mar 13 oct 2026
El Ministerio de Educación fue allanado en el marco de una investigación por presuntos cobros de entre 1.500 y 5.000 dólares a cambio de puestos en instituciones educativas, en la que están involucrados tres funcionarios.
Funcionario del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura aprehendido en el operativo del 13 de octubre de 2026, en Quito.
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Ministerio del Interior
El Ministerio de Educación fue intervenido como parte de una investigación por la presunta venta de cargos públicos y el cobro de dinero a cambio de puestos en instituciones educativas. El ministro del Interior, John Reimberg, informó que uno de los procedimientos se ejecutó en las instalaciones de la cartera de Estado y los otros dos en viviendas de sus trabajadores.
“Pusimos a conocimiento de la Secretaría de Integridad Pública y del Ministerio del Interior toda la información para que se hagan las investigaciones”, así lo afirmó la ministra de Educación, Gilda Alcívar, durante la captura de los funcionarios señalados.
Alcívar sostuvo que los hechos no representan a la institución, sino que corresponden a la actuación de servidores públicos señalados por presuntas irregularidades.
En entrevistas con medios de comunicación, Alcívar afirmó que se trata de “malos elementos, malos funcionarios que llevan enquistados aquí años y habían hecho del negocio ilícito su forma de vida”. La ministra también expresó su postura frente al caso con la frase: “Cero tolerancia a la corrupción”.
Según la información proporcionada por Reimberg ante los medios de comunicación, uno de los funcionarios fue detenido para la formulación de cargos, mientras que otras dos personas fueron retenidas con fines investigativos. Durante los procedimientos también se buscó recoger dispositivos electrónicos que, según el ministro, contendrían información relevante para la investigación.
El ministro señaló que los presuntos cobros estarían relacionados con la asignación de puestos en diferentes colegios e instituciones educativas. Los valores solicitados oscilarían entre 1.500 y 5.000 dólares, de acuerdo con la versión expuesta por el funcionario.
Reimberg también se refirió a una funcionaria del área de mantenimiento, quien presuntamente tendría fondos cuyo origen no estaría justificado por cerca de un millón de dólares. Esta información fue expuesta por el ministro y deberá ser contrastada con los documentos y las diligencias de las autoridades competentes.
Respecto de las otras dos personas, el ministro indicó que estarían relacionadas con la presunta venta de cargos. Sin embargo, ambas serían convocadas a rendir versión dentro de la investigación, mientras la Fiscalía analiza los elementos recopilados para determinar si corresponde formular cargos.
El caso se suma a otras investigaciones por presuntas irregularidades en entidades estatales. Entre ellas está el caso Jaque, relacionado con una presunta red de corrupción en la Agencia Nacional de Tránsito, en el que se investigan posibles cobros a cambio de trámites.
También se han desarrollado procesos judiciales por presuntos delitos contra la administración pública, como el caso Apagón, que investiga un posible peculado relacionado con contratos eléctricos.
Hasta que la Fiscalía informe sobre las decisiones adoptadas en este nuevo caso, los señalamientos contra los funcionarios deben tratarse como presuntos hechos, sin anticipar responsabilidades penales.
