sáb 24 oct 2026
Previo a las Elecciones 2026, la coordinación con la Policía, los puntos ciegos y el comercio informal marcan el reto de seguridad en Guayaquil.
Personal de Segura EP monitorea las cámaras de videovigilancia de Guayaquil, un sistema que heredará quien gane la Alcaldía en las Elecciones 2026. Foto de archivo.
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Quien llegue a la Alcaldía de Guayaquil encontrará una red de unas 17.000 cámaras fijas de videovigilancia, 2.045 agentes de control y una empresa de seguridad, Segura EP, con un presupuesto de casi 90 millones de dólares al año. Lograr que esos recursos trabajen junto a la Policía, sin que la política lo frene, será uno de sus mayores retos de cara a las elecciones 2026.
En la calle, la inseguridad se mide de otra forma. “Por todos lados hay robos. No se puede salir tranquilo al trabajo, ni siquiera a la universidad”, relata John Alexander Almeida, estudiante de la Universidad de Guayaquil. Antes de esta entrevista el bus lo dejó a dos cuadras de la universidad porque vio a sus sujetos que le resultaron sospechosos. “Me bajé y venía asustado”, cuenta.
Frente a esa inseguridad, lo que puede hacer un alcalde es limitado. La seguridad es una competencia del Estado central, recuerda Miguel Hernández Terán, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG), "pero el Municipio sí tiene un papel: apoya con cámaras, vehículos, patrullajes y el control del espacio público".
“No vamos a pretender que un gobierno local desarticule bandas o allane inmuebles. Eso no está permitido dentro de su competencia”, explica Javier Narváez, quien trabajó unos 25 años en el Municipio de Guayaquil y fue director de Justicia y Vigilancia. Narváez advierte que el argumento de las competencias también se usa para justificar ineficiencias: “El gobierno local dice que esa no es su competencia, pero en campaña ofrecen cosas que luego no pueden cumplir”.
Pero esa coordinación suele chocar y frenarse con la política. A esa descoordinación se suman los delitos grabados en cámara que pocas veces terminan en una detención y un espacio público cada vez más lleno de comercio informal.
En materia de seguridad, estos son algunos de los desafíos que deberá enfrentar la próxima administración municipal de Guayaquil.
“El desafío mayor es enfocarnos técnicamente en el tema de seguridad. Dejar de lado diferencias políticas que frenan o dificultan ese trabajo coordinado”, reconoce Álex Anchundia, gerente general de Segura EP, la empresa municipal a cargo del control del espacio público y la videovigilancia.
Según Anchundia, las cámaras son del Municipio y de Segura EP, y la empresa las administra en coordinación con el Ministerio del Interior. En su centro de mando trabaja la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, los Bomberos y entidades municipales.
Narváez, desde su experiencia en el Municipio, sostiene que la coordinación ha fallado en distintos momentos por disputas entre la Alcaldía y el gobierno de turno. Incluso un servicio útil, como la línea municipal 181, depende de esa relación. “El tema es si funciona o no funciona. Cuando no hay coordinación, no se llega al resultado que beneficia al ciudadano”, explica.
Hernández coincide en que la articulación con la Policía Nacional es el principal reto del próximo alcalde. “Es muy importante que el ciudadano común y los antisociales sepan que el Estado Central y el gobierno local están unidos en el combate contra la delincuencia. Porque la percepción ciudadana no es esa”, afirma.
Guayaquil tiene unas 17.000 cámaras fijas que transmiten de forma permanente. Si se sumarían las de los sistemas que manejaba la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), los taxis y los buses, la cifra llega a unas 30.000, según Anchundia.
Aun así, quedan puntos ciegos. El gerente de Segura EP menciona sectores del noroeste, donde algunas cámaras han sido vandalizadas y reubicadas, y urbanizaciones de la vía a la Costa que quieren donar equipos para sumarlos al sistema.
Pero el problema no es solo cuántas cámaras hay. “La cámara por sí sola no es suficiente. Necesitamos respuesta, monitoreo y patrullaje”, advierte Anchundia. El reto, dice, es que lo grabado “no quede simplemente en un video en el que vimos cómo robaron o cómo extorsionaron, sino que podamos desplegar inmediatamente la respuesta para capturarlos y sancionarlos”.
La extorsión es, para Anchundia, el primer problema de inseguridad en Guayaquil: los locales afectados terminan cerrando o en manos de grupos delictivos. Las cámaras han permitido detectar a quienes se acercan a extorsionar o a colocar explosivos, y ese seguimiento ha ayudado a la Policía a dar con bandas. “Pero de nada sirve todo este trabajo si a las pocas horas nuevamente están en las calles”, lamenta.
El control del espacio público sí es una competencia directa del Municipio, y ahí también hay dificultades. “Nosotros retiramos a los comerciantes no regularizados de las calles, pero a la hora nuevamente vuelven”, admite Anchundia, quien atribuye el crecimiento de la informalidad a la falta de oportunidades laborales. “Hay una necesidad de ellos de llevar el pan a su hogar”, agrega.
Esa tarea recae en los agentes de control municipal, que pasaron de unos 700 a 2.045 durante esta administración. Divididos en cuatro turnos, son cerca de 500 agentes por turno para toda la ciudad, una cifra que el propio Anchundia considera insuficiente.
Los agentes también enfrentan cuestionamientos por su desempeño. “He visto varias veces, cuando he andado por el Mercado Central, que andan con el celular”, cuenta el estudiante, Alexander Almeida. “Unos cuantos malos elementos dañan la imagen de todo el cuerpo de agentes", admite Anchundia y dice que las denuncias que llegan a la línea 181 pasan a Asuntos Internos. Además, anuncia la compra de radios para los agentes, con la idea de que dejen de usar el celular en servicio.
Javier Narváez, exfuncionario municipal, recuerda que el agente de control municipal es un agente comunitario, pensado para temas locales como el control de la informalidad en zonas turísticas y los delitos menores del centro, como los arranches.
Una de las propuestas sobre la mesa viene de Segura EP. Su gerente Álex Anchundia, plantea que Guayaquil debería tener 5.000 agentes de control municipal, más del doble de los actuales. Los dos expertos consultados se oponen.
“Lo que costarían más de 2.000 empleados públicos va a sacrificar el ejercicio de otras competencias. Hay trabajo social que cumplir, hay servicios públicos que cumplir eficientemente”, sostiene Miguel Hernández, decano de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Guayaquil, para quien sería “un gasto ordinario terrible” y permanente. En lugar de contratar, propone planificar mejor el trabajo de los agentes actuales y pagar horas extras si es necesario.
Narváez coincide. “No están capacitados para eso; ni siquiera pueden portar armas”, afirma sobre la idea de que más agentes combatan la delincuencia. A su juicio, contratar más le quitaría presupuesto a las obras y los servicios que el Municipio sí debe cumplir.
Para Hernández, el primer paso es personal: que el alcalde o alcaldesa se involucre directamente y no delegue la seguridad. “Puede suceder que la información le llegue incompleta o parcial”, advierte. También recomienda que el Municipio aproveche su agilidad para contratar y apoye lo operativo: “Están muy bien las camionetas y los equipos, pero hay que ver el día a día: repuestos, gasolina, seguros”.
El académico insiste en que el actor principal es la Policía Nacional. “Si usted quiere fortalecer la seguridad ciudadana, tiene que fortalecer al actor estelar, que es la Policía, y no poner el foco en el complementario”, sostiene.
Narváez plantea ubicar las cámaras según las estadísticas del delito. “Muchas, a lo mejor, están en sitios donde no son necesarias. Esto debe apuntar a los lugares donde se ha verificado que hay más incidencia”, explica. Para el comercio informal propone buscar nuevos espacios y tratar a los comerciantes “con respeto, con dignidad”.
Su recomendación final apunta a la relación con el Gobierno: “Las cosas van a fluir mejor si el gobernante nacional está en permanente armonía con el gobernante local”. Quien llegue a la Alcaldía recibirá 17.000 cámaras que ya graban; que lleven a detenciones dependerá de esa coordinación.
