jue 22 oct 2026
Luisa González, Santiago Díaz y Estefanía Molina fueron detenidos en el caso Laberinto. Fiscalía investiga el financiamiento de la campaña presidencial de 2023.
Luisa González durante el operativo de detención en su vivienda en Canuto, mientras una funcionaria sostiene un documento frente a ella y dos agentes del GEMA custodian el lugar.
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Policía Nacional
El origen de los aportes y el gasto en publicidad de la campaña presidencial de 2023 son los ejes del caso Laberinto, una investigación por lavado de activos que este jueves 22 de octubre de 2026 dejó tres detenidos: Luisa González, Santiago Díaz y Estefanía Molina.
Fiscalía informó que siete personas son investigadas en esta causa y anunció que formulará cargos contra tres de ellas en las próximas horas. Las órdenes de detención se ejecutaron durante la madrugada en Pichincha y Manabí.
La denuncia fue presentada el 14 de octubre de 2026 ante la Fiscalía de Administración Pública, ocho días antes de los operativos.
Según la institución, la causa aborda posibles irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023, por inconsistencias en los aportes y el origen lícito de los recursos.
En los comunicados difundidos, Fiscalía no precisó los montos bajo investigación, los aportantes cuestionados ni las operaciones que sustentan sus señalamientos. Tampoco detalló qué participación atribuye a cada investigado.
Luisa González fue candidata a la Presidencia por la Revolución Ciudadana en 2023. Fue detenida en Canuto, Manabí, durante una intervención realizada por unidades policiales y de Fiscalía de Quito.
Los otros detenidos son Santiago Díaz y Estefanía Molina, cuyos nombres constan en el presupuesto electoral del binomio presidencial de la RC: él como jefe de campaña y ella como responsable del manejo económico (RME).
Diario HOY accedió al presupuesto de campaña electoral del binomio presidencial de la Revolución Ciudadana, correspondiente al período del 22 de junio al 17 de agosto de 2023.
En la parte inferior aparecen los nombres y las firmas electrónicas de Santiago Díaz, en el casillero de jefe de campaña, y Estefanía Molina, en el de responsable del manejo económico.
El formulario contempla USD 1.860.000 en ingresos previstos: USD 1.600.000 en dinero y USD 260.000 en especie. El mismo valor consta como total de gastos presupuestados. La mayor asignación fue para material promocional e imprenta
Dentro de la sección de propaganda electoral, el presupuesto destina USD 1.598.000 a “elaboración de artículos promocionales, imprenta, reproducciones y similares”. Ese rubro representa aproximadamente el 85,9 % del total previsto.
Otros valores incluidos en el documento son:
El antecedente electoral incluye a los tres detenidos en el caso Laberinto. En la sentencia del 7 de abril de 2026, el juez Guillermo Ortega declaró una infracción electoral muy grave relacionada con el financiamiento político y la falta de transparencia en los fondos de campaña.
El fallo impuso una multa de 70 salarios básicos unificados y cuatro años de suspensión de derechos políticos a cada uno: Estefanía Molina, como responsable del manejo económico; Santiago Díaz, como jefe de campaña; y Luisa González y Andrés Arauz, como candidatos del binomio presidencial.
La sentencia también dispuso la cancelación de la inscripción del movimiento Revolución Ciudadana, Lista 5, y ordenó al Consejo Nacional Electoral que, una vez ejecutoriado el fallo, procediera a liquidar el patrimonio de la organización.
