Caso Proinco: La Junta de Acreedores busca información y pago a los afectados por la Financiera

¿Qué es la Junta de Acreedores Caso Proinco?

Es una organización de hecho que se constituyó el 7 de julio de 2025. Según los documentos de constitución, el total de acreencias registradas por ese grupo es de 13,4 millones de dólares frente a una deuda global estimada en alrededor de 70 millones de dólares lo que les permitiría actuar como "voceros válidos ante el liquidador, la Superintendencia de Compañías e instituciones públicas y privadas".

La sentencia dispone entregar a los afectados al menos 11 documentos. La información será analizada por la Junta de Acreedores para seguir en el proceso de la defensa de sus derechos, señaló Galindo.

¿Qué documentos dispuso el juez que se entregue a la Junta de Acreedores?

Entre otras cosas: el balance inicial de liquidación, el inventario inicial, el informe de todas las gestiones realizadas respecto a las operaciones. Eso incluye los contratos que se encontraban en marcha y operativos, especialmente los que se encontraban suscritos con la Mutualista Pichincha.

También, la copia de los libros sociales de las empresas, copia de todos los contratos suscritos con terceros (laborales, asesorías, compra de bienes, etcétera), detalle pormenorizado de los cobros percibidos de la cartera y cuentas por cobrar que mantenían las empresas y que constan en el balance de 2014 entregado a la Superintendencia de Compañías, mismos que deben constar en el balance inicial de liquidación, el destino que se dio a estos cobros.

Además, el informe a detalle del manejo de las cuentas corrientes, ahorros e inversiones, la copia de los estados de liquidación presentados por los liquidadores, el detalle de los acuerdos suscritos con los acreedores, copia de los Informes trimestrales que los liquidadores presentaron obligatoriamente a la Superintendencia, órgano de control y vigilancia del proceso.

Finalmente, la copia de los balances anuales que los liquidadores presentaron desde 2015 hasta 2024 con la memoria sobre el desarrollo de la liquidación, copia de las actuaciones de todos los liquidadores, en especial y sin ser restrictivo, comunicaciones remitidas por la Superintendencia de Compañías a los liquidadores.

Además, los oficios con las disposiciones de la Superintendencia a los liquidadores, el detalle de los juicios iniciados para el cobro de las obligaciones que se adeudaba (cuentas por cobrar) a cada una de las empresas, los informes trimestrales y anuales que debieron recibir del fiduciario en calidad de beneficiarios de unos 14 fideicomisos mercantiles de las tres empresas.

¿Qué pasa si la Superintendencia no tiene la información?

El juez también dispuso a la Superintendencia de Compañías que, “en caso de no contar con la información", deberán informar a la Junta de Acreedores Caso Proinco y al accionista mayoritario de las empresas punto por punto e indicar el lugar en que se encuentra la misma o si no existe por algún motivo determinado.

Galindo informó que ese organismo entregó un 30% de la información dispuesta por el juez e indicó que el restante 70% debía ser entregado por el liquidador, quien habría renunciado en los últimos días. El total adeudado a los acreedores del Caso Proinco habría sido de 98 millones de dólares. El mismo monto que un peritaje estableció que existía en activos para cumplir con las obligaciones a los acreedores.

De esos 98 millones, el accionista mayoritario, mientras estuvo en la cárcel logró cumplir con 31 millones de dólares en daciones de pago. Trató de concretar una segunda dación, pero fue retirado de la representación por lo que aún falta por cancelar cerca de 70 millones de dólares, indicó Galindo.

En otra acción, la Junta de Acreedores logró una medida cautelar en contra de la venta de un predio de 55 hectáreas en el cantón Mejía. Según Galindo, se pretendía concretar la venta no autorizada de un predio de Maktradecorp en 4,7 millones de dólares. Sin embargo, cuando el fideicomiso que administra los activos de esa empresa recibió el bien su precio habría sido de más de 22 millones de dólares. También se frenó un pago de alrededor de 900.000 dólares por honorarios al fideicomiso que administra el bien.

El juez ordenó al fideicomiso y al registrador de la Propiedad de Mejía que se abstenga de realizar cualquier acto que afecte el lote de 55 hectáreas conocido como Surbayá porque no cuenta con autorización para la venta de parte de la Junta de Accionistas. Ese bien es el único que han identificado hasta el momento y que serviría para pagar a los afectados.

Galindo añadió que la Junta de Acreedores está pidiendo que la Superintendencia convoque a los accionistas para que se resuelva la entrega de los derechos y acciones de la propiedad de 55 hectáreas y con eso pagar a una parte de los afectados. La idea es lotizar el bien y dar a los perjudicados la alternativa de recibir un lote como pago, si es que ellos aceptan.

¿Qué es el Caso Proinco?

El Caso Proinco es un escándalo financiero y judicial que ocurrió en Ecuador motivado por la quiebra y liquidación forzosa de Sociedad Financiera Proinco S.A. Exdirectivos y empresas relacionadas como Maktradecorp, Mingacorp y Encaisser habrían captado de forma ilegal dinero del público. A cambio ofrecían altos intereses.

Según la investigación por presunta estafa efectuada por la Fiscalía en 2016, las tres compañías habrían recibido dinero del público a través de acuerdos de venta de derechos fiduciarios, acompañados de pagarés que respaldaban la inversión. A cambio pagaban dinero a plazos, señaló la Fiscalía en su momento. El principal accionista de Proinco habría recibido altas sumas de dinero a través de empresas que no estaban autorizadas. El principal accionista y varios directivos fueron sentenciados por el presunto delito de estafa.