En el Caso Laberinto, el pago de brigadistas, camisetas, financiar material promocional, propaganda, brandeo de vehículos, producción audiovisual y eventos habría sido el destino del dinero atribuido al alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez como aporte para de campaña de Luisa Gonzáles y Andrés Arauz, en 2023. Lo expuso la fiscal del caso María Belén Luna en la audiencia de formulación de cargos por presunto lavado de activos que se realizó desde la noche del 22 de octubre hasta pasado el mediodía del viernes 23 de octubre de 2026.
La excandidata correísta Luisa González recibió prisión preventiva en el expediente por el Caso Laberinto que investiga la Fiscalía. La tarde de este viernes 23 de octubre de 2026 se esperaba la llegada de González a la cárcel de Riobamba, en Chimborazo. La instrucción fiscal del caso se extenderá por 90 días. Durante la audiencia que se realizó en la Unidad de Flagrancia en Quito, la fiscal hizo una exposición detallada de los elementos de convicción y una relación de los recursos y el destino en la campaña electoral en la que participaron González y Arauz por la Revolución Ciudadana.
La instrucción sobre el pago de gastos era que se cancelen en efectivo
Los recursos atribuidos al alcalde Aquiles Álvarez se utilizaron para el pago de brigadistas, camisetas y otros gastos, con la instrucción de que fueran cancelados en efectivo. Con esas coordinaciones, según la fiscal, se habría organizado un mecanismo de circulación de recursos de origen ilícito mediante dos modalidades de operaciones financieras:
- La gestión de transferencias bancarias desde las cuentas de Ternape hacia proveedores de publicidad electoral.
- La emisión de cheques girados al portador desde las cuentas bancarias de Ternape S.A. El procedimiento habría permitido convertir recursos bancarios de Ternape en dinero en efectivo, para el pago de brigadistas, movilización, logística y otros gastos de campaña del binomio González-Arauz.
Empresas vinculadas con Aquiles Álvarez aparecen en el radar del Caso Laberinto
En la primera modalidad se cita a 911Society S.A.S. (Esposa de David Dieb, procesado caso lavado de activos denominado La Reina) y Monowave S.A.S. (empresa de Xavier Kayser Guzmán quien habría mantenido un vínculo laboral con Álvarez, sentenciado en caso Triple AA) para financiar material promocional, propaganda, brandeo de vehículos, producción audiovisual y eventos de campaña, en los que la Fiscalía dice que se evidencia la participación conjunta de Álvarez y González. Eso consta en el acta de la audiencia de formulación de cargos cuyo Zoom fue restringido solo a las partes.
La fiscal dijo en la audiencia que en esas operaciones se identificaron proformas en nombre de la Revolución Ciudadana, pero, la documentación posterior registró facturas emitidas a nombre de Ternape Petroleum S. A. a pesar que los servicios contratados estaban relacionados con actividades electorales y no con la actividad comercial propia de la compañía.
Para la fiscal, esa circunstancia adquirió relevancia al relacionarse con una comunicación del 18 de agosto de 2023 en la cual se instruyó expresamente que la factura no debía contener la palabra «Campaña». Algo que para ella es “un indicio de una posible intención de desvincular documentadamente los pagos empresariales de su destino electoral, es decir, impedir la determinación real de la naturaleza de los activos un indicio de una posible intención de desvincular documentadamente los pagos empresariales de su destino electoral, es decir, impedir la determinación real de la naturaleza de los activos
”.
En el caso de la emisión de cheques al portador
Para la Fiscalía, esas operaciones económico-financieras habrían sido coordinadas desde la estructura empresarial investigada. Intervino una persona para la tramitación de proformas, facturas y solicitudes de transferencia, otra en la coordinación de requerimientos y gastos electorales y la tercera era Wendy Onofre, jefe de Gestión Administrativa en la Dirección de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales, en la gestión de entrega y cobro de cheques a través de la utilización de terceros que serían conocidos como 'mulas financieras'.
Las funciones de ellas se habrían realizado desde el Municipio de Guayaquil. La fiscal expuso en la audiencia que, de corroborarse con los elementos de convicción recabados, se establecería una posible articulación entre la estructura empresarial investigada, funcionarios municipales y las operaciones económicas destinadas presuntamente al financiamiento de actividades electorales.
¿Cuál es el origen del Caso Laberinto?
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) presentó un oficio para que se investiguen las posibles inconsistencias sobre el origen y sustento de los aportes y los gastos de publicidad electoral no reportados durante el financiamiento de la campaña presidencial de la Revolución Ciudadana en 2023.
¿Quiénes son los investigados?
La Fiscalía inició una investigación previa e identificó la posible participación de Estefanía Molina responsable del manejo económico de la campaña electoral ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). La información corresponde a 64 registros de aportaciones de personas naturales por 201.360.21 dólares, aportes en efectivo. Santiago Díaz fue jefe de la campaña electoral. Andrés Arauz y Luisa González, candidatos a vicepresidente y presidenta, beneficiarios de los recursos mencionados.
¿Cuál es la presunción de la Fiscalía?
De acuerdo con los elementos recopilados por la Fiscalía en la investigación se advierte, que paralelamente a los aportes declarados ante el CNE, se habría desarrollado un mecanismo de financiamiento durante el calendario electoral (mayo-octubre 2023) mediante la transferencia, conversión y utilización de recursos económicos presuntamente provenientes de actividades ilícitas relacionadas con la comercialización de hidrocarburos.
La Fiscalía cree que en ese mecanismo habría participado de forma directa la empresa Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S. A, compañía vinculada al entorno empresarial del alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez, con sentencia condenatoria de primera instancia en el Caso Triple A, por hechos relacionados con la venta ilegal de derivados de hidrocarburos.
¿Cuál fue la participación de la empresa relacionada con Álvarez?
La Fiscalía menciona que, según comunicaciones telefónicas extraídas, el 25 de junio de 2023 un asistente del alcalde de Guayaquil habría dispuesto que los gastos de la campaña de Luisa González fueran remitidos a TERNAPE para su pago. Al día siguiente, en una conversación atribuida a Álvarez, se habría establecido un presupuesto máximo de gasto de 300.000 dólares.
La fiscal dijo que, de los elementos recabados se advierte que en las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas del 2023, se habría utilizado una estructura empresarial vinculada a la comercialización ilegal de hidrocarburos para transferir, convertir, administrar y utilizar recursos de presunto origen ilícito, mediante pagos a proveedores, emisión de cheques y operaciones comerciales destinadas al ocultamiento del financiamiento de actividades electorales.
De estas operaciones se habrían beneficiado de forma directa los candidatos auspiciados por el movimiento Revolución Ciudadana a través de publicidad, propaganda y eventos de campaña, mientras que los responsables de la gestión económica habrían intervenido en la administración, participación y canalización de dichos recursos.
