mar 27 oct 2026
La Asamblea Nacional defendió su labor de fiscalizar a las autoridades de Gobiernos Autónomos Descentralizados de Ecuador.
Votación en la Asamblea Nacional el martes 27 de octubre de 2026.
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95 alcaldes y prefectos registran un incremento patrimonial injustificado, según un informe aprobado, con 83 votos, por la Asamblea Nacional la tarde de este martes 27 de octubre de 2026. El informe fue elaborado por la Comisión de Gobiernos Autónomos.
El informe no revela los nombres de los funcionarios señalados por el supuesto incremento injustificado en su patrimonio. Pero el Legislativo indicó que se remitirá la información a la Fiscalía y a la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador (UAFE) para los trámites e investigaciones correspondientes.
Dentro del informe presentado por la comisión presidida por el asambleísta independiente Cristian Benavides, consta un Semáforo Integral de Alertas Patrimoniales en el que se clasifican 251 expedientes revisados.
66 de estos no constan con ninguna alerta. Los demás registran variaciones patrimoniales atípicas, intermedias y alertas preventivas.
Dentro de la categoría roja están el 16,33% de los casos evaluados. Agrupa a quienes registran variaciones patrimoniales atípicas, la presencia de exámenes especiales aprobados con indicios de responsabilidad penal por parte de la Contraloría General del Estado, el impulso de causas penales o la condición de omisos en las declaraciones tributarias.
En la alerta naranja están 54 expedientes, el 21,51%, de funcionarios con variaciones patrimoniales intermedias, auditorías en ejecución, así como investigaciones previas o denuncias ingresadas a través del Canal Ciudadano.
Benavides reconoció que el tratamiento de este tema podría interferir con la época electoral. "Entiendo que hay posiciones políticas preelectorales, que en este momento es difícil manejar una independencia discursiva sobre el tema, porque evidentemente se vienen elecciones seccionales y el informe se podría prestar para muchas cosas".
Sin embargo, recomendó que para evitar estos conflictos de cara a las elecciones seccionales, no se revelen los nombres de los funcionarios cuyos funcionarios se encuentran bajo escrutinio.
El correísmo reclamó el tratamiento del informe y la fiscalización a las autoridades locales. La jefa de la bancada de la Revolución Ciudadana, Patricia Núñez, e insistió en que no es competencia del Legislativo la fiscalización a los gobiernos autónomos y rechazó el semáforo de alertas presentado por la Comisión.
