mar 27 oct 2026
En el expediente del Caso Laberinto hay hojas de cálculo y chats que evidencian posibles aportes y pagos imputados a la candidatura de Luisa González.
Exteriores de la cárcel de Riobamba, el 23 de octubre de 2026, donde se encuentra detenida, la excandidata presidencial, Luisa González.
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Los elementos recopilados en el Caso Laberinto y que investigan un presunto lavado de activos dan cuenta de que la campaña electoral de Luisa González habría sido beneficiaria directa de fondos desviados desde empresas petroleras, presuntamente ligadas al conglomerado familiar de Aquiles Álvarez.
La vinculación se sustenta en al menos tres elementos y decenas de indicios investigados por la fiscal de Administración Pública N° 4, María Belén Luna. Según los documentos recopilados hasta el momento en el expediente fiscal que ya tiene 10 cuerpos y más de 1.000 hojas, la candidatura presidencial en las Elecciones Presidenciales Anticipadas 2023 de Luisa González, habría sido financiada con recursos de la empresa Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A, de los hermanos Aquiles, Xavier y Antonio Álvarez.
La versión del testigo protegido en el Caso Goleada (exgerente financiero de hecho) y los peritajes a sus teléfonos celulares (iPhone 15 Pro y iPhone 11), Aquiles Álvarez habría fijado un presupuesto inicial de 300.000 dólares para cubrir rubros de camisetas, brigadistas y eventos de campaña.
Para evidenciarlo Cevallos entregó hojas de cálculo consolidadas y en los chats recuperados de su teléfono se registraron aportes y pagos imputados a la candidatura de Luisa González por un total de 725.933 dólares. Se habrían dividido en: "Campaña Luisa V1" por 447.933 dóalres (primera vuelta) y "Campaña Luisa V2" por 278.000 dólares (segunda vuelta).
Según el expediente fiscal, los 725.933 dólares serían parte de un monto global de 3.287.251 dólares asignada por el grupo Álvarez a contiendas electorales de 2023, en el que se habría incluido 2.561.318 dólares bajo el rubro "Campaña Alcaldía".
En los chats de mensajería de WhatsApp, Aquiles Álvarez habría emitido la disposición: "300.000 dólares máximo entre brigadistas y rubros de camisetas y huevadas... Eso paguemos en efectivo". En las conversaciones también hay mensajes individuales como uno del 5 de septiembre de 2023 y que es atribuido al alcalde guayaquileño con el texto: "Y los otros 100. Abono campaña Luisa".
Las referencias a la "Campaña de Luisa González" y al desvío de fondos de Ternape aparecen de forma reiterada en versiones. La del testigo protegido José Cevallos evidencia que habría existido una orden emitida por Aquiles Álvarez a finales de junio de 2023 para que Ternape financie los gastos de la campaña de Luisa González.
El presupuesto habría sido de 300.000 dólares en efectivo, se habla de aparente uso de proformas cambiadas de RUC y de la presunta entrega de cheques al portador. Eso se detalla en el cuerpo seis, fojas de la 574 a la 576 y también en el cuerpo nueve entre las páginas 866 y 867.
Las pericias efectuadas a los teléfonos del testigo protegido de la Fiscalía evidenciaron la existencia de al menos cuatro chats de mensajería instantánea creados para efectos de la campaña electoral de 2023.
La mención de la campaña de Luisa González también se encuentra en partes informativos e informes periciales y policiales de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO). En los documentos incorporados al expediente fiscal se reconstruye la matriz cronológica, la red de proveedores, el cambio de facturación y la correlación entre las órdenes de pago de Ternape y los eventos de la campaña de la candidatura presidencial, según consta en los cuerpos siete y nueve.
También se recoge en las auditorías del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) constan los informes del examen de cuentas y la liquidación electoral que registran la rendición de cuentas oficial de la candidatura y las resoluciones de sanción por infracción grave. Los datos se ubican en los cuerpos uno, cuatro y cinco del Caso Laberinto.
En la audiencia de formulación de cargos Diego Guarderas, defensor de la excandidata presidencial, señaló que la Fiscalía primero indicó que el dinero ilícito proviene de actividades hidrocarburíferas ilícitas y por otro lado, por actividades ilícitas realizadas por la Municipio de Guayaquil. En ese contexto afirmó que su defendida "no era responsable de los gastos de campaña y tampoco debía conocer a qué se dedican las supuestas empresas relacionadas con el alcalde de Guayaquil".
Dijo que no hay pericias que verifiquen las aseveraciones de Fiscalía porque el informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) es ejecutivo y no constituye elemento de convicción. Guarderas añadió que está prohibida la responsabilidad objetiva en el derecho penal.
La Fiscalía abrió un expediente para investigar una presunta red dedicada al lavado de activos y financiamiento ilícito relacionada con la campaña presidencial anticipada de Luisa González y Andrés Arauz (movimiento Revolución Ciudadana) en 2023. Las menciones de Aquiles Álvarez y otros es reiterativa en el expediente del Caso Laberinto pero el proceso se sigue para Luisa González, Wendy Onofre, Santiago Díaz y Estefanía Molina.
Luisa González fue detenida en Canuto (Manabí) la madrugada del jueves 22 de octubre de 2026. La audiencia de formulación de cargos por posible lavado de activos se cumplió en alrededor de 12 horas. De ellas, al menos nueve se utilizaron para la exposición de la Fiscalía con sus 49 elementos de convicción, las intervenciones de los abogados defensores, incidentes por intermitencia en la conexión y cerca de tres horas para la deliberación del juez que dirigió la audiencia.
El viernes por la noche Luisa González fue llevada desde el Cuartel Modelo de Guayaquil al aeropuerto de la ciudad en donde un avión llevó a la excandidata presidencial de la Revolución Ciudadana hasta el aeropuerto de Latacunga y vía terrestre hasta la cárcel de Riobamba, en Chimborazo.
