jue 22 oct 2026
Previo a las elecciones 2026, la falta de control al comercio, mendicidad y el consumo de alcohol cerca a universidades son los principales pendientes del Municipio de Quito.
Elecciones 2026: Personal de la Policía Nacional y del Municipio de Quito en un operativo de control, 18 de octubre de 2026.
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Municipio de Quito
La seguridad en Quito se convirtió en un terreno de disputa entre autoridades. Mientras la Policía Nacional identifica algunos nudos críticos de competencia municipal que limitan su operatividad; la alcaldía ve justificaciones sociales, como el desempleo y la presencia de 14.000 comerciantes informales sin regularizar. Un eje que deberán abordar los candidatos a alcalde en las elecciones 2026.
Pero, detrás de esta pugna institucional existen historias ciudadanas que transitan por zonas que se han vuelto vulnerables en el Distrito Metropolitano de Quito. Existen delitos que son responsabilidad de la Policía Nacional como los robos, asaltos, homicidios, extorsiones, etc.
Últimamente han salido a la luza casos de aturdimiento con escopolamina y robos al paso en entornos universitarios y comerciales se han convertido en parte de la rutina de los habitantes.
En cifras de la Policía Nacional, en Quito el robo a personas es el delito más cometido en el 2026, abarca el 47,81% de toda la delincuencia de la capital con 4.664 denuncias, concentrándose el 32,75% de la actividad delictiva en el distrito Eugenio Espejo, en el corazón comercial de la ciudad, con 3.195 eventos.
Pero, también existen temas de seguridad que serían responsabilidad municipal como las zonas donde estudiantes consumen alcohol cerca de centros universitarios, el orden de las ventas ambulantes y la atención a personas en situación de calle, hechos que la Policía llama como los nudos críticos para su gestión.
Según la Policía Nacional el combate al crimen organizado en Quito tropieza diariamente con problemas de convivencia e infraestructura urbana que exigen el despliegue desmedido de uniformados.
Germán León, comandante (s) de la Zona 9 de la Policía Nacional, explicó que la institución cuenta con 7.000 servidores policiales distribuidos en la capital. Pero, a diario reciben llamadas para retirar a cerca de 1.000 habitantes en situación de calle en el centro y centro-norte, algunos vinculados a delitos de oportunidad, obligando a movilizar patrulleros y escuadras de motorizados de forma reiterada para retirarlos de las vías.
Otro de los principales frentes de desgaste policial se localiza en los alrededores de las instituciones de educación superior, como la Universidad Central —en los sectores de la avenida América (centro) e Itchimbía (facultad de Medicina)—, así como en el cuadrante de las universidades Católica, Salesiana y Politécnica Nacional.
Sobre este tema, el mando policial demanda mayor control municipal al uso de suelo y a los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas a estudiantes.
La mañana del 20 de octubre de 2026 Diana (nombre protegido) se reúne con sus amigos, con quienes compran seis cartones de vodka de cartón, cuesta 1,50 dólares cada uno y cuenta que han cambiado constantemente el lugar de reunión para evadir controles de la Policía Nacional. El grupo de siete personas tiene el licor oculto en las mochilas, en fundas negras y lo sacan solo para servir en un vaso plástico, mientras levantan la mirada para asegurarse de que no llegue ninguna autoridad.
Decidieron reunirse en la esquina de las calles Juan Murillo y Jerónimo Carrión, a este punto le llaman "El Parqueadero", también tienen otros lugares como "La Piñatería" y "Las Alfombras", todas cerca de la Universidad Central, en el centro de la capital. Ya dejaron la famosa "Piedra", porque "es muy visible".
León dijo a Diario HOY que el sistema de emergencia ECU911, en un periodo de tres meses, registró más de 506.000 llamadas en Quito, lo que representa una media diaria de 1.800 auxilios.
Según la lógica policial, el uso de patrulleros para atender disputas domésticas y retirar los consumidores de licor y otras sustancias cerca de centros universitarios resta presencia preventiva en los 259 subcircuitos de la capital, entorpeciendo la persecución de bandas dedicadas a la extorsión y al robo violentos.
Frente a los cuestionamientos de la fuerza pública, la autoridad municipal deslinda responsabilidades en el combate directo al delito y culpa a barreras legales en la atención social.
El secretario general de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, Gustavo Chiriboga, dijo que la Policía combate el delito mientras el Municipio atiende la convivencia, recordando que existen impedimentos constitucionales para obligar a los habitantes de calle a permanecer en centros de acogida contra su voluntad, pese a un despliegue diario de las brigadas "Buenos Días" y "Buenas Noches" con el Patronato San José.
Estas brigadas llegan al lugar tomado por habitantes en situación de calle, les ofrecen comida y un lugar para dormir, pero no les pueden obligar.
Respecto al desorden en el espacio público y la proliferación de ventas ambulantes en sectores estratégicos como La Marín, San Roque, El Tejar, en el centro, El Pintado, la J, en el sur, y Cotocollao, en el norte, la administración municipal sostiene que el fenómeno no debe criminalizarse de forma automática. Es decir, piden no vincular el desorden con la inseguridad de manera directa, pero no responden por el desorden.
En el Distrito Metropolitano de Quito existen más de 22.000 puestos de comercio autónomo frente a solo 6.000 permisos regularizados, lo que deja a cerca de 14.000 vendedores informales operando sin autorización debido a la falta de capacidad física de la ciudad para absorber la demanda laboral.
Chiriboga respondió que, para contener la percepción de inseguridad en el casco colonial, el Municipio instaló Puestos de Mando Operativo (PMO) en La Basílica, Plaza del Teatro, la 24 de Mayo y El Panecillo.
Agregó que la percepción de inseguridad en el Centro Histórico pasó del 66% en 2023 al 53,7% en 2026. También dijo que la responsabilidad del control del comercio requiere soluciones de empleo de alcance nacional y no solo sanciones disuasivas.
Daniel Pontón, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), sostiene que la ciudad requiere una verdadera estrategia de gobernanza que supere el cruce de acusaciones entre el Municipio y el Gobierno Nacional. El especialista enfatiza que la respuesta a los problemas de convivencia y delincuencia no radica en la represión policial ni en armar a los agentes controles municipales, sino en la prevención situacional, el orden del espacio público y la articulación técnica.
Según Pontón, el uso de alcohol y el desorden urbano actúan como activadores de violencia, por lo que la gestión municipal de los entornos es un factor determinante para devolver la seguridad a las calles.
Al analizar los nudos críticos en los entornos universitarios, como la "piedra" en la Universidad Central, el experto señala que intentar cercar los espacios o aplicar medidas puramente represivas suele exacerbar los enfrentamientos entre los jóvenes y la Policía.
En su lugar, propone una alianza estratégica entre la autoridad universitaria, el Municipio y la fuerza pública para transformar esos puntos en corredores culturales y regulados. Para Pontón, la clave no es prohibir el uso del espacio público, sino ordenarlo y dotarlo de oferta cultural para que la propia ciudadanía se apropie del entorno y cuide su seguridad.
El debate entre ambas instituciones ocurre en medio de una marcada contradicción entre las cifras de denuncias y la experiencia de los habitantes en las calles. Según la Policía Judicial, Quito registró 9.756 delitos entre enero y septiembre de 2026, lo que representa una disminución del 20,39% respecto a los 12.254 casos de 2025.
Sin embargo, la Encuesta de Percepción Ciudadana 2025 de la iniciativa Quito Cómo Vamos revela que el 83% de los quiteños ubica a la inseguridad como el mayor problema que afecta su calidad de vida, mientras que el 50% de la población se siente insegura en parques y calles, y un 32% afirma haber sido víctima directa del delito en el último año.
El estudio de Quito Cómo Vamos sostiene que el 80% de los delitos sufridos por los encuestados fueron asaltos en la vía pública y un 59% se cometió con uso de armas.
Según dicha encuesta el 74% de las víctimas optó por no denunciar el hecho ante las autoridades y un 85% de la ciudadanía aprueba el castigo por mano propia.
De miras a las elecciones seccionales pactadas para el 29 de noviembre de 2026, los candidatos a la silla municipal deberán responder sobre la capacidad municipal para ordenar el espacio público, controlar el expendio de alcohol y brindar alternativas sociales a los sectores más vulnerables de la capital.
