mié 28 oct 2026
Mujeres en Perú cuestionan el archivo de la investigación por esterilizaciones forzadas realizadas entre 1996 y 2000. Anuncian acudir al sistema interamericano.
Dionicia Calderón (i) y Ricardina Urbina, victimas de esterilizaciones forzadas en Perú, protestan durante una rueda de prensa contra el archivamiento de la investigación por parte de la Fiscalía, en cumplimiento por una ley promovida por el fujimorismo que impide que se considere como un caso de delitos de lesa humanidad, este miércoles en Lima (Perú).
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Agencia EFE
Las víctimas de las esterilizaciones realizadas en Perú durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) expresaron su preocupación el 28 de octubre, tras el archivo de la investigación en Perú, una decisión que atribuyen a la aplicación de la Ley 32107, que establece plazos de prescripción para delitos de lesa humanidad cometidos antes de julio de 2002.
Las denunciantes anunciaron que acudirán al sistema interamericano para cuestionar la decisión fiscal.
Durante una rueda de prensa realizada el 28 de octubre de 2026 en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), las mujeres denunciantes y sus abogados manifestaron su desacuerdo con el archivo de la investigación, que se prolongó durante décadas. Dionicia Calderón, una de las denunciantes, describió la noticia como un “balde de agua helada” y relató que desconocía que le habían realizado una ligadura de trompas hasta que, tiempo después, buscó atención médica porque quería volver a ser madre.
De acuerdo con el expediente, 4.172 personas denunciaron haber sido sometidas a ligaduras de trompas o vasectomías sin consentimiento previo o de manera forzada durante el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, aplicado entre 1996 y 2000.
Entre las personas investigadas figuraban el expresidente Alberto Fujimori, fallecido en 2024, y varios de sus exministros. También constaba el actual senador Alejandro Aguinaga.
Tania Pariona, directora ejecutiva de la Cnddhh, señaló que la decisión fiscal afecta el acceso a la justicia de más de 4.000 personas que denunciaron estos procedimientos. También sostuvo que la medida contradice decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en otros casos.
Pariona cuestionó la aplicación de la Ley 32107, promovida por el congresista Fernando Rospigliosi, del fujimorismo. Según la representante de la organización, la investigación reconocía elementos para continuar las diligencias contra 52 personas vinculadas con el programa.
La Corte IDH ya se pronunció sobre estos hechos en el caso de Celia Ramos Durand, quien murió en 1997, a los 34 años, tras un procedimiento realizado en el marco del programa. El tribunal determinó en una sentencia emitida en 2025 que se produjeron esterilizaciones forzadas en Perú, incluidos casos sin consentimiento válido.
Maribel Meza, representante de la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas Flor de Jano, de Cusco, pidió que se anule la ley y cuestionó que el archivo de la investigación cierre una vía para buscar justicia. Las mujeres también relataron que no siempre recibieron información sobre los procedimientos a los que serían sometidas, y señalaron que algunas afectadas fallecieron después de las intervenciones.
Otra de las denunciantes, Ricardina Urbina, relató en quechua su experiencia y sostuvo que las mujeres afectadas no han recibido reparación ni justicia por parte del Estado peruano. Las denunciantes y sus representantes anunciaron que llevarán la decisión fiscal ante el sistema interamericano de derechos humanos, con el objetivo de mantener abierta la búsqueda de justicia por los hechos denunciados.
