vie 23 oct 2026
La Fiscalía General del Estado solicitó prisión preventiva para Luisa González y otros implicados en el caso Laberinto por presunto lavado de activos.
Foto de la excandidata presidencial por la Revolución Ciudadana, Luisa González.
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Cuenta de X @LuisaGonzalezEc.
La Fiscalía General del Estado pidió prisión para Luisa González, Santiago Díaz y Wendy O., investigados por el delito de lavado de activos en el caso Laberinto. La audiencia que continúa la mañana de este 23 de octubre se dio una vez que el organismo analizó la documentación presentada por los procesados.
La solicitud se produjo durante la audiencia de formulación de cargos, en la que González defendió sus arraigos familiares y laborales ante el juez. La excandidata presidencial cuestionó los argumentos de la fiscal sobre sus viajes al exterior y aseguró que ha regresado al país después de sus salidas y que está dispuesta a defenderse ante la justicia ecuatoriana.
La excandidata publicó en su cuenta de X (antes Twitter) que su hijo estudia en Quito y que sus padres son adultos mayores con problemas de salud. También explicó que se desplaza entre Quito y Chone, en Manabí, porque su actividad laboral está en Chone, mientras que sus responsabilidades familiares la llevan a permanecer también en la capital.
González recordó que su casa fue allanada por primera vez el 28 de enero de 2026. Según manifestó ante el juez, después de ese procedimiento salió del país en varias ocasiones y regresó en todas ellas. También afirmó que retornó en abril, pese a las amenazas que atribuyó al ministro del Interior, Reimberg.
La detención de González ocurrió la madrugada del 22 de octubre de 2026 en Canuto, provincia de Manabí, durante un operativo relacionado con el caso Laberinto y la investigación sobre el financiamiento de la campaña presidencial de 2023.
Según la información difundida por la Fiscalía, la investigación busca determinar el origen de los recursos utilizados para financiar publicidad electoral entre mayo y agosto de 2023. La hipótesis fiscal apunta a que se habrían canalizado alrededor de 500.000 dólares mediante un entramado de personas jurídicas sin transparentar su procedencia ni la identidad de los aportantes.
Durante la audiencia, González también se refirió a los procesos fiscales que enfrenta. Aseguró que tiene cerca de 20 investigaciones, aunque precisó que serían 19, y sostuvo que se considera inocente y víctima de persecución política.
Sus declaraciones se producen en un contexto en el que también está vinculada al caso Caja Chica, una investigación distinta que indaga el presunto ingreso de dinero ilícito desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023. Mientras el caso Laberinto se centra en el presunto lavado de activos, el caso Caja Chica investiga una posible estructura de delincuencia organizada.
Tras su detención, González ya había cuestionado el procedimiento y calificado la situación política como insostenible en un pronunciamiento difundido en sus redes sociales. En esta ocasión, ante el juez, centró su intervención en sus arraigos y en su disposición a permanecer en Ecuador para defenderse. Al finalizar su intervención, la excandidata reiteró que enfrentará los procesos judiciales en el país y que exige garantías para ejercer su defensa.
