mié 14 oct 2026
Uno de los implicados en el allanamiento al Ministerio de Educación, fue procesado por tráfico de influencias el 14 de octubre. Se dictó prisión preventiva.
Ministerio de Educación es allanado. Se dicta prisión preventiva para uno de los acusados.
FOTO
Ministerio del Interior.
Roberto A, funcionario del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, recibió prisión preventiva tras la formulación de cargos por el delito de oferta de realizar tráfico de influencias en una investigación sobre presuntos cobros a cambio de plazas laborales en instituciones educativas públicas. El caso se conoce un día después de los allanamientos realizados en las oficinas del Ministerio.
La Fiscalía informó, mediante el boletín de prensa 1190-DC-2026, que formuló cargos contra Roberto Cristóbal A. implicado en el delito de oferta de realizar tráfico de influencias. El juez que conoció la causa aceptó el pedido de Fiscalía y ordenó la prisión preventiva como medida cautelar durante el proceso judicial.
La investigación está a cargo de la Fiscalía de Administración Pública y comenzó el 11 de mayo de 2026. Según los indicios recopilados por los investigadores, funcionarios públicos habrían ofrecido plazas laborales en instituciones educativas públicas a cambio de beneficios económicos.
El proceso se encuentra en etapa de instrucción fiscal, que tendrá un plazo de 90 días y se tramitará mediante procedimiento ordinario.
Las diligencias que antecedieron a la formulación de cargos se ejecutaron la tarde del 13 de octubre de 2026. La Fiscalía realizó tres allanamientos: uno en las oficinas del Ministerio de Educación, ubicadas en el sector de Iñaquito, y otros dos en domicilios de Chillogallo y San Juan, en Quito.
Durante el operativo se ejecutaron dos órdenes de detención con fines investigativos y una orden de detención para la formulación de cargos. Los agentes también recopilaron teléfonos celulares y documentación relacionada con el caso, que forma parte de los indicios examinados por los investigadores.
Entre los elementos presentados por el fiscal durante la audiencia constan informes de seguimiento y vigilancia, un informe de triangulación de llamadas telefónicas y un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). También se incluyeron el acta de levantamiento de indicios, hojas de vida y roles de pago.
El caso se relaciona con las denuncias sobre cobros a cambio de puestos de trabajo en instituciones educativas públicas. Los montos investigados oscilaban entre 1.500 y 5.000 dólares por puestos o nombramientos. También informó sobre la detención de tres funcionarios durante el operativo ejecutado en Quito.
La nueva actuación judicial confirma que uno de los investigados ya enfrenta una instrucción fiscal, mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
El artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica el delito de oferta de realizar tráfico de influencias. Según la información jurídica difundida por la Fiscalía, esta infracción se sanciona con una pena privativa de libertad de tres a cinco años. La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días. Durante ese período, la Fiscalía continuará con las diligencias y el análisis de los elementos recabados para sustentar el proceso.
