jue 22 oct 2026
Gabriela Rivadeneira calificó de "secuestro" la detención de Luisa González y exigió su liberación inmediata. Anunciarán los detalles de la movilización.
El movimiento de la Revolución Ciudadana realizó una rueda de prensa tras la detención de Luisa González.
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Patricia Armijo - HOY
La Revolución Ciudadana (RC) convocará a movilizaciones para exigir la liberación de Luisa González, detenida la madrugada de este jueves 22 de octubre de 2026, en el marco del caso Laberinto, una investigación por presunto lavado de activos relacionada con el financiamiento de la campaña presidencial de 2023.
El anuncio lo hizo Gabriela Rivadeneira, durante una rueda de prensa en la sede de la organización política. La dirigente calificó la detención de González como un "secuestro", responsabilizó al Gobierno de Daniel Noboa y anunció que acudirán a organismos internacionales.
"Lo que ha pasado en esta madrugada nos convoca con extrema preocupación y urgencia. Es la integridad de nuestra dirigente, candidata presidencial Luisa González, la misma que ha sido secuestrada por este Gobierno", manifestó.
Rivadeneira aseguró que los abogados apenas habían recibido las primeras notificaciones del proceso y cuestionó que se investiguen hechos relacionados con los fondos de la campaña presidencial de 2023.
La organización política llamará a su militancia y a la ciudadanía a movilizarse en rechazo a la detención de González. Sin embargo, todavía no ha precisado la hora ni el punto de concentración. "Se invita también a la militancia, a la ciudadanía, a las y los indignados por esta situación, que estén pendientes de la convocatoria en las próximas horas", expresó Rivadeneira.
La dirigente señaló que, durante las primeras horas posteriores a la detención, desconocían el paradero exacto de González. Posteriormente, recibieron información de que estaba siendo trasladada a Quito. "Recién conocemos que está siendo trasladada a la ciudad de Quito y daremos la información exacta porque convocamos a la movilización de nuestra militancia y de la ciudadanía indignada", afirmó.
Rivadeneira anunció que la Revolución Ciudadana solicitará la intervención de organismos internacionales para denunciar lo que considera una persecución política contra sus dirigentes. "Hemos solicitado y estamos solicitando el accionar inmediato de organismos internacionales frente a este atropello", manifestó.
Entre las instancias mencionadas están la Organización de Estados Americanos (OEA), Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "No es algo aislado, es un tema sistemático", sostuvo.
La dirigente mencionó los casos de Jorge Glas, Aquiles Álvarez y Cristian Zamora, entre otros, como parte de sus cuestionamientos al Gobierno de Noboa. También aseguró que existirían amenazas contra al menos una decena de autoridades locales, algunas vinculadas a la Revolución Ciudadana y otras pertenecientes a diferentes organizaciones políticas. No ofreció detalles sobre esos señalamientos.
Rivadeneira sostuvo que los recursos utilizados durante la campaña presidencial de 2023 fueron justificados y que las sanciones económicas impuestas por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ya fueron canceladas. "Ustedes conocen de la campaña y fondos de campaña 2023, que además fueron totalmente justificados", afirmó.
Según la dirigente, los integrantes del binomio presidencial involucrados en el proceso electoral cumplieron con el pago de las sanciones. El caso Laberinto indaga el origen de los aportes y los gastos en publicidad de la campaña presidencial de 2023. Además de González, durante los operativos de este jueves fueron detenidos Santiago Díaz y Estefanía Molina.
Durante la rueda de prensa, Rivadeneira también acusó al Gobierno de utilizar los procesos judiciales para desviar la atención de los problemas que atraviesa el país. "¿Qué tan mal está el Gobierno de Daniel Noboa en este país? ¿Qué tanto rechazo tiene el pueblo que tiene que acudir a seguir secuestrando y apresando a las autoridades?", cuestionó.
Rivadeneira también denunció supuestos actos de tortura contra personas que su organización considera presos políticos y exigió garantías para la integridad de González.
