mié 28 oct 2026
La Fiscalía investiga en el Caso Laberinto un posible financiamiento irregular de la campaña presidencial del binomio Luisa González y Andrés Arauz.
Acto. Simpatizantes correístas esperaron a Luisa González, investigada en el Caso Laberinto, que arribe a la cárcel de Riobamba el viernes 23 de octubre de 2026. (Foto: API)
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Como Caso Laberinto la investigación por presunto lavado de activos surgió a mediados de octubre de 2026, basada en informes de chats periciados de dispositivos de un testigo protegido en el Caso Goleada. El expediente, a cargo de la fiscal María Belén Luna, incluyó seguimientos, interceptaciones y otras actividades como fotografías de rutinas, desplazamiento y otras actividades investigativas.
La consecuencia de ello fue que la madrugada del jueves 22 de octubre de 2026 se produjo la detención para formulación de cargos de Luisa González, excandidata presidencial por el correísmo en 2023, Estefanía Molina y una segunda orden de detención para Santiago Díaz. Wendy Onofre se entregó a las autoridades.
La instrucción fiscal tiene una duración inicial de 90 días, extensible por 30 si se vinculan nuevos sospechosos. El caso, que ya supera las 10 carpetas, podría pasar a un fiscal de fuero si se involucran personas que gocen de esa condición.
Dentro de la trama de gestión, facturación y desembolso de Ternape Petroleum S.A. para la campaña de Luisa González, el nombre que más se repite es el del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, actualmente detenido en la cárcel El Encuentro en Santa Elena.
Alvarez aparece en el expediente como alcalde de Guayaquil y líder del conglomerado empresarial. Según los elementos fiscales, habría dispuesto que Ternape asuma costos de la campaña de Luisa González, fijando un límite presupuestario de 300.000 dólares en efectivo y autorizando pagos para publicidad.
José Cevallos, gerente financiero de Ternape, Copedesa y Corpalubri, también figura prominentemente. Los documentos lo señalan como el administrador del flujo de caja, responsable de transferencias a proveedores y de los cuadros consolidados de la campaña de Luisa González por 725.933 dólares. Posteriormente, se convirtió en testigo protegido, entregando sus dispositivos a la Fiscalía.
Viviana A., excoordinadora de operaciones de Copedesa S.A. y luego asistente en la Alcaldía de Guayaquil, es señalada por transmitir supuestas instrucciones de Aquiles Alvarez a Cevallos para autorizar gastos de campaña con fondos de Ternape, y habría participado en el traslado de efectivo desde la Alcaldía. Eso reflejan los documentos de la Fiscalía.
Lesly C., asistente de Viviana A. y afiliada a Anavisa S.A., habría reenviado proformas publicitarias dirigidas a la "Revolución Ciudadana" para coordinar el cambio de RUC a favor de Ternape.
Wendy Onofre, exasistente del exdirector de Aseo Cantonal del Municipio de Guayaquil, es señalada por solicitar cheques al portador de Ternape y gestionar retiros de efectivo de Copedesa para pagar a brigadistas no facturables. Se encuentra detenida en un centro de Mujeres de Quito.
Un accionista de Copedesa y gerente general de hecho del grupo empresarial revisaba y actuaba como interlocutor en los chats donde Cevallos enviaba las hojas de cálculo consolidadas de la campaña de Luisa González por 725.933 dólares. Se le atribuye la movilización de efectivo de comisiones desde el Municipio de Guayaquil.
La contadora de Ternape, según los documentos, habría verificado que las facturas modificadas a nombre de Ternape no incluyeran la palabra "campaña" y supervisado la compatibilidad formal de los RUC de los proveedores con la empresa.
Un gerente general y accionista de Monowave es señalado por coordinar el grupo de WhatsApp "Pagos Cierre Campaña Luisa" y el cobro de aproximadamente 50.000 dólares de Ternape para la logística del evento de cierre de campaña.
Una representante legal del principal proveedor publicitario en Guayaquil, del entorno de Aquiles Alvarez, habría emitido facturas a Ternape por unos 100.000 dólares por concepto de stickers, cuestionarios, viniles para carros, gorras y chalecos.
Finalmente, un consultor político y de comunicación habría recibido más de 100.000 dólares de Ternape por entrenamiento mediático y asesoría estratégica para la candidatura de Luisa González.
Orbe tenía orden de detención para la formulación de cargos pero se presentó voluntariamente ante las autoridades. Los otros nombres que se encuentran en informes, chats y documentos son parte de la instrucción fiscal que lleva adelante la Fiscalía.
El lunes 26 de octubre de 2026, Julio César Cueva, defensor de Aquiles Alvarez dijo que cree que el nombre de su cliente no ha alcanzado relevancia al momento en el caso porque, aparentemente, la Fiscalía querría darle relevancia al nombre de Luisa González.
