mié 28 oct 2026
Fiscalía indaga presuntas irregularidades en contratos del Municipio de Cuenca. Es el último de los casos de presunta corrupción que involucra a alcaldes y exalcaldes de ciudades ecuatorianas.
Imagen referencial de casos de corrupción en Ecuador.
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El Municipio de Cuenca está bajo investigación de la Fiscalía. Este martes 27 de octubre de 2026, la funcionarios de esa entidad y de la Policía allanaron domicilios y oficinas de exfuncionarios municipales, cercanos al alcalde suspendido Cristian Zamora. Las autoridades también intervinieron dependencias públicas como parte de una investigación por presunta corrupción. El delito que se indaga es un posible caso de peculado relacionado con la adjudicación de contratos.
Las diligencias buscan recabar indicios e incautar bienes para esclarecer posibles irregularidades durante la administración de Zamora, quien fue suspendido el martes 9 de junio de 2026 por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por un caso de violencia política de género.
El caso no es el único que involucra a autoridades locales en presuntos actos de corrupción.
En distintos cantones del país, alcaldes y exalcaldes han sido procesados por delitos contra la administración pública y el patrimonio. Los casos tienen diferente niveles de avance: algunos están en investigación y otros ya tienen sentencia.
El 27 de octubre de 2026, la Fiscalía y la Policía ejecutaron 14 allanamientos: nueve en domicilios y cinco en entidades públicas de Azuay. Las diligencias buscan recoger indicios sobre posibles irregularidades en la adjudicación de contratos municipales durante la administración de Cristian Zamora, alcalde suspendido por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Se indaga el movimiento de unos 11 millones de dólares.
Tres denuncias presentadas ante la Fiscalía por el Gobierno en octubre de 2026 señalan a Zamora por contratos para los hospitales municipales de El Valle, Baños y Ricaurte, por más de 2,4 millones de dólares en conjunto.
El Gobierno señaló presuntos vínculos comerciales entre empresas proveedoras de los consorcios contratistas y compañías relacionadas con el entorno familiar de Zamora. El alcalde suspendido rechazó los señalamientos.
El 17 de marzo de 2026, la Fiscalía y la Policía allanaron dos viviendas y oficinas de la Alcaldía de Cuenca. Durante los operativos recogieron computadoras, un teléfono celular, dispositivos de almacenamiento y documentos.
La investigación se inició a partir de información remitida por la Contraloría General del Estado y está relacionada con movimientos financieros de Zamora y su actividad empresarial. Esta es una causa separada de las denuncias por los hospitales y de la investigación por contratos municipales que motivó los allanamientos del 27 de octubre.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz es señalado por una presunta práctica de cobros mensuales a funcionarios municipales de libre remoción. Los aportes habrían sido de entre 60 y 120 dólares al mes durante más de dos años.
Los denunciantes sostienen que se exigían bajo presión relacionada con la continuidad laboral y que el dinero se habría destinado a financiar actividades políticas y una campaña electoral.
El 29 de agosto de 2026, un tribunal declaró culpable a Alvarez y le impuso seis años y ocho meses de prisión como autor directo del delito de comercialización ilegal de hidrocarburos. La defensa anunció que apelaría el fallo.
La Fiscalía señaló a Alvarez por presuntas irregularidades en la distribución de combustibles y diferencias entre los volúmenes despachados y facturados por empresas y estaciones. La causa involucra a otras personas y compañías relacionadas con el alcalde de Guayaquil.
La investigación examina presuntas operaciones financieras y adquisiciones de bienes con recursos que, según la hipótesis fiscal, estarían relacionados con actividades ilícitas, que vincula a Alvarez, otras 16 personas y nueve empresas.
El proceso se originó cuando, durante un allanamiento el 10 de febrero de 2026, Alvarez fue encontrado sin el dispositivo de vigilancia electrónica que debía portar como una medida cautelar dictada en el caso Triple A.
La Fiscalía formuló cargos contra el alcalde, Darío Macas, el 8 de julio de 2026, tras una investigación iniciada por una denuncia sobre presunto direccionamiento de contratos municipales. Según el análisis financiero, Macas registró movimientos económicos por unos 2,7 millones de dólares, con ingresos tributarios cercanos a 2,2 millones.
La Fiscalía formuló cargos el 4 de junio de 2026 contra el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís y otras siete personas. La investigación comenzó en noviembre de 2025, a partir de un reporte de operaciones inusuales e injustificadas de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
La hipótesis fiscal apunta a una estructura que habría obtenido y aprovechado fondos estatales mediante actos cuyos presuntos delitos precedentes serían cohecho y prevaricato. El caso continúa en trámite.
El 20 de junio de 2026, una jueza llamó a juicio al alcalde de Pujilí, José Arroyo, y a otras 16 personas. La Fiscalía investiga contratos y proyectos ornamentales ejecutados desde mayo de 2023 en esa ciudad.
La hipótesis del caso sostiene que se habrían adjudicado con recursos municipales obras que antes de la posesión del alcalde habrían comenzado con supuestos fondos privados. La jueza ratificó las medidas cautelares y ordenó la prohibición de enajenar bienes y la retención de cuentas.
La investigación se centra en la organización de un concierto por los 33 años de cantonización de El Tambo, en la provincia de Cañar. Según la Fiscalía, un contrato de 50.000 dólares contemplaba el evento, pero la venta de 3.200 boletos habría generado 83.000 dólares, de los cuales no se habría justificado el destino de una parte.
Un informe de la Contraloría estableció un presunto perjuicio de 49.545 dólares. La Fiscalía formuló cargos en agosto y la instrucción fiscal se fijó en 90 días.
El 25 de marzo de 2026, la Fiscalía informó que Alfonso A., exalcalde de Santiago, Héctor K., director de Gestión de Desarrollo, y Miriam T., fueron sentenciados a 10 años de cárcel por peculado. La sentencia se basó en testimonios, pericias y documentos relacionados con el proceso de contratación municipal.
La Fiscalía informó el 6 de julio de 2026 que el exalcalde fue declarado culpable y sentenciado a siete años de prisión como autor directo de enriquecimiento ilícito. La sentencia también dispuso la pérdida de sus derechos políticos y la interdicción durante el cumplimiento de la pena.
El 26 de marzo de 2026, la Fiscalía informó que la exalcaldesa recibió una sentencia de ocho años de prisión por la venta irregular, en 2013, de cinco terrenos municipales a funcionarios del Municipio y a un familiar de la entonces alcaldesa.
Según el Ministerio Público, el perjuicio al Estado superó los 50.000 dólares. La condena se sustentó en pruebas testimoniales, periciales y documentales.
La investigación comenzó tras un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) sobre operaciones inusuales entre 2023 y 2025. Según la Fiscalía, el exalcalde y otros procesados habrían movilizado más de 9 millones de dólares sin justificar el origen de los recursos.
La hipótesis fiscal apunta a actividades relacionadas con minería ilegal, facturación irregular y exportaciones de oro sin respaldo sobre su origen lícito. En los allanamientos del 28 de julio se incautaron cerca de 250.000 dólares en efectivo, un lingote de oro, joyas y otros indicios.
