jueves 19 de noviembre de 2026
Capital

Las respuestas de Quito Honesto sobre los dos escándalos que sacuden al Municipio

El presidente de Quito Honesto, Rodrigo Cáceres, explica en entrevista qué papel jugó la entidad en dos casos que la Fiscalía investiga al Municipio.

En pocas palabras

  • Escándalos en Municipio: Se investigan cobros de "vacunas" y una presunta red de consorcios en la Epmmop.
  • Rol de Quito Honesto: La entidad explica su intervención y limitaciones en ambos casos de corrupción.
  • Denuncias y Fiscalía: Varios organismos han presentado denuncias, y la Fiscalía General lidera las indagaciones.
Resumen generado por Thinkindot AI

En menos de 48 horas, durante el mes de octubre de 2026, la administración del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se vio sacudida por la apertura de dos expedientes judiciales que involucran a empresas metropolitanas, asesores de confianza y el presunto uso de recursos públicos para fines proselitistas.

Quito Honesto es la entidad encargada de verificar los procesos contractuales del Municipio y alertar ante presuntos casos de corrupción, esa es su misión, pero ¿qué acción tomó en estos dos casos? Rodrigo Cáceres, presidente de la también llamada Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción explica en entrevista qué papel jugó la entidad.

El cobro de 'vacunas' y diezmos en la Empresa de Pasajeros

El 19 de octubre de 2026, Juan Esteban Guarderas y Pablo Sempértegui interpusieron una denuncia penal por presunta concusión y cohecho contra el alcalde Pabel Muñoz y directivos de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito.

El escrito describe la supuesta operación de un sistema de cobros forzosos, aplicado desde 2024, a servidores que ocupaban cargos de libre nombramiento y remoción o puestos de confianza. Los empleados, presuntamente, debían entregar aportaciones monetarias en efectivo durante los primeros cinco días de cada mes —con montos escalonados de entre 60 y 120 dólares mensuales, proporcionales al sueldo percibido— bajo amenazas de perder sus empleos si no aportaban.

A este mecanismo se habría sumado la venta obligatoria de boletos para una rifa interna, cuyos fondos se recolectaron en la cuenta bancaria de una servidora identificada en la denuncia.

Los denunciantes entregaron a la Fiscalía capturas de chats de WhatsApp con recordatorios de pago y un video grabado en oficinas de la coordinación de Gerencia durante la jornada laboral, donde se observa a un trabajador entregar 60 dólares en efectivo. La hipótesis fiscal indaga si estas recaudaciones clandestinas estaban dirigidas a financiar actividades proselitistas y eventos de campaña electoral para el movimiento oficialista, Revolución Ciudadana.

La presunta red de consorcios en la Epmmop ('Asfalto de Oro')

El 21 de octubre de 2026, la Fiscalía General del Estado y unidades de la Policía Nacional ejecutaron tres allanamientos simultáneos en las dependencias centrales del Municipio de Quito, las oficinas de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), un la sede de un consorcio en el cantón Rumiñahui y el despacho de un profesional del derecho. La indagación previa —bautizada preliminarmente como "Asfalto de Oro" por el concejal denunciante, Michael Aulestia— persigue el presunto delito de peculado.

La denuncia apunta a un esquema de concentración contractual donde un mismo grupo empresarial habría articulado múltiples consorcios integrados por personas naturales y jurídicas para acaparar adjudicaciones viales y provisión de asfalto. Según Aulestia, todo el entramado podría haber alcanzado los 65 millones de dólares, entre 2022 y 2026.

La pesquisa pone el foco sobre altos directivos de la Epmmop —como la exgerenta Claudia Patricia Otero (luego asesora de Alcaldía) y el actual gerente Jorge Campoverde—, además de señalar al ciudadano Sergio Ruiz como presunto operador político e intermediario de contratos dentro del Municipio sin figurar formalmente en nómina. Ante el Concejo Metropolitano, el gerente Campoverde alegó el 27 de octubre que la propia Epmmop había puesto en conocimiento del Sercop y de la Superintendencia de Competencia Económica la participación recurrente de estos grupos de oferentes.

La entrevista

¿Qué pasó con esta presunta red de consorcios? La Epmmop dice que envió un comunicado a Quito Honesto, pero ¿cuál fue la respuesta exacta de ustedes?

Le pongo antecedentes. En marzo de 2025, la Empresa Metropolitana de Obras Públicas detectó estas vinculaciones entre los oferentes. Hacen consorcios —el consorcio A, el consorcio B— y detectan que están creando estos consorcios para evitar cumplir el artículo 49 de la Ley Orgánica de Contratación Pública, que determina que si una empresa ya tiene adjudicado un proceso en la misma entidad y está en ejecución, no puede ser adjudicada nuevamente. La Epmmop hizo un análisis muy detallado donde veía que la misma maquinaria —las mismas volquetas, tractores y retroexcavadoras— aparecían en diferentes proyectos, y que los mismos profesionales, como un ingeniero que estaba como administrador, aparecía como residente o superintendente en otro proyecto, aparentemente de, contratistas distintos.

La Epmmop presentó tres denuncias al Sercop y no les dieron respuesta. Fueron a la Superintendencia de Competencia Económica y les dijeron que no era el mecanismo, que debía tener una estructura formal. Con esas dos inquietudes vinieron a consultarnos si con esos elementos podían dejar de adjudicar a uno de estos consorcios. Primero, Quito Honesto no tiene la competencia de absolver una consulta legal y les indicamos que no éramos competentes. Sin embargo, nos reunimos con el intendente de la Superintendencia, con la Epmmop y Quito Honesto para explicar el esquema. Estábamos preparando la denuncia reformulada cuando nos notificaron que el Sercop había presentado directamente las denuncias a la Superintendencia y esta avocó conocimiento e inició la investigación. Pedimos los resultados para aplicar medidas en el Municipio, pero nos dijeron que al haber sido presentada por el Sercop, no éramos parte procesal. La Epmmop entregó cerca de 15.000 fojas y hoy el tema está también en la Fiscalía para determinar si existieron prácticas colusorias.

Ya se adjudicaron y existió esa presunta red. ¿Por qué no emitieron una recomendación con tantas pruebas que les dio Epmmop?

Hay que diferenciar: una es la fase preparatoria antes de que se publiquen los procesos, y la denuncia que llegó el año pasado fue de contratos ya adjudicados que estaban en plena ejecución. No es que no se habían firmado; estaban firmados y ejecutándose.

¿Y antes no pudieron identificar algo de esto?

No se puede porque los problemas se dieron en la fase de contratación, en la fase precontractual; es decir, donde ya se reciben las ofertas y se identifican los vínculos. Esa es una debilidad que tiene la propia Ley de Contratación Pública, en su artículo 49. Por eso acudimos al organismo competente en contratación pública y a la Superintendencia de Competencia, quienes pueden dar lineamientos e incluso reformas a la ley para que las vinculaciones no sean solo como personas jurídicas, sino en grados de consanguinidad o afinidad.

Entonces, ¿haría falta que Quito Honesto tenga mayor injerencia para que después de los procesos precontractuales y contractuales pueda hacer también un análisis? ¿Qué capacidad o poder de control tienen?

Sí tenemos esa competencia, pero se realiza en otra fase. La que le comenté es una fase previa preventiva. Cuando ya se dan esos hechos nos activamos en la fase de investigación, cuando se determinan delitos de nuestra competencia: cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito o tráfico de influencias. Ahí emitimos informes a las entidades competentes, como la Contraloría para exámenes especiales.

La ley no nos da la facultad de decir a una entidad "usted no puede adjudicar a tal empresa", porque la ley tiene esa limitación. Por eso, acudimos al Sercop o a la Superintendencia para plantear mecanismos que eviten estas acciones a futuro, porque estas redes no son de ahora ni de esta administración, sino de varias administraciones atrás.

¿Qué pasa con el caso 'vacunas'? Este presunto cobro de aportaciones a funcionarios municipales, sería grave de llegar a comprobarse.

Nosotros no nos activamos solamente esperando que lleguen denuncias; monitoreamos noticias y redes. Tan pronto se hizo pública la denuncia en medios sobre las posibles vacunas en la Empresa de Pasajeros, nos activamos de oficio. Enviamos una comunicación a la persona denunciante de la fundación de Lucha Contra la Corrupción, pidiéndole que nos hiciera llegar los chats, cuentas y grabaciones que decía tener para iniciar la investigación interna. Sin embargo, al día siguiente la persona presentó la denuncia penal en la Fiscalía.

Al mismo tiempo, la Procuraduría Metropolitana y la propia Empresa de Pasajeros presentaron también denuncias penales. Es decir, la Fiscalía tiene tres denuncias por el mismo hecho y es ese organismo el que tiene la plena competencia de la indagación previa reservada. Nosotros aspiramos a que se determinen las responsabilidades. Es un caso grave si se comprueba, y las personas señaladas tendrán que responder ante los tribunales.

Eso significa que ustedes no han recibido una denuncia particular sobre ese tema directamente en su despacho...

Tuvimos posteriormente la denuncia de una persona que nos comentó que había trabajado y salido de la Empresa de Pasajeros. No mandó documentos de respaldo; era una declaración en la que dijo que también había pagado las vacunas que le habían pedido. Inmediatamente esa denuncia la trasladamos a la Fiscalía: 'Señor fiscal, esto se refiere al mismo hecho que están investigando, aquí hay otra persona, tómenla en cuenta'. No podíamos seguir investigando internamente porque interferiríamos en la investigación de la Fiscalía.

Claro, es que es difícil tener pruebas de respaldo si les cobraban en efectivo; por eso es complicado que presenten documentos.

Lo que nos mandó fue una declaración. Por eso mandamos los nombres al señor fiscal para que tome en cuenta esta denuncia que se refiere al mismo hecho que ya está en su conocimiento. Ese es el mecanismo adecuado que manda el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

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