vie 23 oct 2026
En el Caso Laberinto, Luisa González sigue desde el Cuartel Modelo de Guayaquil la audiencia de cargos. La diligencia inició a las 23:50 y a las 07:00 no acaba
Apoyo. En los exteriores de la Unidad de Flagrancia se realizó un plantón para exigir la liberación de Luisa González, una de las investigadas en el Caso Laberinto, por presunto lavado de activos.
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La expectativa por el resultado de la audiencia de cargos en el Caso Laberinto sigue a las 07:30 de este viernes 23 de octubre de 2026. La atención se centra en conocer las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía en contra de Luisa González, Santiago Díaz, Estefanía Molina y Wendy Onofre, investigados por presunto lavado de activos en el Caso Laberinto.
González, Díaz y Molina fueron detenidos con fines de formulación de cargos en Manabí y Pichincha; mientras que Onofre, secretaria de la agrupación RETO, se entregó a las autoridades policiales en Guayaquil.
Según la Fiscalía, se investiga a seis personas por presunto lavado de activos para financiar el proceso electoral de 2023 de la Lista 5, con recursos ilícitos de la comercialización ilegal de hidrocarburos. Los detalles de la audiencia aún no se han podido conocer debido a que el juez asignado al Caso Laberinto, Harry Navarrete, restringió el acceso a la plataforma Zoom debido a la gran cantidad de personas conectadas.
La duración de la instrucción fiscal podría ser de 90 días, considerando que no se trata de un delito flagrante. Se esperan las medidas cautelares solicitadas por la fiscal: prisión preventiva o medidas alternativas como presentación periódica ante la autoridad competente, prohibición de salida del país o colocación de dispositivo electrónico. En caso de prisión preventiva para Luisa González y las otras dos personas detenidas, se definirá el lugar de reclusión.
También se espera conocer si la fiscal María Belén Luna expuso argumentos sobre la posible vinculación del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, al Caso Laberinto, ante la sospecha de un supuesto mecanismo irregular con la utilización de personas jurídicas relacionadas con Álvarez y un aporte de alrededor de medio millón de dólares para publicidad electoral.
Julio César Cueva, defensor de Álvarez, señaló que no puede haber vinculación jurídicamente hablando sin que se le ha dado la oportunidad de defenderse a su cliente. "El señor Álvarez ni siquiera sabe lo que ha pasado hoy peor sobre un caso que recién empezó hace 10 días", dijo. Pero, el defensor espera una notificación formal para saber por qué se quiere imputar a su cliente.
