La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) estableció nuevas reglas para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en Ecuador. La normativa, expedida mediante la Resolución UAFE-DG-2026-0017, será de cumplimiento obligatorio para los sujetos bajo su control.
Según informó la institución el 19 de noviembre en un comunicado oficial, las disposiciones buscan fortalecer los mecanismos de supervisión y detección de operaciones inusuales o sospechosas.
¿Cuáles son las nuevas obligaciones establecidas por la UAFE?
La normativa dispone que los sujetos obligados implementen programas de prevención adaptados a su actividad económica, tamaño y estructura.
Estos programas deberán incluir metodologías de administración de riesgos, matrices de evaluación y mecanismos de monitoreo de operaciones para identificar posibles transacciones inusuales o sospechosas.
Entre las principales obligaciones se encuentran:
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Elaborar y registrar el Manual de Prevención en el sistema SISLAFT.
Fortalecer los procesos de debida diligencia para identificar y verificar la información de clientes.
Verificar los datos de beneficiarios finales, empleados y proveedores.
Conservar documentos y reportes durante 10 años.
La resolución también contempla supervisiones presenciales y remotas para evaluar los mecanismos de control interno de los sujetos obligados.
La UAFE señaló que, durante estos procesos, podrá solicitar documentación y establecer planes de acción para corregir las deficiencias identificadas.
Además, la normativa determina medidas por incumplimientos de los oficiales de cumplimiento. Estas incluyen suspensiones de 30 a 60 días y la cancelación del registro por dos años, según las causales previstas en la resolución.
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¿Cuál es el plazo para actualizar la información ante la UAFE?
Los sujetos obligados deberán actualizar su información en un plazo improrrogable de 15 días, contado desde la publicación de la resolución en el Registro Oficial.
La UAFE precisó que la normativa entrará en vigencia a partir de esa publicación. Por lo tanto, el plazo de actualización no se cuenta desde la fecha del comunicado, emitido el 19 de noviembre, sino desde la publicación oficial de la resolución.
La institución señaló que estas disposiciones forman parte de las medidas para fortalecer la prevención y el control del lavado de activos en Ecuador.