mar 27 oct 2026
Aquiles Álvarez permanece recluido mientras el Consejo de la Judicatura destituyó a los magistrados que revocaron su prisión preventiva en abril de 2026.
Miembros del Consejo de la Judicatura que aprobaron la destitución de los jueces del Caso Goleada, en sesión del pleno el 27 de octubre de 2026.
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Consejo de la Judicatura
El Consejo de la Judicatura destituyó el 27 de octubre de 2026 a tres jueces que revocaron la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y de sus hermanos en el caso Goleada. El organismo determinó que los magistrados excedieron sus competencias al resolver la apelación, dentro de una investigación por presunto lavado de activos.
Los magistrados Silvana Velasco, Byron Uzcátegui y Wiler Chóez integraron el tribunal que el 2 de abril de 2026 revocó la prisión preventiva de Álvarez, sus hermanos Antonio y Xavier, y otras dos personas. La decisión se fundamentó en que los elementos presentados por la Fiscalía no justificaban mantener esa medida cautelar.
Sin embargo, el Consejo de la Judicatura sostuvo que los jueces incurrieron en un error inexcusable, una falta relacionada con la forma en que ejercieron su función judicial al analizar aspectos de fondo de la investigación. Según el organismo, debían limitarse a revisar la legalidad de la medida cautelar, sin pronunciarse sobre la existencia del delito, la tipicidad de la conducta o la estructura criminal investigada.
Los tres magistrados permanecían suspendidos desde julio de 2026, mientras avanzaba el procedimiento disciplinario. La destitución se aprobó con cinco votos favorables del pleno del organismo.
La investigación se relaciona con la presunta comercialización irregular de combustibles subsidiados. Según la Fiscalía General, los procesados habrían utilizado empresas domiciliadas en Panamá para obtener beneficios económicos mediante la reventa de diésel subsidiado a precios internacionales.
El perjuicio al Estado fue estimado por el Ministerio Público en unos 100 millones de dólares. En mayo de 2026, la Fiscalía General reformuló los cargos para investigar únicamente el presunto delito de lavado de activos. Posteriormente, otro juez volvió a dictar prisión preventiva contra los hermanos Álvarez.
El alcalde Aquiles Álvarez continúa recluido por otros procesos judiciales. La situación del caso Goleada se enmarca en una serie de actuaciones judiciales que incluyen la reactivación del trámite de la causa y las diligencias relacionadas con las medidas cautelares de los procesados.
La destitución también generó cuestionamientos de Human Rights Watch. Juanita Goebertus, directora para las Américas de la organización, advirtió que sancionar a jueces por revocar una prisión preventiva puede enviar un mensaje intimidatorio al conjunto de la judicatura.
Goebertus señaló que la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) prevista para el 28 de octubre de 2026 sobre Ecuador representa un espacio para exigir garantías de independencia judicial. La controversia se centra en los límites de la actuación de los jueces y en las consecuencias disciplinarias de sus decisiones dentro de procesos penales.
