La Fiscalía General del Estado intervino en la mañana del 30 de octubre las instalaciones de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y de la Alcaldía de Guayaquil. La diligencia, según difundió la institución, busca preservar indicios ante la eventual apertura de una investigación previa por el presunto delito de peculado.
En las imágenes compartidas en plataformas digitales de la Fiscalía se aprecia el acceso de agentes del orden y personal fiscal a las dependencias de la ATM y del Cabildo guayaquileño.
En otras gráficas se mira a los peritos dialogando con los trabajadores de ambas dependencias mientras ejecutan la recolección de evidencias como parte de las actuaciones legales.
Las posibles causas
Trascendió que las revisiones en el edificio municipal se extendieron por cerca de una hora, espacio en el cual los peritos inspeccionaron áreas como Talento Humano.
Con respecto a este procedimiento, el concejal Fabian Espín, afín a la alcaldesa subrogante Tatiana Coronel, confirmó el decomiso de al menos un equipo electrónico. De acuerdo con sus declaraciones, la causa del operativo respondería a señalamientos vertidos en plataformas digitales acerca de supuestos actos de tráfico de influencias y cohecho.
Pese a la intervención, la autoridad sostuvo que el Cabildo mantiene sus labores habituales, enfocadas principalmente en la asistencia ante eventualidades asociadas a las precipitaciones y al fenómeno de El Niño.
Cerca de las 10:20, la fiscal a cargo y los miembros de la Policía Nacional abandonaron las instalaciones municipales. La actuación judicial se desarrolló bajo reserva, mientras que el ingreso situado sobre la calle 10 de Agosto permaneció bajo la custodia de efectivos policiales y agentes de control metropolitano.
La Fiscalía General apunta al Alcalde
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, se encuentra recluido en el centro de rehabilitación social del Encuentro, ubicado en la provincia de Santa Elena. Su aprehensión ocurrió el 10 de febrero de 2026 en el marco del operativo Goleada, donde se indaga la presunta comisión de lavado de activos y delincuencia organizada.
Adicionalmente, posee un fallo judicial de primera instancia por la supuesta venta irregular de combustibles dentro del caso Triple A, sumado a una condena de tres años por desobedecer mandatos legítimos de la autoridad en el caso Grillete.
Durante la diligencia, se registraron las oficinas de la Agencia de Tránsito Municipal ubicada en Los Ceibos y el Departamento de Revisión Técnica Vehicular de la Terminal Terrestre; así como la Dirección de Recursos Humanos del municipio guayaquileño.