vie 23 oct 2026
El operativo incluyó oficinas del Hospital General Docente de Ambato y dos domicilios; se incautaron USD 4.000 en efectivo.
Operativo en Hospital de Ambato.
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Fiscalía Ecuador.
Ambato fue escenario de un operativo de allanamiento en el Hospital General Docente y dos domicilios, como parte de una investigación por concusión relacionada con el supuesto cobro de dinero a cambio de puestos de trabajo. La intervención se ejecutó durante la madrugada del 23 de octubre de 2026, según informó el ministro del Interior, John Reimberg.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada a través del número 1800-DELITO. Según la información difundida por Reimberg, el gerente en funciones y la exdirectora del hospital, quien actualmente se desempeña como médica tratante, estarían implicados en el supuesto cobro de pagos indebidos para facilitar la contratación de personal.
Los valores mencionados en la denuncia oscilan entre 3.000 y 7.000 dólares. De acuerdo con la información oficial, esos pagos se habrían solicitado a cambio de otorgar puestos de trabajo sin cumplir el debido proceso de postulación.
La investigación apunta a posibles irregularidades en los procedimientos de contratación y en la gestión del talento humano del establecimiento de salud. Hasta el momento, la información difundida no establece responsabilidades penales individuales ni detalla si existen personas detenidas.
El operativo, denominado Código Blanco, incluyó tres inmuebles: las oficinas de Gerencia General y Talento Humano del Hospital General Docente de Ambato, además de dos domicilios vinculados con la investigación.
Durante las intervenciones, los agentes incautaron cuatro teléfonos celulares y tres computadoras portátiles, así como documentación relacionada con hojas de vida y procesos de Talento Humano. Entre los indicios recogidos también constan 4.000 dólares en efectivo.
La concusión está tipificada en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La norma sanciona a los servidores públicos que, abusando de su cargo o funciones, ordenen o exijan la entrega de pagos o beneficios económicos indebidos. Este delito contempla una pena de tres a cinco años de privación de libertad, que puede aumentar cuando la conducta se ejecuta mediante violencia o amenazas.
El operativo Código Blanco continúa en desarrollo, según el reporte del ministro del Interior.
