mié 28 oct 2026
Con 85 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional inició un proceso de control político para investigar presuntos cobros indebidos a trabajadores municipales.
Imagen referencial de sesión del Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador.
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Asamblea Nacional del Ecuador
El Pleno de la Asamblea Nacional, con el respaldo de 85 votos, resolvió dar inicio a un proceso de fiscalización enfocado en esclarecer la exigencia de aportes económicos a trabajadores del Municipio de Quito. La investigación busca determinar la existencia de presiones laborales y verificar si dichos recursos tuvieron como destino actividades de carácter político.
La resolución, promovida por el asambleísta Andrés Castillo, dispone la solicitud formal de información al Ministerio del Trabajo y a la Contraloría General del Estado.
El Ministerio del Trabajo y la Contraloría dispondrán de un plazo improrrogable de 10 días, a partir de su notificación, para remitir los antecedentes, denuncias, expedientes administrativos y medidas adoptadas sobre los hechos cuestionados.
Asimismo, la resolución encomienda a la Contraloría la apertura prioritaria de un examen especial sobre las actuaciones administrativas, financieras y laborales ligadas al caso. Este análisis técnico evaluará el eventual uso indebido de fondos públicos y fijará las responsabilidades administrativas o civiles a las que hubiere lugar.
La conducción del trámite parlamentario estará a cargo de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social. Este órgano legislativo receptará documentación complementaria y convocará a funcionarios, denunciantes y terceros involucrados. Una vez recopilada la información, la mesa dictaminadora tendrá un plazo de 30 días para elevar al Pleno un informe final con sus respectivas conclusiones y recomendaciones.
La controversia cobró relevancia pública tras salir a la luz testimonios de servidores y exservidores municipales. Las versiones señalan la entrega de cuotas mensuales de entre USD 60 y USD 120, bajo la amenaza implícita de perder el empleo. Los señalamientos incluyen registros en audio, chats, videos y movimientos bancarios que pasarán a etapa de peritaje e inspección por las autoridades competentes.
En el ámbito penal, una denuncia ante la Fiscalía General del Estado sostiene que esos valores financiaron la campaña de reelección del alcalde Pabel Muñoz. Dicha hipótesis no cuenta con una resolución judicial y constituye una de las líneas de investigación abiertas tanto en la Fiscalía como en los organismos de control.
En entrevista con El Telégrafo, la legisladora Inés Alarcón remarcó que el eje central de la fiscalización debe ser la comprobación de coacciones dirigidas a la estabilidad laboral. “Ningún servidor público debe entregar parte de su sueldo para conservar su empleo”, enfatizó.
Alarcón citó testimonios sobre cobros continuos durante un periodo de hasta tres años. A su juicio, resulta indispensable identificar a los redactores del esquema, a los recaudadores y a los beneficiarios finales de los fondos.
Pese a que el alcalde Pabel Muñoz no consta de forma directa en los testimonios como receptor de los dineros, Alarcón aclaró que la autoridad municipal debe explicar el funcionamiento de los controles internos durante su gestión sobre el personal expuesto a estas irregularidades.
Desde la administración municipal, los señalamientos fueron rechazados. Mauro Andino, vocero del alcalde, aseveró que la denuncia adolece de sustento jurídico y atribuyó las acusaciones a una intencionalidad política.
En el seno de la Asamblea, bloques como Revolución Ciudadana demandaron que la fiscalización no se limite a los gobiernos locales y exigieron aplicar idéntica exhaustividad en denuncias dirigidas a instituciones del Ejecutivo.
