lun 09 nov 2026
La reducción de comisiones en el Concejo Metropolitano de Quito busca organizar el trabajo legislativo municipal en cuatro ejes estratégicos, según los proponentes.
Quito: Sesión del pleno del Concejo Metropolitano, 27 de octubre de 2026.
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Andrés Salazar / Diario HOY
En los pasillos del Concejo Metropolitano de Quito se debate sobre una posible reforma para la operatividad del Municipio. La concejala Analía Ledesma (Izquierda Democrática) ingresó un proyecto de ordenanza reformatoria al Código Municipal con el objetivo de reorganizar y reducir las comisiones permanentes del Concejo de 21 a 12.
La propuesta, que buscaría poner fin a la dispersión de responsabilidades y agilizar la aprobación de normativas, deberá ser puesta en conocimiento del Pleno para cumplir con los dos debates reglamentarios exigidos para su aprobación.
Para intentar comparar con un cuerpo legislativo y su organización, la concejala proponente citó la realidad de la Asamblea Nacional. En este poder del Estado existen 151 legisladores, y tan solo 15 comisiones permanentes.
Esta discusión legislativa coincide con un momento de transición política decisivo en la capital: a pocas semanas de las elecciones seccionales convocadas para el 29 de noviembre de 2026, esta semana el Concejo conocerá las solicitudes de licencia de los concejales que saldrán a hacer campaña para buscar la reelección o disputar otras dignidades.
El proceso se suma a los pedidos de licencia ya tramitados por el alcalde Pabel Muñoz y la vicealcaldesa, María Fernanda Racines, para enfocarse en la contienda electoral quienes buscarán la reelección en medio de denuncias y polémicas.
El diagnóstico que sustenta la propuesta expone una supuesta asimetría en la carga de trabajo de la corporación municipal. Los datos oficiales incluidos en la exposición de motivos revelan que, desde enero de 2023, han ingresado 346 iniciativas de ordenanza al Concejo Metropolitano.
Sin embargo, la repartición habría sido inequitativa: mientras la Comisión de Uso de Suelo acumuló 81 proyectos, la Comisión de Vivienda y Hábitat recibió solo un proyecto en casi cuatro años, y 17 iniciativas quedaron sin asignar a ninguna mesa técnica.
Para corregir este cuello de botella, el proyecto planteado por Ledesma agrupa las competencias en cuatro ejes:
En cuanto a la integración de las mesas, la norma fija que cada comisión estará compuesta por cinco concejales (a excepción de Hábitat y Movilidad, que tendrán siete integrantes debido a su volumen de trámite, y la Comisión de Mesa que mantendrá cuatro).
Además, para evitar la concentración de poder, ningún concejal podrá presidir más de una comisión ni integrar más de cuatro.
Consultado sobre este tema, el concejal Andrés Campaña, quien llegó por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) en alianza con SUMA, pero dejó las filas y, actualmente, encabeza la candidatura para la reelección por el movimiento Imparables, destacó que la existencia de 21 comisiones para un cuerpo de apenas 21 concejales resultaba desproporcionada al compararla con otros órganos del Estado, como la Asamblea.
Pero, argumentó que el trasfondo de esta reforma debe apuntar a la eficiencia del gasto y la simplificación de trámites para los ciudadanos. Dijo que lo necesario será "reducier una estructura obesa" que frena resultados a los trámites ciudadanos.
Como ejemplo de las trabas burocráticas actuales, el concejal citó la aprobación de los trazados viales, un procedimiento indispensable para la apertura y construcción de calles que actualmente requiere pasar por el Pleno del Concejo. Campaña señaló que este tipo de exigencias administrativas provoca que los vecinos deban esperar años o incluso décadas para contar con una vía asfaltada en sus barrios, por lo que respaldó la urgencia de recortar procesos redundantes.
El proyecto de ordenanza contempla que, una vez aprobada la norma en sus dos debates en el Pleno, las iniciativas de ordenanza que se encuentran en trámite se transfieran de forma automática a las comisiones que asuman sus competencias.
Asimismo, la propuesta fija un candado contra el represamiento normativo: las iniciativas que lleven más de tres años en comisión sin informe de primer debate tendrán un plazo máximo de tres meses para ser evaluadas; caso contrario, se entenderán archivadas para depurar la agenda legislativa de la capital.
