sáb 31 oct 2026
El presidente de la Corte Nacional, Marco Rodríguez, habló con Diario HOY sobre la relación con la Judicatura, el despacho de causas y la falta de jueces.
Entrevista. Marco Rodríguez, presidente (e) de la Corte Nacional de Justicia, recibió en su despacho a Diario HOY y habló de extradiciones, despacho de causas y otros temas. (Diario HOY)
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Marco Rodríguez asumió como presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia el 14 de enero de 2026. En una entrevista con Diario HOY, abordó temas cruciales como extradiciones, su gestión, la relación con el Consejo de la Judicatura y el desafío de operar con 11 jueces titulares ausentes.
Fueron trasladados a Estados Unidos Salcedo, Herrera y Bermúdez, alias 'Churrón'. En el gobierno actual del presidente Daniel Noboa son nueve personas que se han extraditado. Entre otros, Condor Vaca, Corral Saltos, Peñafiel Nieto, Moreira Heredia.
Cuando hay anuencia y consentimiento expreso de las personas requeridas, la tramitación se facilita y supone una sustanciación rápida de alrededor de un mes, hasta que se otorguen las garantías del caso del país requirente y se culmine con la extradición y el traslado respectivo. Cuando hay oposición al pedido, el proceso dura más y puede incluir una apelación ante un tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia.
En este año se han ejecutado 15 extradiciones activas y 7 pasivas. Hay casos en trámite, como el pedido de extradición de Hernán Luque Lecaro a Argentina, pendiente de respuesta de la Corte Suprema Argentina. También hay solicitudes pendientes para Ronny Aleaga y Xavier Jordán a Venezuela y Estados Unidos, respectivamente, ambas realizadas el 17 de junio de 2026.
Estamos en procura de trabajar en conjunto: El Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia. Se emitió, por parte del pleno, una resolución en donde se viabilizaron parámetros para la prueba de confianza que está tomada en cuenta para el concurso de jueces de la Corte. Lo que nos corresponde es emitir resoluciones con fuerza de ley frente a vacíos legales o duda sobre el contenido de una norma.
La norma para las pruebas de confianza, tomando en cuenta que este está en ciernes, un concurso para jueces y conjueces de Corte Nacional. También se emitió una resolución en donde se viabiliza un procedimiento para evitar que se declare la nulidad de audiencias de juicio luego de que estas hayan finalizado y no se haya emitido una sentencia por escrito.
En ese escenario jurídico, esta resolución con fuerza de ley prevé distintos escenarios cuando no hay uno, dos o tres de los jueces que intervinieron en el juicio. Esta resolución procura evitar dilaciones innecesarias a los trámites judiciales, que eventualmente no se declare la caducidad, la prescripción de la acción penal o la caducidad de la prisión preventiva.
Era una problemática que se estaba generando a nivel nacional por renuncias de jueces, destituciones, algunos procesados e inmersos en causas penales. Frente a ese escenario jurídico, esta resolución me parece positiva para que haya un correcto andamiaje procesal en el Ecuador.
Se ha trabajado en tramitar con mayor celeridad extradiciones, como una forma importante de luchar contra la corrupción y el crimen organizado. Así mismo algunos convenios a los que ha llegado la Corte con organismos internacionales de cooperación como Itajus que está permitiendo una remodelación del octavo piso donde está el auditorio, también está intervenido el mezanine y la sala de audiencias para mejorar las salas de audiencias. Es un convenio y una ejecución de periodos anteriores que está llegando a su culminación.
Al menos dos veces en este año se ha trabajado con un Consejo Consultivo compuesto por expresidentes de Corte Nacional y Corte Suprema, se ha trabajado con jueces de salas especializadas para emprender observaciones a reformas legales como el Código Orgánico Integral Penal y el Código Orgánico la Función Judicial. Está pendiente una incorporación de conjueces temporales para que haya más dinamismo en el despacho de causas. Estamos haciendo todos los esfuerzos del caso, dentro de lo que nos corresponde para apoyar el proceso de selección y concurso de jueces y conjueces que ya lo está emprendiendo el Consejo de la Judicatura.
Lo importante es que como pleno de Corte hemos seguido trabajando, no nos demos paralizado. Nuestra misión de administrar justicia continúa incólume, siempre con respeto a la Constitución. Sí, somos 10 jueces titulares, tres conjueces titulares y siete jueces principalizados cuya fuente de origen es la Corte Provincial de Justicia de varios distritos del país. También tenemos jueces y conjueces temporales. De esa manera hemos trabajado para fortalecer el sistema de administración de justicia.
De cualquier manera, la resolución definitiva para que funcione adecuadamente la Corte, con la celeridad y el despacho oportuno que ameritan las causas que tienen las salas de especializadas de esta alta Corte, solo confluiría con los 21 jueces titulares y 21 conjueces titulares, luego del proceso de selección y concurso respectivo. Mientras tanto, yo remarco, no se ha paralizado, las causas siguen tramitándose y por supuesto que, con esa configuración, con jueces y conjueces titulares, habría un despacho mucho más célere.
Estoy seguro que en un par de meses, entre diciembre o principios de enero máximo, ya se tendrá una alternativa por parte del Consejo, en Derecho y respetando la Constitución y la ley.
Creo que ahora hay una nueva composición del Consejo de la Judicatura, con la doctora Mercedes Caicedo como presidenta del organismo de administración. Lo que vislumbro son acciones en unidad, con el pleno de la Judicatura, con integridad y en procura de que el sistema de administración de justicia salga adelante. El camino es largo, estamos conscientes que falta mucho por hacer. Creo que, sobre todo, el eje de la integridad y las acciones en conjunto es lo que ha cambiado desde enero pasado, hasta la actualidad en el Consejo de la Judicatura.
Tenemos una visión similar de trabajar de manera íntegra, responsable con la presidenta del Consejo, los plenos del Consejo y de la Corte y también con un sentido de pertenencia hacia la Función Judicial. Creo que no están primando intereses particulares como desgraciadamente ocurría en anteriores composiciones de la Judicatura. Se tiene sentido de enfocarse en mejorar y fortalecer el sistema de justicia.
Es cierto que algún sector de la comunidad jurídica se decantó por criticar sin conocer a fondo lo que estaba ocurriendo en torno a la decisión del Consejo de la Judicatura de suprimir la Unidad Anticorrupción. Lo que se tiene en la actualidad es una dependencia mucho más robusta, más fortalecida no solo con el número de jueces que se ha duplicado o triplicado, sino con una mejor organización en beneficio y con la consigna de ser eficaces frente a la criminalidad compleja.
Esta decisión que ya tiene alrededor de dos meses de vigencia está dando resultados concretos, está trabajando con normalidad. Me he reunido y el Consejo de la Judicatura lo propio, con los jueces de esa dependencia. Ellos dicen que están trabajando con normalidad, despacho célere, actuando en las distintas audiencias y generando mayor eficacia para el combate sin cuartel en contra de la corrupción y el crimen organizado.
Desde mi punto de vista fue una decisión totalmente acertada.
No he tenido ningún tipo de amenaza ni presión de ningún sector interno ni externo, más allá de que obviamente las críticas en un estado constitucional de derecho y justicia como el nuestro siempre son bienvenidas y estamos conscientes que como funcionarios públicos debemos estar con esa perspectiva de la crítica.
Creo que hay críticas constructivas, que piensan en función de mejorar la Función Judicial y quizás otras que más bien pretenden desarticular, caotizar. Pero también está dentro de márgenes democráticos y debemos estar conscientes que aquello sucede.
Casos emblemáticos como Metástasis, Purga, Plaga y Pantalla desvelaron la realidad del sistema de justicia en el que están inmersos jueces, fiscales, abogados en libre ejercicio, peritos, policías, personal del SNAI, todo un entramado de corrupción, desgraciadamente. Eso fue el resultado de una investigación fiscal y, por supuesto, también de una decisión judicial al respecto con sentencia condenatoria.
Lo que ahora urge y debe primar, por un lado, ya está generando el Consejo de la Judicatura es una depuración a través de decisiones que tienen que ver con procesos administrativos en donde no están dejando que prescriban las infracciones administrativas, que ese era otro de los síntomas de corrupción de anteriores Consejos de la Judicatura.
Por otro lado, en el transcurso del próximo año se hará una evaluación integral a servidores judiciales, ayudantes judiciales, secretarios, jueces de primer y segundo nivel para constatar quién merece seguir siendo parte de la Función Judicial, quién está dignificando su labor como administrador de justicia y quiénes deben salir. Y algo importante: debemos regresar a ver a la Academia para fortalecernos con ética y deontología jurídica, que creo que aquello resulta indispensable.
En materia de depuración y de decisiones a nivel administrativo, con procesos que se llevan a cabo por infracciones administrativas, este Consejo ha asumido una línea de respeto y está observando las decisiones que en torno a informes de jurisdicción previa está y ha emitido la Corte Constitucional y la Corte Nacional. Ese es un parámetro ineludible para que no se hable de persecución ni de algo que se le parezca.
Resultan importantes las pruebas de confianza que ya están inmersas en el reglamento para el concurso de jueces nacionales y están poco a poco aprobándose distintas directrices al respecto. Resulta fundamental trabajar de manera coordinada con sistemas y organismos de control como Contraloría, UAFE, SRI.
Todo aquello para que, con ese trabajo en conjunto, se desvele quién podría estar inmerso en alguna actividad ilícita o quiénes están o van a participar en los concursos; se sepa su patrimonio, la licitud de sus recursos, que no tengan deudas con el SRI de ser el caso, y sus patrimonios lícitos, sus declaraciones juramentadas sin ninguna anomalía, que no haya ninguna dificultad con la UAFE. Esos son mecanismos acertados para controlar esto y prevenir posibles focos de corrupción.
