vie 30 oct 2026
Una pareja pagó USD 5.000 por un empleo en Cotopaxi. El Tribunal negó la reparación a los denunciantes al considerar que participó en un acto de corrupción.
Una servidora pública recibió USD 5.000 por ofrecer un cargo judicial en La Maná, provincia de Cotopaxi, y fue sentenciada a tres años de prisión.
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Ilustración referencial generada con IA
Una servidora pública en Cotopaxi recibió USD 5.000 por ofrecer un cargo judicial que nunca consiguió. Hipatia Salomé Q. E. fue sentenciada a tres años de prisión como autora del delito de oferta de realizar tráfico de influencias, informó la Fiscalía este 30 de octubre de 2026.
La pareja que entregó el dinero tampoco obtuvo una reparación integral. El Tribunal de Garantías Penales la negó al considerar que los denunciantes habían formado parte de un acto de corrupción.
La historia comenzó a finales de 2018, cuando los esposos conocieron a la ahora sentenciada durante una fiesta, por intermedio de un amigo.
En esa reunión le contaron que el esposo había sido trasladado a La Maná, donde se desempeñaría como jefe de agencia de una cooperativa de ahorro y crédito.
Según la investigación, Hipatia Salomé Q. E. les manifestó que trabajaba como parvularia en la Unidad Judicial Multicompetente de Salcedo y que tenía contactos con personas influyentes. Con ese argumento, ofreció gestionar un empleo para la esposa en la Unidad Judicial Multicompetente de La Maná, a cambio de dinero.
El cargo ofrecido era el de jefa de citaciones. La propuesta tenía un atractivo para los esposos: les permitiría estar juntos en el mismo cantón.
La pareja entregó USD 5.000 para las gestiones y quedó a la espera de que se habilitara una partida presupuestaria para el puesto.
Sin embargo, la servidora pública no cumplió con lo ofrecido ni devolvió el dinero, de acuerdo con la Fiscalía.
El 20 de octubre de 2020, los esposos presentaron una denuncia ante la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Cotopaxi. Esa entidad puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía, que inició la investigación.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó los testimonios de los perjudicados y un informe sobre los movimientos bancarios. También incorporó un análisis telefónico y otros elementos probatorios.
Entre los documentos constó una acción de personal del 26 de julio de 2017, mediante la cual se había otorgado a la procesada un nombramiento provisional como parvularia en la Unidad Judicial de Salcedo.
Tras valorar las pruebas, el Tribunal determinó su responsabilidad y dictó tres años de pena privativa de libertad.
Sobre la reparación, los jueces consideraron que los denunciantes también habían participado en el acto de corrupción y no dispusieron esa medida a su favor, según el boletín de la Fiscalía.
