido registradas a nombre de la empresa.
La Fiscalía también mencionó una comunicación del 18 de agosto de 2023 en la que se habría instruido que una factura no incluyera la palabra “campaña”. Para el Ministerio Público, ese mensaje constituye un indicio de una posible intención de desvincular el pago de su destino electoral.
La segunda modalidad habría consistido en el cobro de cheques al portador para convertir recursos bancarios en efectivo. Según la investigación, ese dinero habría servido para pagar brigadistas, movilización y logística electoral.
La Fiscalía sostiene que las operaciones se habrían coordinado desde la estructura empresarial investigada y que el mecanismo habría permitido movilizar cerca de 500.000 dólares.
Ternape Petroleum S. A. y Aquiles Alvarez registran una sentencia condenatoria de primera instancia en el caso Triple A, relacionado con la comercialización ilegal de derivados de hidrocarburos.
Este antecedente forma parte del contexto de la investigación sobre el presunto origen de los recursos. Sin embargo, la sentencia de primera instancia del caso Triple A no demuestra por sí sola que cada pago examinado en Laberinto provenga de una actividad ilícita ni que haya financiado la campaña.
Laberinto no es la única investigación que examina el financiamiento electoral de Revolución Ciudadana. En el caso Caja Chica, la Fiscalía investiga otra hipótesis relacionada con el presunto ingreso de dinero de origen ilícito para financiar actividades políticas.
A inicios del año, la Fiscalía abrió una investigación respecto del presunto ingreso de dinero ilegal en efectivo y desde Venezuela para el financiamiento de la campaña de González y Arauz. En ese caso el delito investigado es presunta delincuencia organizada.
Por ese caso se realizaron allanamientos en Pichincha y Guayas, a cargo de la Policía y la Fiscalía. Se recabaron documentos, dispositivos y registros.
En el caso Caja Chica la Fiscalía investiga la existencia de una supuesta estructura organizada que habría estado dedicada a recibir, transportar y usar los recursos para actividades electorales de la Revolución Ciudadana. Entre los sospechosos constan el expresidente Rafael Correa, González, Arauz, exfuncionarios y dirigentes políticos del movimiento correísta.
Esta investigación incluso terminó por romper la relación, ya mellada, entre González y la entonces prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga. Ambas se señalaron mutuamente por la responsabilidad del manejo de fondos de campaña.
Aguiñaga terminó por renunciar el movimiento el 3 de diciembre de 2025. Aunque agradeció a Correa, aseguró que la dirigencia la despojó de su espacio luego de un quiebre en la relación con el expresidente, tras 18 años de militancia.
