dom 08 nov 2026
Los decomisos se lograron entre enero y septiembre de 2026 en Los Ríos, Cotopaxi y Chimborazo. Los equipos, al parecer, se usaban para alertar a delincuentes sobre operativos policiales y militares.
Operación. En Guaranda, miembros de Fuerzas Armadas, retiraron dispositivos colocados sin autorización en postes de alumbrado eléctrico. (Foto: Ejército)
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Entre enero y septiembre de 2026 miembros de las Fuerzas Armadas, de la Brigada Patria de Latacunga, decomisaron al menos 110 cámaras de videovigilancia -que eran empleadas por grupos del crimen organizado- en operaciones militares efectuadas en las provincias de Cotopaxi y Los Ríos.
Las cámaras forman parte de una serie de objetos y dispositivos decomisados por los uniformados en sus acciones de control entre los que se cuentan: 203 revólveres y pistolas, nueve armas largas tipo fusil, 152 carabinas y escopetas. Hubo también 6.018 municiones, 123 alimentadoras, 10 chalecos antibalas y 39 armas blancas.
En el caso de las cámaras de videovigilancia, estaban colocadas en espacios públicos y sitios como postes de alumbrado público y no tenían autorización. El objetivo de esos dispositivos sería alertar a los delincuentes de la presencia de los uniformados, policías y militares, que ejercen acciones de control en sitios de alta complejidad en cuanto a seguridad.
Los retiros de dispositivos se han vuelto más frecuentes y también se han dado en espacios de ciudades como Guaranda, en Bolívar y en Riobamba, en Chimborazo, en donde miembros del Ejercito, en apoyo al ECU911, retiraron más de 50 cámaras no autorizadas que habían sido colocadas en vías principales y sectores estratégicos. En Los Ríos, un operativo del ECU911 permitió decomisar cámaras de seguridad colocadas en postes de alumbrado público en varios lugares de Vinces.
El general Fausto Salinas, excomandante de la Policía, dice que las cámaras de video vigilancia son herramientas indispensables en la seguridad moderna porque permiten monitorear diferentes espacios y porque mantienen registros de hechos y eventos. Además, pueden transmitir información que alerta a las autoridades sobre el cometimiento de hechos delictivos y con ello preparar una respuesta adecuada.
Sin embargo, esa tecnología que cada vez está al alcance de más personas se convierte en una herramienta también utilizada para por los grupos criminales que también buscan lo mismo, es decir, prevenir que sus espacios sean adoptados por bandas criminales enemigas, o también anticipar la presencia de las acciones de seguridad que realizan las instituciones del Estado como la Policía o las Fuerzas Armadas.
El experto en seguridad Diego Pérez no cree que haga falta regulación. Opina que existe normativa que no se cumple, pero sobre todo considera que lo que revela es justamente la serie de vacíos que se ha ido dejando progresivamente.
El analista insiste que es necesario mantener el tipo de operativos que se hacen para desmontar esas cámaras. Coincide en que es obvio que la existencia de cámaras incide en la forma como esas organizaciones están controlando por lo menos los seguimientos de lo que hacen los militares y los policías. Los instalan para ese fin.
El excomandante del Ejército Gustavo Acosta piensa que hay muchos factores que inciden en que, cuando los militares llegan a determinados sitios no encuentran evidencias o personas sospechosas. Acosta pone en evidencia que los grupos delincuenciales hacen uso de los medios tecnológicos disponibles para camuflar y gestionar ilegalidades.
Ellos, por ejemplo, disponen de drones, teléfonos satelitales, inhibidores de señal, cámaras de videovigilancia y la tecnología que puedan adquirir con su poderío económico. Pero no se quedan en tecnología, sino que tienen avionetas y submarinos.
Otro aspecto que puede afectar las operaciones que efectúan los uniformados es que los delincuentes tienen sus propios campaneros para conseguir información y proteger sus actividades ilícitas. Para eso usan a los menores de edad. Indica que los menores cuidan caletas, a secuestrados, rutas, líneas de abastecimiento.
Desde marzo de 2024 existe un decreto que faculta al ECU911 a regular, controlar y remover los sistemas de videovigilancia ilegales o no autorizados que apunten a espacios públicos. El Bloque de Seguridad, integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía realiza operativos para desmontar equipos instalados sin permiso en postes o infraestructura pública.
Parte de esos resultados fue el hallazgo y retiro de las 110 cámaras de seguridad colocadas en espacios públicos en donde ningún ciudadano o particular puede colocar cámaras a menos que cuente con una autorización formal de la entidad o empresa dueña de la infraestructura o un permiso municipal.
En las propiedades privadas, en cambio, sí pueden instalar cámaras de seguridad dentro de sus domicilios o predios privados, siempre y cuando estén orientadas exclusivamente hacia el perímetro de su propiedad y no graben la vía pública o las viviendas de terceros.
