vie 23 oct 2026
En el caso Laberinto, Fiscalía señala transferencias de Ternape y cheques al portador para pagar publicidad y logística de la campaña presidencial de 2023.
Luisa González, vinculada en el Caso Laberinto, durante el cierre de campaña presidencial en 2025.
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La campaña presidencial de Luisa González de 2023 se habría financiado con aproximadamente USD 500.000 provenientes de actividades ilícitas relacionadas con la comercialización de hidrocarburos, según la tesis de Fiscalía en el caso Laberinto. El dinero habría circulado mediante transferencias de Ternape Petroleum S.A. a proveedores de publicidad y cheques al portador para pagar brigadistas, movilización y logística.
La institución expuso ese mecanismo en la audiencia en la que inició un proceso penal contra Luisa González, Santiago Díaz, Estefanía Molina y Wendy Onofre, por su presunta participación en lavado de activos.
La investigación se concentra en inconsistencias en el origen y la justificación de los aportes económicos, así como en gastos de publicidad electoral que no habrían sido reportados.
Según lo expuesto por Fiscalía, Estefanía Molina, responsable del manejo económico de la campaña, presentó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) 64 registros de aportes de personas naturales por USD 201.360.
Sin embargo, entre mayo y octubre de 2023 habría funcionado un mecanismo paralelo de transferencia, conversión y utilización de recursos de origen ilícito para financiar la campaña de Revolución Ciudadana, Lista 5.
En esas operaciones habría participado Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A., compañía vinculada al entorno empresarial de Aquiles Álvarez. De acuerdo con la exposición fiscal, tanto Álvarez como la empresa registran una sentencia condenatoria de primera instancia en el caso Triple A, por hechos relacionados con la comercialización ilegal de derivados de hidrocarburos.
Una de las modalidades investigadas consiste en pagos desde cuentas de Ternape a proveedores de publicidad electoral. Las proformas se habrían emitido a nombre del movimiento político, mientras que las facturas posteriores figurarían a nombre de la compañía.
Entre los elementos expuestos consta una comunicación del 18 de agosto de 2023 que habría instruido que una factura no incluyera la palabra “campaña”. Para Fiscalía, esa instrucción constituye un indicio de una posible intención de desvincular los pagos de su destino electoral.
La segunda modalidad habría sido el uso de cheques al portador, cuyo cobro habría permitido convertir recursos bancarios en efectivo para cubrir gastos de brigadistas, movilización y logística.
Fiscalía sostiene que ambas operaciones se habrían coordinado desde la estructura empresarial investigada. Al finalizar la audiencia, el juez acogió el pedido de Fiscalía y ordenó prisión preventiva para Luisa González, Santiago Díaz y Wendy Onofre.
Para Estefanía Molina, dispuso presentaciones periódicas tres días por semana, prohibición de salida del país y uso de un dispositivo de vigilancia electrónica.
