jue 22 oct 2026
Las oficinas del Municipio de Quito fueron allanadas en el marco de una investigación por presunto peculado en contratos de asfaltado. El despacho del Alcalde fue allanado.
Collage referencial de los allanamientos al Municipio de Quito en la administración de Pabel Muñoz.
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Imagen generada con IA
La administración del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, enfrenta dos frentes que lo complican desde la perspectiva legal. Se trata de una denuncia por supuestos cobros de dinero a funcionarios municipales para financiar actividades políticas y una investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública.
Los casos tienen orígenes distintos y están en manos de las autoridades judiciales, que deberán determinar si hubo delitos y quiénes serían los responsables. Ambas investigaciones ocurren a semanas del inicio de la campaña electoral de cara a las elecciones seccionales 2026, en las que Muñoz busca la reelección.
El más reciente episodio ocurrió el miércoles 21 de octubre de 2026, cuando la Fiscalía y la Policía Nacional allanaron oficinas del Municipio de Quito, un consorcio ubicado en Rumiñahui y el despacho de un abogado particular.
Las diligencias forman parte de una investigación por presunto peculado relacionado con la adjudicación de dos contratos de obra pública para Quito, durante 2024, cuyo monto supera los 4 millones de dólares, según la Fiscalía.
Los allanamientos del 21 de octubre buscan recabar indicios sobre una posible adjudicación irregular de contratos de obra pública a consorcios privados. Las intervenciones se realizaron en dependencias municipales, en las instalaciones de uno de los consorcios y en el despacho de un abogado particular.
La Fiscalía lleva a cabo una investigación previa denominada por el denunciante como caso 'Asfalto de Oro'. En las intervenciones las autoridades recogieron documentos, computadores, celulares y dispositivos de almacenamiento, pero no hubo detenidos.
En paralelo, el concejal de Quito, Michael Aulestia, informó que presentó dos denuncias ante la Fiscalía por presunto peculado y lavado de activos. Según su versión, las acciones se relacionan con contratos de mantenimiento vial, asfaltado, infraestructura y venta de asfalto adjudicados por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), empresa que también fue allanada.
La investigación del Ministerio Público sostiene que un solo proveedor privado habría construido una red de sociedades, personas naturales y jurídicas para concentrar contratos de mantenimiento vial, infraestructura y provisión de asfalto por un monto aproximado de 65 millones de dólares entre 2022 y 2026.
El Municipio de Quito se pronunció respecto a los allanamientos y aseguró que colabora con las autoridades. Aunque escribió que "lo único que van a encontrar en el Municipio de Quito es trabajo".
En un comunicado difundido en redes sociales, el Municipio capitalino aseguró que "cada contrato de esta administración se adjudicó a través del Sistema Oficial de Contratación Pública, con procesos abiertos, públicos y verificables".
Y añadió que no se tolerarán actos de corrupción cometidos por cualquier funcionario, y el Municipio será el "primero en exigir que responda ante la justicia, sin excepciones".
El otro frente contra Muñoz surgió tras la difusión de una investigación sobre presuntos cobros periódicos a funcionarios municipales.
El 19 de octubre de 2026, el activista político y exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Juan Esteban Guarderas, presentó una denuncia penal contra Muñoz por presunta concusión. Guarderas acudió a la Fiscalía acompañado del abogado Pablo Sempértegui y sostuvo que los supuestos cobros habrían tenido como destino el financiamiento electoral de la Revolución Ciudadana.
La denuncia busca que se investigue si existió el delito y si el Alcalde tuvo conocimiento o participación en los hechos señalados.
Según los denunciantes, los pagos habrían oscilado entre 60 y 120 dólares mensuales y se habrían solicitado desde 2024, con presiones relacionadas con la continuidad laboral. Como sustento afirmaron haber reunido chats, audios, videos y testimonios. Esos elementos y el destino de los recursos deberán ser examinados por las autoridades.
