jue 22 oct 2026
La Fiscalía abrió el caso Caja Chica y el caso Laberinto para indagar supuestas irregularidades en los aportes de la campaña electoral de 2023 del correísmo.
Respaldo. Militantes del correísmo y de Unidad Popular rechazaron este jueves 22 de octubre de 2026 la detención de Luisa González.
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Este miércoles 22 de octubre de 2026, Luisa González, excandidata presidencial de la Revolución Ciudadana, fue detenida en Manabí por su presunta vinculación con el caso Laberinto en el que la Fiscalía investiga posibles irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral de 2023.
Pero, la dirigente correísta ya estaba implicada en el denominado Caso Caja Chica en el que también se investigan las cuentas de la campaña electoral de 2023 en donde Luisa González y Andrés Arauz terciaron como binomio presidencial.
Entonces, ¿en dónde confluyen los dos casos?
En enero de 2026, la Fiscalía abrió una investigación previa para indagar un aparente ingreso de dinero ilegal en efectivo y desde Venezuela para el financiamiento de la campaña de Luisa González y Andrés Arauz. El delito investigado es presunta delincuencia organizada.
La existencia del expediente se conoció el 28 de enero de 2026 luego de los allanamientos que se cumplieron en Pichincha y Guayas. Los operativos estuvieron a cargo de la Policía y la Fiscalía. Se recabaron documentos, dispositivos y registros.
La Fiscalía investiga la existencia de una supuesta estructura organizada que habría estado dedicada a recibir, transportar y usar los recursos para actividades electorales de la Revolución Ciudadana. Entre los sospechosos estarían Rafael Correa, Luisa González, Andrés Arauz, exfuncionarios y dirigentes políticos del movimiento correísta.
En el Caso Laberinto, la Fiscalía indaga posibles irregularidades en el financiamiento político y gasto electoral de esa campaña. La Fiscalía explicó que con la investigación se busca aclarar el origen de los recursos destinados a financiar publicidad electoral entre mayo y agosto de 2023.
Según ese organismo, los elementos recabados hacen presumir que, además de los aportes declarados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), se habría utilizado un entramado de personas jurídicas para canalizar, aproximadamente, 500.000 dólares para contratar y adquirir publicidad electoral.
La Fiscalía cree que los fondos se habrían canalizado sin transparentar su procedencia ni la identidad de los aportantes. Las diligencias para determinar la participación de las personas naturales y jurídicas siguen. En este caso se investiga a seis personas. Para tres de ellas: Luisa González, Santiago Díaz y Estefanía Molina hubo una orden de detención con fines de formulación de cargos que se concretó la madrugada de este jueves 22 de octubre de 2026. Una cuarta persona investigada, Wendy Onofre, secretaria del movimiento RETO, se entregó a las autoridades en Guayaquil.
En su cuenta de la red social X, José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública, se pronunció sobre el tema y a otros casos que involucrarían a dirigentes del correísmo. “Una estructura de contratos recurrentes en la EPMMOP, financiamiento por 500.000 sin justificar para la campaña de 2023, vacunas a los servidores y proveedores del Municipio de Quito. Todo dentro del mismo exmovimiento político. ¿Sorpresa? Ninguna. Esto no se quedará en el escándalo, esperamos que fiscales y jueces hagan su trabajo con rigurosidad y celeridad”, dijo.
Si los casos se unen o se investigan por separado es algo que dependerá de la decisión de la Fiscalía. La audiencia de formulación de cargos se realizaría en la Unidad de Flagrancia de la avenida Patria y calle Nueve de Octubre, al frente del parque El Ejido. Luisa González no será llevada a esa dependencia. Asistirá a la diligencia desde el Cuartel Modelo de Guayaquil a donde fue llevada este jueves 22 de octubre de 2026.
