jue 22 oct 2026
Fiscalía investiga presuntas comunicaciones en que Aquiles Alvarez habría instruido pagos para gastos de campaña de Luisa González, en el Caso Laberinto.
Aquiles Alvarez y Luisa González posan en una reunión en Guayaquil. Ambos están relacionados en el Caso Laberinto.
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ArchivoLa investigación que lleva adelante la Fiscalía General del Estado sobre el financiamiento de la campaña electoral de 2023 en el llamado Caso Laberinto ha puesto bajo intenso escrutinio la presunta participación de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil que, actualmente, está detenido por otros tres procesos.
La excandidata presidencial Luisa González, aliada de Aquiles Alvarez, fue detenida el 22 de octubre por el Caso Laberinto.
De acuerdo con los elementos recabados por el Ministerio Público y publicados por El Universo, el entramado societario vinculado a Álvarez habría servido como canal para inyectar recursos económicos al margen de los reportes oficiales presentados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Mientras que los registros formales presentados por Estefanía Elizabeth Molina Freire —responsable del manejo económico de la campaña— declararon aportes lícitos por USD 201.361,11, la indagación fiscal destapó la existencia de un mecanismo paralelo.
A través de personas jurídicas, vinculadas al círculo societario de Aquiles Alvarez, se habrían canalizado, aproximadamente, USD 500.000. Estos fondos se habrían destinado de forma directa a la adquisición y contratación de publicidad electoral, omitiendo la verdadera procedencia y la identidad de los aportantes reales.
Una de las pruebas en esta línea de investigación apunta a presuntas conversaciones registradas el 26 de junio de 2023.
En dichos mensajes, un cooperador se habría comunicado con un contacto identificado en el expediente como “Aquiles Alvarez 1” para discutir el presupuesto global de la campaña, evaluando aportes entre USD 300.000 y USD 500.000.
Ante la consulta, el interlocutor habría fijado un tope máximo de USD 300.000 destinados a rubros específicos tales como brigadistas, camisetas y otros gastos proselitistas, impartiendo una directriz tajante: que dichos pagos se realizaran estrictamente en efectivo.
Esta instrucción de operar mediante dinero físico habría sido reiterada por el interlocutor tras la incorporación de los montos al presupuesto del cooperador.
Para las autoridades judiciales, estos intercambios constituyen una pieza fundamental para indagar el grado de intervención de Aquiles Alvarez en la definición del esquema financiero y en la modalidad operativa utilizada para cubrir los gastos de la campaña que antecedió a la segunda vuelta disputada por el binomio de Luisa González y Andrés Arauz.
