lun 26 oct 2026
La jueza aceptó el cambio de imputación contra cuatro procesados por el caso Ávalos. La investigación se extenderá por 30 días.
Caso Ávalos: Personal policial junto al vehículo de Santiago Ávalos, asesinado el 11 de junio de 2026 en el sector de Miravalle, en Quito.
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Fiscalía General del Estado
La Fiscalía reformuló los cargos de asesinato a sicariato contra cuatro personas procesadas en el caso Ávalos, que investiga la muerte de Santiago Ávalos, gerente administrativo financiero de la UDLA, asesinado en junio de 2026 en Quito. La jueza María Elena Lara aceptó el cambio de imputación solicitado por el fiscal Washington Rojas durante la audiencia realizada este lunes 26 de octubre.
Con esta decisión, la instrucción fiscal se extenderá por 30 días. Durante la diligencia, Fiscalía presentó su hipótesis sobre el móvil del crimen: habría sido planificado para evitar que se descubrieran pagos irregulares de proveedores de la universidad a cuentas personales de dos trabajadores de la institución.
Según la tesis fiscal, los pagos habrían sido realizados a cuentas de Galo O., entonces director de Operaciones, y María del Carmen S., asistente de esa área. Los informes financieros incorporados al expediente identifican transferencias directas a los investigados, fuera de los canales institucionales. Para Fiscalía, esos pagos constituirían beneficios indebidos relacionados con la contratación de servicios.
La investigación también identificó transferencias de Galo O. a Josselyn V., quien habría actuado como intermediaria para contactar y contratar al adolescente señalado como presunto autor material de los disparos.
La procesada, familiar de María del Carmen S., no mantenía una relación laboral con la universidad. Con estos elementos, Fiscalía sostiene que el crimen habría sido ejecutado a cambio de una remuneración.
Durante la audiencia, el fiscal también modificó el grado de participación atribuido a Juan Pablo G., auxiliar del área de Operaciones. Inicialmente fue procesado como presunto cómplice y ahora es señalado como presunto coautor.
Rojas solicitó prisión preventiva para el procesado, pero la jueza negó el pedido. Consideró que no se había justificado la insuficiencia de las medidas alternativas que él ha cumplido hasta el momento.
Por ello, Juan Pablo G. continuará con presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.
Ávalos fue asesinado la noche del 11 de junio de 2026, mientras conducía por la avenida Oswaldo Guayasamín, en el sector de Miravalle, tras salir de su trabajo. Durante la formulación inicial de cargos, en julio, Fiscalía expuso versiones de los procesados según las cuales existía una mala relación entre Ávalos y Galo O. debido a las auditorías iniciadas desde la Dirección Financiera de la universidad.
La entidad señaló que, días antes del crimen, Galo O. habría pedido a otros colaboradores que tomaran fotografías del vehículo de Ávalos en el parqueadero de la institución. También se obtuvieron imágenes de la víctima mientras estaba en su puesto de trabajo.
Entre los elementos de la investigación constan grabaciones de cámaras de seguridad que muestran las actividades de Galo O., María del Carmen S., Juan Pablo G. y Juan Carlos G. —todos trabajadores de la universidad— en los días previos y durante la jornada del crimen.
Las cámaras también captaron a Josselyn V. y al adolescente en los exteriores de la institución, mientras esperaban que Ávalos saliera en su vehículo. Según la investigación fiscal, el joven habría disparado contra el gerente financiero desde una motocicleta.
Por el asesinato de Ávalos fueron detenidos cinco adultos y un adolescente el 9 de julio de 2026. Uno de los investigados, Galo O., falleció el 29 de agosto mientras permanecía privado de libertad. Fiscalía solicitó la extinción de la acción penal respecto de él.
El adolescente, que tenía 17 años al momento de la formulación inicial, enfrenta una causa separada en la justicia especializada y recibió una medida de internamiento preventivo.
