dom 08 nov 2026
Con 321 barrios en riesgo, la erosión de quebradas y la falta de control municipal plantean un desafío para el futuro alcalde de Quito ante las elecciones 2026.
Elecciones 2026: Quebrada Caupicho, ubicada en el sur de Quito, 6 de noviembre de 2026.
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Francisco Moreno / Diario HOY
Quito se despliega sobre una topografía compleja, atravesada por quebradas cuyos cauces han sido alterados por décadas de crecimiento urbano descontrolado. De ahí surge un problema que avanza lento, pero sin solución rápida: las viviendas levantadas junto a quebradas que se erosionan y ceden. Otro de los pendientes que deben abordar los candidatos a la alcaldía en las elecciones 2026.
Hasta octubre de 2026, los registros oficiales de la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos contabilizan 787 quebradas abiertas a lo largo del territorio capitalino. De ese total, 105 presentan factores de riesgo activos —asentamientos humanos al borde del talud, taponamientos y desvíos de cauces— que comprometen la seguridad de las viviendas de 321 barrios considerados susceptibles a inundaciones y movimientos en masa.
La combinación del invierno (intensificado este 2026 con la llegada del fenómeno de El Niño), con la creciente impermeabilización del suelo urbano ha acelerado los procesos erosivos.
Mientras el caudal de agua que desemboca en los colectores naturales aumenta significativamente en cada temporada lluviosa, cientos de familias son testigos de cómo el terreno cede bajo los cimientos de sus viviendas, dejando algunas parcialmente colgadas en el vacío y, otras que se acercan a ese destino.
En el extremo norte de la capital, en la parroquia rural de Pomasqui, los efectos de la erosión hídrica y eólica son evidentes al circular por la extensión de la avenida Simón Bolívar. A lo largo del cauce del río y sus laderas áridas, el viento seco y las crecidas intempestivas han socavado los taludes, destruyendo la franja de protección natural.
En el sector de El Común, una vivienda ya perdió más de la mitad de su estructura tras el desplome del terreno. Ahora, los restos de la edificación permanecen abandonados sobre el borde del precipicio.
Patricia Carrillo, directora metropolitana de Gestión de Riesgos del Municipio de Quito, detalló que en ese sector hay dos casas que se encuentran en un proceso de expropiación. Los habitantes fueron evacuados antes de que el terreno colapsara por completo y permanecen con familias de acogida. Son estructuras deshabitadas que están bajo monitoreo.
En el sector sur de la capital, cerca de 80 viviendas del barrio Valles del Sur se alinean al borde de la quebrada Caupicho, justo sobre el desfiladero.
Hace décadas —aseguran vecinos como Luis Fernando Páez, coordinador de la brigada del Valle del Sur— esa franja de retiro llegaba a los 25 metros. Hoy son menos de cinco los que separan las paredes de las casas del precipicio.
Páez denuncia que la quebrada se ha transformado en una alcantarilla que recibe aguas servidas e industriales. El desgaste continuo del talud ha obligado a los vecinos a colocar plásticos sobre la tierra para tratar de evitar que el agua de lluvia aumente el peso del suelo y provoque desprendimientos masivos:
Guillermo Paredes y su esposa construyeron una vivienda en el sector hace 25 años. Hoy, a sus 70 años de edad, Guillermo cuenta que vive a solo cinco metros de la quebrada y que, cada vez que llueve, resulta “imposible conciliar el sueño” ante el temor de que la montaña ceda.
Por la falta de atención de las autoridades municipales, tres familias del sector contrataron maquinaria pesada para enterrar grandes rocas a 4 metros de profundidad. ¿Su objetivo? Sostener temporalmente la base del talud.
Sin embargo, Guillermo lamenta que, cuando intentaron construir muros de hormigón para proteger sus predios, inspectores municipales les impusieron multas económicas por realizar obras sin licencia en zona protegida.
Según Karina Román, docente e investigadora de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), la vulnerabilidad de las laderas de Quito responde a una cadena de fallas que involucra la planificación pública, la construcción informal y la falta de estudios geotécnicos.
La docente explica que el proceso de urbanización acelerado ha impermeabilizado la ciudad con capas de asfalto y hormigón, impidiendo que el agua de la lluvia se filtre de forma natural al subsuelo. Como consecuencia, el volumen hídrico se traslada hacia los colectores y quebradas, multiplicando la fuerza de arrastre de la corriente.
Román asegura que, aunque la normativa metropolitana exige retiros de seguridad de entre 6 y 15 metros según la pendiente del talud, la proliferación de viviendas informales sin asesoría técnica agrava el riesgo estructural. A esto se suma la falta de control por parte del municipio.
La normativa metropolitana tiene distintas herramientas de control sobre el suelo de protección en cauces hídricos:
La Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos dice que la expropiación por declaratoria de utilidad pública se aplica como último recurso administrativo cuando las viviendas tienen una exposición extrema y riesgo no mitigable.
En casos como la quebrada Carretas, ubicada en el sector de Carapungo, en el norte de Quito y en dónde también existen familias en riesgo, el Municipio dice que ha expropiado inmuebles informales de 3 y 4 pisos para proceder a su derrocamiento, reduciendo la carga de peso sobre el talud y construyendo disipadores de energía hidráulica para dar paso a la regeneración ambiental.
Mientras tanto, las familias esperan que el invierno no se lleve su patrimonio, que el Municipio les dé una solución, antes de que sea inevitable.
