mié 28 oct 2026
La Fiscalía presentó en abril el dictamen acusatorio en contra de 16 personas sospechosas de presunto cohecho en el Caso Alianza y pidió sean llamadas a juicio
Diligencia. En abril de 2026 la Fiscalía inició la presentación del dictamen acusatorio para 16 procesados en el Caso Alianza. (Foto: Fiscalía)
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Este miércoles 28 de octubre de 2026 continuó en el Complejo Judicial del norte de Quito la audiencia preparatoria de juicio por presunto cohecho en el Caso Alianza. La Fiscalía informó que en la diligencia los abogados retomaron sus intervenciones para referirse al dictamen acusatorio presentado en abril de 2026 en contra de los sospechosos.
La Fiscalía investigó a una presunta red de sobornos que habría operado en Petroecuador entre 2010 y 2021. Ese organismo apuntó a Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de la estatal durante el gobierno de Rafael Correa, como el presunto líder de la organización en el contexto de la preventa petrolera.
Durante la presentación del dictamen del Caso Alianza, en abril de 2026, la fiscal Ivonne Proaño expuso ante el juez del caso que, a cambio de dinero, los funcionarios investigados habrían entregado información privilegiada y reservada a intermediarias en los contratos vinculados a la compra y venta de petróleo crudo con petroleras como OTI, Unipec, PTT y Ancap.
En 2024 la Fiscalía informó que la empresa Gunvor S. A., una comercializadora internacional de productos básicos con sede en Suiza, se declaró culpable en Estados Unidos por violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. La firma pagó sobornos a funcionarios del gobierno ecuatoriano entre 2012 y 2020 para asegurar negocios con Petroecuador. Fue condenada a pagar una multa penal de 374.5 millones de dólares y la pérdida de 287.1 millones de dólares en ganancias obtenidas ilícitamente.
La condena se dio en el contexto de la causa en la que fue sentenciado en Estados Unidos Nilsen Arias, el exgerente de Comercio Internacional del correísmo.
Según el dictamen de la Fiscalía, los sobornos habrían sido dirigidos por los hermanos Enrique y Antonio Peré Icaza quienes, junto a Nilsen Arias, ya fueron investigados y procesados en Estados Unidos en 2020 por violación de la ley de prácticas corruptas en el extranjero y lavado de activos. En Ecuador, la formulación de cargos por supuesto cohecho se dio recién en 2022.
Fueron 16 los sospechosos del presunto delito de cohecho. Se trata de funcionarios de la estatal Petroecuador, de empresas intermediarias, cercanos de los hermanos Peré Icaza y la esposa del exgerente de Comercio Internacional. La Fiscalía solicitó el llamado a juicio para los 16 sospechosos, quienes este miércoles 28 de octubre siguieron con sus argumentos relacionados con el dictamen acusatorio.
Diego Guarderas, abogado de uno de los investigados, señaló que la Fiscalía intentó vincular a su defendido mediante un organigrama de una plantilla de Microsoft Office con nombres de ejemplo. Cuestionó que no se verificó el origen del documento, que salió de Internet y que, según la fiscal, sería la estructura criminal.
Guarderas insistió en que nunca se demostró un acto funcional de su defendido condicionado a un pago, “ni un solo centavo recibido a cambio de su trabajo”.
La audiencia se suspendió y se retomará el próximo 14 de noviembre de 2026 para concluir la intervención de una de las defensas. En este caso, 13 procesados fueron acusados como autores directos del supuesto delito de cohecho y tres sospechosos fueron señalados como posibles cómplices.
Si el juez llama a juicio a los encausados, la Fiscalía anunció la presentación de 122 testigos y 164 pruebas documentales. No existe un monto determinado del presunto cohecho, pero la estimación del perjuicio por los aparentes beneficios irregulares sería de 22 millones de dólares.
