mar 27 oct 2026
El Caso Laberinto indaga un presunto lavado de activos y desvío de fondos empresariales, con la versión de un exgerente vinculado a los hermanos Alvarez.
Vista de los exteriores de la cárcel de Riobamba, el 23 de octubre de 2026, donde está detenida la excandidata presidencial, Luis González.
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La versión de José Cevallos en el Caso Laberinto fue significativa para que la Fiscalía desenrede una trama de posibles aportes, posiblemente irregulares, de parte de las empresas de Aquiles Alvarez a la campaña de Luisa González, de la Revolución Ciudadana en 2023.
El delito investigado en el Caso Laberinto es posible lavado de activos. El caso se denominó Laberinto y por el momento se procesa a Luisa González, Estefanía Molina, Wendy Onofre y Santiago Díaz. Tres recibieron prisión y Molina medidas alternativas. González fue recluida en la cárcel femenina de Riobamba, en Chimborazo.
El 19 de octubre de 2026, cuatro días antes del operativo en el Caso Laberinto en el que se detuvo a la excandidata presidencial Luisa González, José Cevallos rindió una versión ante la fiscal de Administración Pública N° 4 de Pichincha, María Belén Luna. 10 meses antes de dar su testimonio entregó a ese organismo dos celulares (un iPhone 15 Pro y un iPhone 11) y una portátil Lenovo ThinkPad que fueron sometidos a peritaje e ingresados bajo la cadena de custodia 8904-2025. Según su versión, habría sido gerente financiero (de hecho) del conglomerado empresarial de los hermanos Aquiles, Xavier y Antonio Alvarez. Es testigo protegido de la Fiscalía en el Caso Goleada.
Fue tras la extracción de la información de los teléfonos en el Caso Goleada que se encontraron los chats con la trama de la supuesta desviación de fondos y el aporte a la campaña de la Revolución Ciudadana. Eso dio origen a las diligencias por presunto lavado de activos en el Caso Laberinto.
Según la información del expediente del Caso Laberinto en los cuerpos seis y nueve, fojas 574 a 576 y 866 y 874, él habría trabajado en relación de dependencia con el grupo Alvarez en tres empresas desde el 16 de junio de 2021 hasta el 31 de agosto de 2024. Ellas son:
Según el testimonio, se encargaba de hacer el seguimiento del flujo de caja y la salud de las cuentas por cobrar y por pagar del grupo empresarial. Pero aclaró que, aunque sus jefes lo habrían denominado "Gerente Financiero", él no tenía un contrato formal con ese cargo. Por eso, las decisiones estratégicas habrían sido tomadas por los hermanos Alvarez. En el expediente se habría descubierto un posible financiamiento no declarado y triangulación monetaria.
Así, a finales de junio de 2023, la asistente de Aquiles Alvarez en sus empresas y posterior asistente de Alcaldía de Guayaquil habría contactado a Cevallos a través de WhatsApp para informarle que, por disposición de Alvarez, Ternape S.A. debía asumir el pago de gastos de la campaña de Luisa González.
Según dijo el testigo protegido a la Fiscalía, por mensaje de WhatsApp, Alvarez habría confirmado la asignación de unos 300.000 dólares para la campaña el 26 de septiembre de 2023, a las 11:30. Era un máximo para “brigadistas y rubros de camisetas y huevadas... Eso paguemos en efectivo".
De acuerdo con los informes de la ULCO de la Policía, la cifra total de los aportes atribuidos a las empresas de Alvarez a la campaña de Luisa González en 2023 sería de 725.933 dólares.
En la versión incorporada al expediente se señala que las proformas e instructivos de pago eran canalizados desde la Revolución Ciudadana (RC) en el grupo "Coordinación Segmento Naviero" por la asistente asignada a la persona cercana al alcalde y afiliada a Anavisa S. A. Esa información consta en el iPhone 15 Pro del testigo protegido. Ella reenviaba, según los documentos, proformas de publicidad emitidas a nombre de "Revolución Ciudadana" o "RC".
Aprobada la proforma por Alvarez, según la versión, Ternape hacía la transferencia al proveedor. Luego, el proveedor emitía la factura definitiva cambiando la razón social en nombre de Ternape Petroleum S. A. para eliminar la vinculación con RC, pero manteniendo la descripción y cantidad de los productos.
De acuerdo con los indicado por el testigo protegido, la contadora de Ternape, habría verificado que los productos fueran congruentes con el RUC del emisor. Eso, aunque, según la versión, la adquisición de 200.000 cuestionarios o 400.000 stickers por alrededor de 100.000 dólares con 911SOCIETY SAS era incompatible con el giro de negocio de una distribuidora de combustible naviero. Pero, se registraba como gasto operativo de la naviera.
En otro grupo de WhatsApp, "Pagos Cierre Campaña Luisa", el representante de Monowave S.A.S. habría hecho seguimiento a los pagos para el cierre de campaña. Y por ese concepto Ternape le habría cancelado unos 50.000 dólares, con el conocimiento de la contadora.
Según la versión del testigo protegido, entre julio y agosto de 2023, Wendy Onofre habría solicitado por WhatsApp cheques al portador de Ternape para cobrar en efectivo para gastos no facturables. Por un inconveniente en agosto de 2023 con seis cheques sin beneficiario registrado, habría recibido efectivo producto de las ventas diarias de la estación de servicio de Copedesa en Guayaquil.
Aparentemente existirían conexiones. Por ejemplo se cita que Onofre habría trabajado con quien luego de la campaña a la Alcaldía de Aquiles Alvarez, habría sido nombrado director de Aseo Cantonal y luego presidente de Segura EP, como jefa de Gestión Administrativa de Aseo Cantonal. Según lo mencionado por el testigo se habrían ejecutado los giros y transferencias desde las cuentas corrientes de Ternape en seis entidades del sistema financiero nacional.
El efectivo se habría trasladado desde el Municipio de Guayaquil a Copedesa. Dos colaboradores del alcalde Alvarez habrían revelado que “los fondos provendrían de cobros de comisiones/diezmos a contratistas por la adjudicación de contratos en la estructura municipal”, según el testigo.
En el expediente el nombre de Aquiles Alvarez aparece en no menos de 10 ocasiones. Sin embargo, no figura entre los investigados y no ha sido procesado. Su defensor Julio César Cueva cree que si le dan protagonismo judicial a Luisa González es “porque quieren afectar la campaña general contra la RC". Pero, no descarta que, posiblemente, más tarde podrían tratar de vincular a su defendido al caso.
