vie 23 oct 2026
La UAFE reportó más de USD 400.000 sin justificación identificada en el caso Laberinto, el 80 % recibido en dos meses, y compras de inmuebles pagadas de contado.
Luisa González, vinculada en el caso Laberinto, durante el cierre de campaña presidencial en 2025.
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Un intercambio sobre USD 500.000 para gastos de campaña, con instrucciones de pagarlos en efectivo, es uno de los elementos que el Gobierno señala dentro del caso Laberinto. Según José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, los mensajes involucran a un contacto registrado en un celular como “Aquiles Alvarez1”.
El funcionario expuso estos señalamientos en un video publicado la mañana del viernes 23 de octubre de 2026 en las cuentas de X de Neira y de la UAFE. En la grabación también intervino Ana Paula Patiño, directora general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, quien detalló las alertas financieras identificadas en el caso.
La investigación por lavado de activos está a cargo de la Fiscalía. En ese marco, explicó Neira, se produjo la detención de Luisa González para la respectiva formulación de cargos.
Neira relató que el 26 de junio de 2023, un cooperador de la investigación escribió al contacto identificado como “Aquiles Alvarez1” para preguntarle por un presupuesto global de campaña de USD 500.000.
Según su exposición, la respuesta indicaba destinar el dinero a brigadistas, camisetas y otros gastos, y realizar todos los pagos en efectivo.
El secretario sostuvo que esos mensajes forman parte de los elementos utilizados para investigar la posible participación de Alvarez en el financiamiento y pago de gastos electorales.
Además, señaló que la hipótesis de la Fiscalía apunta al ingreso de dinero en efectivo desde Venezuela que habría financiado la campaña presidencial de 2023 del binomio Luisa González y Andrés Arauz.
De acuerdo con Neira, esta línea de investigación alcanza a González y al menos otras ocho figuras vinculadas a la Revolución Ciudadana, y también menciona al expresidente Rafael Correa.
Patiño presentó los resultados de un análisis financiero correspondiente al periodo entre 2020 y 2026. Durante su intervención se refirió a una “principal persona analizada”, sin identificarla por su nombre.
Según la directora de la UAFE, se detectaron más de USD 400.000 en ingresos sin justificación identificada. El 80 % se recibió en apenas dos meses, mediante transferencias y depósitos en efectivo.
Las operaciones, explicó, fueron ordenadas por terceros sin una relación comercial, contractual o laboral que justificara las transacciones. Algunas de esas personas tenían perfiles económicos que no correspondían con los montos transferidos y habían recibido los recursos días antes de enviarlos a la persona analizada.
La mayoría de esas operaciones, afirmó, habría sido realizada por terceros de nacionalidad venezolana y colombiana.
La directora de la UAFE describió otras alertas. Una de ellas es que los valores facturados al principal cliente no coinciden con los montos transaccionados en el sistema financiero nacional.
También señaló una dinámica de intermediación financiera entre familiares, seguida de la conversión de fondos bancarizados en efectivo. Según explicó, ese mecanismo podría dificultar el seguimiento del origen y destino de los recursos.
A ello se suman adquisiciones de inmuebles pagadas de contado con dinero procedente de transacciones no justificadas. Patiño sostuvo que estos elementos deben examinarse en conjunto para establecer su justificación económica y las posibles responsabilidades.
La funcionaria también mencionó posibles vínculos entre personas jurídicas relacionadas con el entramado societario de Aquiles Álvarez y el financiamiento investigado, con interrogantes sobre el origen de los fondos y la identidad de sus aportantes.
Además, se refirió a denuncias sobre financiamiento ilegal, cobro de diezmos a integrantes de organizaciones políticas y pago de coimas a proveedores y contratistas, así como posibles conexiones con recursos ilícitos y estructuras del narcotráfico.
“El caso Laberinto debe esclarecerse con evidencia”, manifestó Patiño, quien señaló que la investigación debe reconstruir las operaciones e identificar las responsabilidades que puedan establecerse conforme a la ley.
