lun 09 nov 2026
Una ciudadana rusa deberá cumplir 24 meses de prisión y ofrecer disculpas públicas a la naturaleza y la comunidad de Galápagos.
Iguana marina de Galápagos (Amblyrhynchus cristatus), especie endémica del archipiélago.
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Guadalupe Aizaga / Diario HOY.
El caso de las 32 iguanas marinas de Galápagos terminó con una sentencia de 24 meses de prisión contra una ciudadana rusa, detenida en agosto de 2026 en el aeropuerto de Quito. La resolución incluye una multa, una reparación integral y disculpas públicas.
La decisión judicial también establece el pago de 3.210 dólares de multa y 90.444,63 dólares por reparación integral a favor de la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG). La condenada deberá presentar disculpas públicas a la naturaleza y a la comunidad, como parte de las medidas dispuestas por la autoridad judicial.
La sentencia se conoció el 9 de noviembre de 2026, mediante un boletín del Ministerio de Ambiente y Energía. La institución informó que la DPNG intervino durante la investigación y el proceso penal en calidad de víctima y acusadora particular.
El caso se remonta al 28 de agosto de 2026, cuando una ciudadana rusa fue aprehendida en la salida internacional del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Durante la revisión de su equipaje, las autoridades encontraron 32 iguanas marinas distribuidas en ocho recipientes de plástico.
Cada contenedor tenía cuatro ejemplares vivos de la especie Amblyrhynchus cristatus, que habían sido transportados sin las autorizaciones administrativas necesarias para su tenencia y movilización, según la información difundida por la Fiscalía General del Estado el 1 de septiembre de 2026.
La procesada, identificada por Fiscalía como Olga Gennadievna K. K., recibió prisión preventiva durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, realizada el 29 de agosto. El proceso se inició por el delito contra la flora y fauna silvestres.
La iguana marina es una especie endémica de Ecuador, es decir, su distribución natural está limitada al archipiélago. Su población está catalogada como vulnerable en la Lista Roja de los Reptiles del Ecuador y por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), de acuerdo con el organismo judicial.
Además, consta en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Esta clasificación establece restricciones especialmente estrictas para su comercio internacional y contempla excepciones sujetas a permisos específicos.
El proceso contra la ciudadana rusa tiene un antecedente reciente. El 29 de octubre de 2026, la Fiscalía informó sobre la sentencia de cuatro años de prisión contra tres ciudadanos tailandeses que fueron detenidos en mayo, en el aeropuerto de Guayaquil, cuando transportaban 12 iguanas marinas en sus maletas.
Nueve de esos ejemplares murieron durante las semanas posteriores al rescate, mientras que los tres sobrevivientes permanecieron en cuarentena y bajo atención especializada del Parque Nacional Galápagos.
Los tres sentenciados también recibieron una multa equivalente a diez salarios básicos unificados y una reparación integral de 400.000 dólares por cada persona. La Fiscalía sustentó la condena con informes investigativos, pericias, testimonios de agentes y documentación técnica del Ministerio de Ambiente.
El artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) contempla sanciones para los delitos contra la flora y fauna silvestres. La normativa incluye conductas como la captura, tenencia, transporte, comercialización y tráfico de especies protegidas, además de otras actividades relacionadas con su extracción y aprovechamiento ilegal.
La intervención de la Dirección del Parque Nacional Galápagos en estos procesos forma parte de las acciones institucionales para proteger los ecosistemas insulares. La entidad también mantiene medidas de conservación y control en las áreas protegidas del archipiélago, donde se desarrollan evaluaciones sobre las condiciones de los espacios naturales y su biodiversidad.
La conservación de estas áreas también se relaciona con las restricciones de acceso y las evaluaciones que realiza el Parque Nacional Galápagos. Tras las lluvias registradas a finales de octubre de 2026, la institución revisó varios sitios turísticos antes de autorizar su reapertura, como parte de las medidas de protección y seguridad en las islas.
