jue 29 oct 2026
El experto colombiano, Hugo Acero, advierte que la democracia se ve amenazada por el financiamiento de partidos políticos con dinero del crimen organizado.
Collage sobre el riesgo de la democracia por la financiación de partidos políticos con dinero del crimen organizado.
FOTO
Imagen generada con IA
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, aseguró que se han identificado al menos tres partidos políticos con financiamiento del narcotráfico y grupos de crimen organizado. No dio detalles al respecto, ni mencionó a las organizaciones políticas presuntamente involucradas con ese financiamiento ilegal.
Aunque no es la primera vez que en Ecuador se habla de nexos entre la política y el crimen organizado, las declaraciones del presidente Noboa reavivan un problema que aqueja a América Latina y que podría estar instalándose en Ecuador.
El colombiano experto en seguridad, Hugo Acero Velásquez, aborda vía temática con Diario HOY, el panorama regional y las experiencias comunes de Colombia y Ecuador frente al presunto financiamiento de partidos políticos con dinero del narcotráfico y del crimen organizado.
No puede uno generalizar que los partidos se están financiando con dinero del narcotráfico. Algunos candidatos lo hacen. Desafortunadamente, algunas personas, miembros de distintos partidos, terminan recibiendo recursos de organizaciones criminales para sus campañas políticas.
Inclusive se han dado casos de personas vinculadas al crimen y a la delincuencia que se lanzan como candidatos y que participan de la vida política. De manera particular, a estos grupos les interesa tener un control político. Pues otra era la época en donde delinquían y la cosa política estaba como alejada.
Hoy realmente necesitan tener algún control sobre determinados poderes políticos. No lo hacen solamente con alcaldes, con gobernadores, lo hacen también con congresistas, lo hacen con servidores públicos de seguridad y justicia, que terminan siendo corrompidos por estos delincuentes. Lo que buscan al dar recursos a campañas políticas y actividades políticas es tener mayor control político en los territorios donde operan, para que haya impunidad.
Por eso digo, en algunos casos financian a políticos, en otros casos algunos de ellos se lanzan como políticos.
Voy a comenzar con los niveles de corrupción a servidores públicos, particularmente de la fuerza pública, llámese militares, policías, pero también de justicia, buscan primero que no los persigan, que la justicia no opere, y, recibir información de primera mano sobre posibles operativos o acciones de la justicia.
Lo segundo es recursos destinados a apoyar a algunos políticos del Legislativo o del Ejecutivo, y con eso lo que buscan es neutralizarlos. Invirtiendo esos recursos, corrompiendo y apoyando candidatos para lograr que las leyes que se tramitan en el Congreso no terminen perjudicándolos a ellos. Pero además tener un aliado político que en algún momento lo pueda defender.
Si una campaña política a alcalde, gobernador o presidente recibe financiación de organizaciones criminales, esos recursos y con esos diálogos se convierten en información que el crimen puede usar para chantajear al funcionario electo. Así, cunado ellos decidan enfrentar a estos criminales, le sacan la grabación o le sacan los diálogos que tuvieron anteriormente y los limitan en su accionar.
El riesgo más grande es la pérdida de democracia, de libertad, es la pérdida del juego político democrático. Porque ellos van a presionar y amenazar para limitar su accionar.
También pueden corromper a ministros de justicia, de defensa u otros ministros que podrían intervenir en la lucha contra la criminalidad. Eso limita la acción del Ejecutivo y desde luego limita la acción del Legislativo, y lo peor de esto que al final del día es un Estado cooptado.
Con ese nivel de corrupción puede darse un nivel de cooptación del Estado por parte de las organizaciones criminales para su beneficio criminal, para sus rentas criminales, para poder desarrollar sus actividades criminales sin ser juzgados, perseguidos o condenados.
Hemos estado muy cerca de eso, desafortunadamente. En Colombia se conoció como la narcopolítica, a comienzos de siglo ni siquiera fueron las instituciones del Estado las que destaparon eso, fueron unos periodistas y unos analistas que comenzaron a esculcar, a mirar y comenzaron a mirar las relaciones que existían entre distintos miembros del Congreso y organizaciones paramilitares y dedicadas al narcotráfico.
Y eso llevó a que más de 60 congresistas estuvieran investigados y algunos terminaran en la cárcel.
Esa es la lógica de la democracia, también de una sociedad civil activa que vigila el comportamiento de sus líderes políticos y de la gente que los representa en los distintos cargos. Yo creo que eso es muy importante, no es solamente la acción de la justicia, sino también de una sociedad civil y los medios de comunicación que comienzan a destapar este tipo de escándalos.
El peligro es que si eso avanza podría haber un narcoestado en donde la libertad de prensa está en juego, un periodista que cuestione y que muestre las relaciones entre crimen y política, pues es un periodista que puede terminar amenazado y en algunos casos, como ha sucedido, asesinado.
Igual sucede con los políticos que se han atrevido a denunciar estos hechos. Algunos de ellos en Colombia han matado candidatos presidenciales, han matado jueces, fiscales, en fin, gente que se atreve a hacer su trabajo, ni siquiera a retar, sino a hacer el trabajo que les corresponde y descubrir la verdad.
Pues coloquemos dos ejemplos, uno colombiano en donde una campaña presidencial como la de Ernesto Samper recibió apoyo del cartel de Cali, recursos en bolsas y en cajas recibió financiación para su campaña. Ahí ya tenemos a la principal cabeza que es el Presidente de la República elegido con recursos del narcotráfico. Eso llevó a que su gobernabilidad no fuera tan buena, porque lo único que hizo fue defenderse de esas acusaciones.
Está Juan Orlando Hernández en el caso de Honduras, que terminó siendo extraditado por narcotráfico. Un Presidente de la República que recibió recursos del narcotráfico y se enriqueció con recursos del narcotráfico. Y desde luego hay señalamientos de distintas campañas que han recibido recursos o que han buscado apoyos de criminales.
En Colombia pues lo más reciente es lo que se le acusa al presidente Gustavo Petro del famoso pacto de la picota. El Presidente de la República yendo a las cárceles a negociar no se sabe qué, pero buscando el apoyo de los criminales. Eso está ahí y es investigado.
Esa cercanía de algunos mandatarios y de algunos políticos con la criminalidad, no ha sido extraña en la región. Hay muchos casos, Venezuela y el Cartel de los Soles, la vinculación de Maduro y de Chávez con criminales colombianos, el paso de droga por Venezuela, con la anuencia de militares y de policía, en fin, ejemplos hay muchos.
Una medida extrema, aunque en nuestros países no hay suficientes recursos, es que sea el Estado el que financie las campañas. Que el recurso que se invierta en las campañas no sea más de aquel que se les ha entregado por parte del Estado.
Lo otro es que sí existe, es control coyuntural y posterior de los gastos de las campañas. Pero en algunos casos se dan las mañas como para no presentar toda la contabilidad, ni los recursos, ni de dónde lo recibieron. Hay mucho juego por debajo y le corresponde a la Fiscalía y a los jueces hacer esos análisis para evitar que dineros del narcotráfico, minería ilegal y de la criminalidad terminen influyendo en la democracia.
Es que si uno mira las campañas es una cosa de locos. O sea, millones y millones de dólares que se invierten y uno dice pero invierten tanto para ganar cuatro años de un salario que en cuatro años no equipara a lo gastado.
A veces ese tipo de organizaciones o los organismos estatales que hacen vigilancia son los que menos recursos tienen. Los presupuestos que se les entregan son mínimos, los apoyos estatales también son mínimos y eso hace pues que la capacidad también disminuya para hacer el control.
Deberían ser organismos fuertes, que se apoyen en la sociedad civil que hacen seguimiento a los procesos electorales. Es importante la manera como el Estado tiene una institucionalidad que defiende la democracia y tiene capacidad para dar cuentas de quién está haciendo las cosas bien y quién está haciendo las cosas mal.
O sea, lo que debe haber es transparencia. Desafortunadamente, en algunos casos no es tan transparente esa relación entre el Estado y dentro del Estado hacia las organizaciones que tienen que hacer el control. Como digo, en muchos casos podrían tener la capacidad pero no tienen los recursos. Esa capacidad se mueve también en recursos humanos y recursos técnicos.
He participado de algunas campañas y afortunadamente estaba en campañas completamente transparentes. Mientras que unos invierten, por decir algo, en su campaña política 10 millones de dólares, las campañas donde he estado a veces no llegan ni a 800.000 dólares.
La diferencia democrática es grande, ¿no? Pero esas campañas donde he estado, y las puedo mencionar: Antanas Mockus, que fue alcalde de Bogotá, Sergio Fajardo, que lo acompañé en varias campañas. Enrique Peñalosa, Claudia López... Sí me he dado cuenta que hay un veedor ético y que no se recibe un solo peso sin saber de dónde viene.
Porque hay gente que dice, no, yo recibí pero yo no sabía dónde viene. Ese es el problema de él. Es como si tú recibes un regalo, ¿no? Una gran joya, un reloj carísimo y luego el tema es que luego se descubre que el reloj fue robado y que producto de ese robo mataron una persona. ¿Tú cómo te defiendes? 'Ah, no, es que a mí me lo regalaron'.
Mi papá decía, no existe nada regalado. Siempre hay un interés particular. Cualquier obsequio tiene un interés en particular.
Entonces, el político serio no puede decir, 'es que yo no sabía'. No. Usted debe averiguar de dónde vienen esos recursos y lo debe declarar.
Pues aquí hay, hay ejemplos de algunos políticos que recibieron recursos cercanos a los 200.000 dólares y eran dueños de una panadería cuyo ingreso diario no alcanzaba. ¿Cómo es que va a dar 200.000 o 50.000 dólares? No, no, no... Es que -como decimos en Colombia- no me crean tan pendejo.
En muchos casos requiere una reforma legislativa y tiene que pasar por la Asamblea, en el caso colombiano tiene que pasar por Congreso. En muchos casos hay congresistas que no quieren que esa veeduría se haga.
En Colombia hemos venido tratando de hacer una reforma política y son los propios políticos quienes se oponen a esa reforma que los va a controlar su accionar, pero también sus ingresos.
Hay organizaciones de la sociedad civil muy buenas, fuertes, que tienen financiación de algunas ONG, completamente claras, transparentes y todo lo demás, que hacen seguimiento y son bastante buenas. Ahí no solamente corresponde a instituciones del Estado hacer un seguimiento a los procesos electorales y al comportamiento político, sino también a la sociedad civil y a sus organizaciones.
